Es innegable la frustración histórica que vive el campesinado colombiano.
La burocracia, la lentitud en la formalización de la propiedad y la desatención a los pequeños propietarios en Boyacá y el país son deudas históricas imposibles de ignorar.
El diagnóstico de inoperancia que hoy se señala en la opinión pública no es nuevo: es el reflejo de administraciones pasadas que priorizaron la centralización desde Bogotá por encima de las necesidades reales del territorio.
Sin embargo, para corregir el rumbo hay que ser justos con los momentos. Señalar las fallas de un sistema heredado no puede convertirse en un juicio apresurado hacia quienes apenas asumen el reto de ordenarlo.
El inicio de la gestión de Lina María Garrido al frente de la Agencia Nacional de Tierras representa, precisamente, la oportunidad de ejecutar las reformas estructurales que el campo ha esperado por años.
Los verdaderos cambios no ocurren de la noche a la mañana. Un proceso de empalme requiere rigor, evaluación de lo recibido y una reestructuración de fondo.
Lo que nos da tranquilidad y fe en este nuevo comienzo es ver que Lina no solo llega con una trayectoria de liderazgo y conocimiento del territorio, sino que además se está rodeando de un equipo interdisciplinario de los mejores profesionales, abogados y técnicos capacitados para asumir este desafío con transparencia, técnica y vocación de servicio.
El cambio en la política agraria requiere capacidad, voluntad política y tiempo para desmantelar viejos vicios institucionales.
Es momento de mantener una veeduría responsable, pero también de dar un voto de confianza a una dirección que inicia rodeada del mejor talento humano, lista para devolverle la dignidad, la certeza jurídica y la justicia social a nuestros campesinos.
