El campesinado colombiano vive hoy una amarga realidad, ya que la Agencia Nacional de Tierras, cuya misión debería ser garantizar el acceso y la formalización de la tierra, se ha convertido en un símbolo de inoperancia, burocracia y abandono institucional, más ahora, que dejará de operar en nuestro amado Departamento de Boyacá.
Las promesas de avance quedaron rezagadas en un laberinto de trámites eternos y resultados inexistentes, que condenan a miles de familias a la incertidumbre y la informalidad.
Las solicitudes de formalización, adjudicación y reconocimiento de predios, sobre todo de minifundios menores a 10 hectáreas, que conforman la gran mayoría del territorio campesino, languidecen entre papeles y expedientes que nunca terminan de resolverse.
Mientras en las capitales las solicitudes apenas son admitidas, en municipios y regiones con convenios para facilitar estos procesos, la Agencia Nacional de Tierras se diluye en una lenta burocracia que reproduce la agonía del campo.
Es inadmisible que un organismo estatal, creado para empoderar a quienes han sostenido históricamente la producción agropecuaria, demore años, sino es que década para reconocer derechos básicos que deberían ser un derecho fundamental. La gestión es, en el mejor de los casos, un espejo de negligencia y falta de voluntad política, y en el peor, una máquina que genera falsas esperanzas y desconfianza.
La formalización de predios no puede ser un trámite engorroso reservado para gigantes agroindustriales. Los pequeños campesinos, aquellos cuyas tierras han sido posesión ancestral, merecen un mecanismo ágil, eficaz y sensible a su realidad territorial. No se trata solo de técnica jurídica, sino de justicia social.
Si la Agencia Nacional de Tierras continua con este modelo centralizado, burocrático y desconectado, condenará al campesinado a la precariedad y la invisibilidad legal.
Además, resulta urgente implementar normativas modernas que diferencien el tratamiento de predios pequeños y grandes, facilitando la transición hacia un desarrollo agroindustrial sostenible sin sacrificar a los guardianes tradicionales de la tierra. La explotación responsable de recursos naturales, como bosques y materiales, debe contar con autorizaciones claras pero flexibles, que permitan avanzar sin abusos ni trabas infundadas.
La verdadera reforma requiere desmontar la pesada estructura burocrática, aprovechar la experticia de técnicos, abogados y actores locales, incluso de estudiantes y profesionales emergentes, para crear un equipo interdisciplinario comprometido con una gestión transparente, cercana y efectiva. La centralización desde Bogotá es un error estratégico, pues solo con presencia territorial y decisiones descentralizadas podrá la agencia cumplir su rol.
Se necesita una entidad que no funcione como un mausoleo institucional, sino como un motor de justicia social y desarrollo rural. El campesino colombiano debe ver reflejado en la formalización de su tierra la dignidad de su trabajo, la posibilidad de inversión y progreso, y la certeza de un título legal firme que rompa con años de incertidumbre e informalidad.
Exigimos una Agencia Nacional de Tierras renovada, coherente con las exigencias contemporáneas, donde la política agraria no sea apenas un discurso vacío sino una realidad palpable que transforme vidas y territorios.
Cordialmente.
Eduardo Pacheco Medina.
