Una vieja confrontación familiar terminó en el Consejo de Estado y produjo una decisión de alto impacto político en Villa de Leyva. Carlos Eduardo Bermúdez Ruget demandó a su hijo, Juan David Bermúdez Vergara, concejal elegido para el periodo 2024-2027, y consiguió que la alta corte decretara su pérdida de investidura. En el expediente quedaron expuestas acusaciones de maltrato, amenazas, disputas por propiedades y empresas familiares y versiones enfrentadas sobre una supuesta reconciliación en plena campaña electoral.
Un padre llevó a su propio hijo ante la justicia electoral y consiguió que perdiera su curul.
Detrás de la decisión del Consejo de Estado que acaba de sacar del Concejo de Villa de Leyva a Juan David Bermúdez Vergara hay mucho más que una discusión jurídica sobre inhabilidades. El expediente revela una larga y áspera confrontación familiar marcada por acusaciones de maltrato, amenazas, disputas patrimoniales, problemas alrededor de una empresa y una relación entre padre e hijo que, según las versiones consignadas en el proceso, llevaba años fracturada. El desenlace llegó el 27 de agosto de 2026.
Ese día, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó la sentencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá había negado inicialmente la pérdida de investidura y, en su lugar, ordenó sacar del cargo a Juan David Bermúdez Vergara, elegido concejal de Villa de Leyva para el periodo 2024-2027. La demanda había sido presentada por su padre, Carlos Eduardo Bermúdez Ruget.
La razón jurídica fue concreta: Bermúdez Ruget era representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, entidad encargada de prestar un servicio público domiciliario en Villa de Leyva, y ejercía esa condición durante el año anterior a las elecciones del 29 de octubre de 2023 en las que resultó elegido su hijo.
Pero detrás de esa circunstancia legal apareció una historia familiar mucho más compleja.
“Mi padre quería dañarme la vida política”
Durante el proceso, Juan David Bermúdez sostuvo que desde 2017 prácticamente no mantenía relación con su padre.
Según su versión, había sido víctima durante años de maltratos físicos y psicológicos y la confrontación había llegado a tal extremo que acusó a su progenitor de haberlo amenazado e incluso de intentar atentar contra su vida con un arma de fuego.
Esas son afirmaciones formuladas por el concejal dentro del proceso y recogidas en la sentencia; no corresponden a hechos que el Consejo de Estado estuviera llamado a juzgar o declarar probados.
Bermúdez Vergara aseguró además que desconocía que su padre fuera representante legal del Acueducto Mosocallo y sostuvo que solamente se enteró de esa condición en 2024, cuando presentó una reclamación relacionada con el servicio de agua. Su versión fue todavía más lejos.
Según manifestó, su padre conocía las normas sobre inhabilidades porque había sido candidato a la Alcaldía de Villa de Leyva y se habría vinculado al acueducto con el propósito de perjudicar sus aspiraciones políticas.
En otras palabras, el concejal planteó ante los jueces que la demanda no era simplemente una acción para defender el régimen de inhabilidades, sino otro capítulo de una vieja venganza familiar.
En el expediente también apareció Avícola Bermúdez, empresa constituida por Juan David y sus hermanos.
El concejal relató que su padre había sido representante legal de esa compañía hasta 2018 y que posteriormente los hijos decidieron retirarlo de esa posición debido, según su versión, a malos manejos.
A partir de ese momento, aseguró, se profundizó la confrontación.
También mencionó disputas relacionadas con un predio denominado La Ramada y sostuvo que los problemas económicos y patrimoniales entre los miembros de la familia terminaron agravando una relación que ya venía deteriorada.
El padre, sin embargo, presentó ante el proceso una versión que chocaba con la de su hijo.
Uno de los puntos centrales de la defensa de Juan David Bermúdez consistía en demostrar que no podía conocer las actividades de su padre porque prácticamente no tenía contacto con él desde 2017.
Pero Carlos Eduardo Bermúdez aportó fotografías y publicaciones en redes sociales que mostraban encuentros durante la campaña electoral de 2023.
Según el padre, esas imágenes demostraban que no existía el distanciamiento absoluto alegado por su hijo y que incluso había participado apoyándolo políticamente.
La defensa respondió que aquellos acercamientos se produjeron apenas en la etapa final de la campaña y que el padre había expresado, a través de terceros, su intención de reconciliarse.
El propio concejal llegó a plantear ante los magistrados que aceptó ese acercamiento sin imaginar que, según su interpretación, podía estar siendo utilizado posteriormente para reunir elementos destinados a demandarlo.
El Consejo de Estado no entró a resolver quién tenía la razón en la pelea familiar.
Pero sí encontró relevantes algunas de esas evidencias para determinar algo distinto: que la vinculación de Carlos Eduardo Bermúdez con el Acueducto Mosocallo era pública y que el argumento del desconocimiento presentado por el concejal no resultaba suficiente.
La corporación fue enfática además en señalar que para resolver la pérdida de investidura no importaba establecer si el padre realmente ayudó electoralmente a su hijo ni si ese apoyo le significó votos.
El problema era otro: determinar si Juan David Bermúdez podía aspirar y ser elegido concejal teniendo a su padre como representante legal de una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en el mismo municipio.
En marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá había negado la demanda. Aunque encontró acreditados varios elementos de la inhabilidad, consideró que no estaba suficientemente probado el componente subjetivo de la conducta, es decir, que el concejal hubiera actuado con el grado de culpabilidad necesario para imponer una sanción tan severa como la pérdida de investidura.
El padre apeló. Y el Consejo de Estado llegó a una conclusión diferente. Después de revisar integralmente las pruebas, determinó que la inhabilidad sí estaba configurada y que Juan David Bermúdez había actuado con culpa grave.
La Sala concluyó que estaba probado que su padre era representante legal de una entidad encargada de prestar servicios públicos domiciliarios en Villa de Leyva y que esa circunstancia existió durante el periodo en el cual la ley prohibía que su hijo fuera elegido concejal. Por esa razón, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
El fallo fue categórico: “Decretar la pérdida de investidura del señor Juan David Bermúdez Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva para el período 2024-2027”, dispuso el Consejo de Estado.
Así terminó judicialmente una historia en la que resulta difícil separar por completo la política de los conflictos familiares.
Y finalmente fue el Consejo de Estado el que puso punto final a la discusión sobre la curul: el hijo no podía seguir siendo concejal de Villa de Leyva.
