Son 34 las universidades públicas colombianas y 55 las privadas. Las públicas tienen alrededor de 1.5 millones de estudiantes el 90% en pregrado y el 10% en posgrado y las privadas 1.1 millón, con distribución similar a las públicas. El gobierno popular orientó sus mejores esfuerzos hacia las universidades públicas, sin que las privadas fueran maltratadas o perdieran beneficios indirectos de acceso a créditos de matrícula con recursos públicos, alivios y fondos de Icetex. El futuro anuncia un cambio de fondo con una lógica de más mercado y menos derecho. Más privada y menos pública.
Los avances son insuperables y exigen continuidad para seguir en la ruta de la civilización y evitar una recaída en la barbarie. La educación como derecho queda posicionada. Se consolidó la gratuidad, se cambió el modelo de financiación con aumento de recursos, regiones excluidas recibieron atención y apertura de nuevas sedes, se creó la universidad intercultural indígena, se sumaron 350.000 nuevos estudiantes, la cobertura nacional pasó del 55% al 60%, se condonaron deudas a 8.000 egresados, el aumento de salarios fue significativo, inició la formalización de docentes y funcionarios, hubo espacios de diálogo directo con asociaciones y sindicatos de docentes, trabajadores y estudiantes, las universidades se convirtieron en legatarias del informe de la comisión de la verdad y apoyo a la JEP.
El gobierno que asoma anuncia una agenda contraria a derechos, con muy alto riesgo de retroceso en los contenidos materiales y simbólicos del derecho a la educación. Se proclama la primacía de la seguridad (ya derrotada y con cientos de víctimas universitarias), el regreso a valores tradicionales y religiosos, ataque sistemático al pensamiento crítico y austeridad estatal (menos recursos) anticipando una fuerte tensión en la relación Estado-universidades públicas. El primer impacto sería presupuestal según reglas de disciplina fiscal, reducción del tamaño del Estado y reasignación de mayor presupuesto para seguridad y defensa, que las afectaría por cuanto las públicas sobreviven con las transferencias estatales establecidas por la Ley 30 de 1992. El mayor apoyo iría a la iniciativa privada y para los estudiantes el Icetex sería otra vez un banco comercial, al tiempo que se entregarían recursos por demanda en beneficio privado (tipo ser pilo paga) y bolsas concursables para instituciones.
En segundo lugar, está la amenaza de redefinición del concepto mismo de la educación pública debilitándola en su misión de formación integral con el interés centrado en el estudiante y el docente como intelectual (que sería más un funcionario operativo y trasmisor). Lo previsto indica ampliación de la flexibilidad de acceso a modalidades virtuales reduciendo el contacto directo y solidario de estudiantes y docentes con la sociedad y desvirtuando la formación basada en el ejercicio del pensamiento crítico y socio humanístico e insistiendo en que el primer compromiso es responder a los indicadores y demandas del mercado laboral y las exigencias de los inversionistas privados.
Un tercer aspecto es el contenido de la política educativa, que trae incertidumbre con una ministra sin antecedentes educativos y percibida socialmente como fanático-religiosa que anticipa un retroceso en derechos y libertades, por su militancia de ultraderecha y su rechazo y condena a la educación sexual, diversidad, diferencia, enfoques de género, paz. Un anunciado retorno a valores tradicionales y de su comunidad eclesial, familia, misoginia, homofobia, racismo, autoridad y formación moral, y todo encajaría en la “lucha contra la izquierda internacional” de Trump, para promover vetos, socavar las competencias jurídicas y estructura del Ministerio, la autonomía protegida por la Constitución y afectar libertades de catedra y sus complementos de expresión, conciencia, asociación, reunión.
El cuarto aspecto se concreta en el discurso de autoridad, fuerza, militarización, orden público y seguridad, que convocan a reprimir con dureza el derecho a la protesta universitaria, debilitar cierto tipo de investigación y anular la extensión solidaria. Los campos de formación, investigación y extensión en artes, humanidades, ciencias sociales, historia, filosofía y temas como memoria, paz, genero, conflicto, educación, derechos, perderían espacio frente innovación tecnológica, inteligencia artificial, productividad, seguridad y negocios, que tendrían un entorno de respaldo institucional más favorable. La internacionalización según los agresivos y desmedidos anuncios contra determinados organismos y países de amplio intercambio como Cuba, Brasil, Mexico, España, China, ponen en alerta a los programas de cooperación científica, movilidad académica e investigación conjunta.
La universidad pública es una institución insustituible del Estado de Derecho y bajo esa condición podrá reafirmar y defender su autonomía (y su correlato de soberanía nacional) como condición indispensable para seguir siendo un referente ético y legitimo en la que la sociedad pueda confiar por su capacidad para integrar la inteligencia y lograr que el debate racional impere sobre la manipulación emocional. Su autonomía será el escudo para investigar, enseñar, debatir, controvertir, definir sus autoridades sin interferencias de factores externos de poder que pretendan someterla. Es en tiempos de convulsión donde su grandeza cobra sentido, crea e imagina antifascismos y democracias. Los gobiernos cambian, pero las universidades permanecen y avanzan porque tienen historia, memoria y conquistas alcanzadas con sus luchas. La respuesta al futuro próximo no será alinearse al poder a cambio de beneficios o privilegios, sino producir conocimiento crítico y riguroso, defender derechos, garantizar el pluralismo de ideas y contribuir, desde la investigación, la extensión y la formación a construir ciudadanía, paz, respeto por la vida y la dignidad y promover soluciones a los problemas nacionales. Y evocar a Unamuno en su sentencia de que la fuerza vence, pero no convence, aunque los gestos, amenazas y gritos tiendan a crear caos y empujar hacia posturas fascistas y de fuerza bruta.
