María Paula Jiménez respondió a los cuestionamientos formulados por la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, quien puso en conocimiento de los organismos de control presuntas irregularidades en la administración del SECOP II. La mandataria aseguró que los cambios son legales y obedecen a sus funciones como ordenadora del gasto.
Los cambios realizados en la administración de la plataforma transaccional de contratación pública SECOP II, por solicitud de la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, desataron una controversia al interior de la Administración municipal y llegaron hasta los organismos de control, luego de las denuncias presentadas por la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán.
El SECOP II es la plataforma oficial del Estado colombiano para la gestión de la contratación pública, en la que las entidades estatales y los proveedores desarrollan de manera electrónica todas las etapas de los procesos contractuales, desde la planeación hasta la liquidación de los contratos.
Mediante un oficio dirigido a Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría General de la Nación y otros organismos de control, Acevedo Galán solicitó verificar la legalidad de varios cambios realizados en la administración de la plataforma.
Según la funcionaria, desde el 6 de julio fueron modificados usuarios, flujos de aprobación y parámetros de configuración del sistema, sin que la Unidad Especial de Contratación Estatal hubiera sido informada previamente.
Asimismo, dejó constancia de que esa dependencia no puede asumir responsabilidad por la información, los procesos contractuales o las compras que se adelanten a través del SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, al considerar que dichas actuaciones se estarían realizando desde otros usuarios, entre ellos el asignado a la alcaldesa encargada, sin intervención de la oficina a su cargo.
Consultada por EL DIARIO, María Paula Jiménez confirmó que los cambios sí fueron realizados y aseguró que obedecen al ejercicio de sus competencias legales como ordenadora del gasto del municipio.
Explicó que, precisamente por esa condición, debe contar con las autorizaciones necesarias dentro de la plataforma y afirmó que el procedimiento fue solicitado formalmente y se adelantó conforme a la normatividad vigente.
Jiménez sostuvo que las modificaciones no se hicieron de manera irregular ni reservada, sino con el propósito de asumir directamente la responsabilidad sobre los procesos de contratación, funciones que, según indicó, durante la administración del exalcalde Mikhail Krasnov habían sido delegadas en la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal.
La mandataria agregó que había detectado restricciones para acceder a la plataforma desde su usuario institucional, razón por la cual solicitó la actualización de los permisos y perfiles correspondientes.
Agregó que toda la información registrada en el SECOP II es pública y puede ser consultada en tiempo real por cualquier ciudadano, lo que, a su juicio, constituye una garantía de transparencia.
La Alcaldesa encargada también respondió a las críticas surgidas por la apertura del proceso contractual para la organización del 71.º Aguinaldo Boyacense 2026, cuyo presupuesto oficial asciende a 10.000 millones de pesos.
Algunos sectores críticos de la administración, entre ellos la propia directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, consideran inconveniente que, a pocos días de concluir el actual gobierno y cuando Tunja elegirá nuevo alcalde o alcaldesa el próximo 26 de julio, se haya iniciado el proceso de contratación del principal evento cultural de la ciudad.
De acuerdo con el cronograma publicado en el SECOP II, las propuestas se recibirán hasta el 22 de julio, la suscripción del contrato está prevista para el 23 de julio y la ejecución comenzaría el 24 de julio, dos días antes de las elecciones atípicas.
Frente a esos cuestionamientos, Jiménez explicó a EL DIARIO que la administración dejó estructurado el proceso con los estudios previos, las especificaciones técnicas y las condiciones contractuales necesarias para garantizar que el Aguinaldo Boyacense pueda realizarse oportunamente.
Precisó que el contrato contempla la organización integral del evento, incluida la vinculación de artistas locales, nacionales e internacionales, así como toda la logística requerida para su desarrollo.
No obstante, aclaró que el acta de inicio no será suscrita por la actual administración, sino por el alcalde o alcaldesa que resulte elegido el próximo 26 de julio, quien además ejercerá la supervisión del contrato a través de la Secretaría de Cultura.
La mandataria sostuvo que la decisión de iniciar desde ahora el proceso busca evitar los retrasos que, según afirmó, se presentaron en años anteriores cuando la contratación comenzó demasiado cerca de la realización del evento.
«El objetivo es dejar adelantado un proceso que permita garantizar la realización del Aguinaldo Boyacense dentro de los tiempos requeridos, sin comprometer las decisiones que deberá adoptar el nuevo alcalde o alcaldesa», concluyó.
Las alertas de la Directora de Contratación
La directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de la Alcaldía Mayor de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán, puso en conocimiento de Colombia Compra Eficiente, la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno Disciplinario, la Oficina de Control Interno de Gestión y la alcaldesa encargada, María Paula Jiménez Gómez, una serie de situaciones que, según afirmó, afectan la administración de la plataforma SECOP II.
Mediante un oficio fechado el 17 de julio de 2026, la funcionaria informó que detectó cambios en la administración del usuario comprador de la Alcaldía de Tunja dentro de la plataforma transaccional utilizada para gestionar los procesos de contratación pública.
Según Acevedo Galán, esas modificaciones no fueron realizadas por la Unidad Especial de Contratación Estatal ni fueron notificadas a esa dependencia o a los funcionarios responsables de la administración del sistema.
En el documento señala que la huella digital de la plataforma evidencia que algunos cambios fueron efectuados desde el usuario asignado a la alcaldesa encargada y otros desde un nuevo usuario identificado como «Alcaldía Mayor de Tunja», del cual, según afirma, no existía registro dentro de los usuarios autorizados para administrar la plataforma. Añade que ese usuario no hacía parte del registro interno de usuarios habilitados para el manejo, acceso y modificación de la información del sistema.
La Directora indicó que, desde el 6 de julio, se modificaron datos de la entidad estatal, usuarios administradores, usuarios editores de equipo, flujos de aprobación, equipos de creación de procesos de contratación directa y otras configuraciones relacionadas con el funcionamiento del SECOP II.
A juicio de la funcionaria, esas actuaciones alteran la forma en que históricamente se venía administrando la plataforma y se realizaron sin informar a la dependencia que, según el Manual de Contratación del municipio, tiene asignadas funciones de orientación, asesoría, publicación, seguimiento y administración de los procesos contractuales.
Acevedo Galán recordó que el Manual de Contratación y la estructura administrativa del municipio asignan a la Unidad Especial de Contratación Estatal la administración de los documentos del proceso contractual, la publicación de la información y el seguimiento a los procedimientos desarrollados mediante el SECOP II.
En su comunicación, la directora hizo un recuento de cómo ha sido la administración del SECOP II desde el inicio del actual gobierno y afirmó que durante el empalme no fue entregado el usuario principal de la plataforma, por lo que posteriormente se realizaron designaciones de funcionarios y contratistas para administrarla bajo la supervisión de la Unidad Especial de Contratación Estatal.
Sin embargo, sostuvo que los cambios recientes fueron realizados sin participación de esa dependencia.
Por esa razón dejó constancia expresa de que la Unidad Especial de Contratación Estatal no puede asumir responsabilidad sobre la información, publicaciones o procesos contractuales que sean adelantados mediante esos nuevos accesos. Igualmente, manifestó que no puede certificar, hacer seguimiento ni responder por la información publicada en el SECOP II mientras permanezcan esas modificaciones.
La funcionaria también informó que, según la trazabilidad del sistema, las compras efectuadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se estarían realizando desde el usuario asignado a la alcaldesa encargada, sin intervención de la Unidad Especial de Contratación Estatal, por lo que esa dependencia queda relevada de cualquier responsabilidad relacionada con dichas actuaciones.
Finalmente, Acevedo Galán pidió a los organismos de control verificar la legalidad de las modificaciones efectuadas en el SECOP II y establecer las responsabilidades que puedan derivarse de la administración de la plataforma de contratación pública del municipio.
