Factura social y deterioro de la vida con dignidad

Imagen creada con IA
Por | Manuel Humberto Restrepo Domínguez

La elevada factura social la está pagando la nación entera: El 80% de la población avanza en la precariedad y el 1% atesora más riqueza y concentra más poder: Sin embargo, hay serios indicios de que ha comenzado a desmoronarse el entramado fascista. Trump derrotado en elecciones de congreso, Nethanyau mermado en su poder, Peña destituido en Paraguay, Bukele en desespero invadiendo a Haití y sin salida para miles de presos, Bolsonaro huyendo luego de perder en Brasil y Perú igual que Colombia ganadores apenas por pocos miles de votos (menos del 1%) cantan victoria legal, pero sin asidero legítimo, que por demás demuestran irrespetando la Constitución, a la oposición, los derechos humanos, la pluralidad y las leyes y costumbres de la guerra, la diplomacia y la decencia humana.

     Esa ilegitimidad en Colombia tiene como soporte material el acostumbrado balance de 100 días en el poder, cuyas cifras lo condenan respecto a lo anunciado con ferocidad y replicado por bots y canales oficiales del periodismo sin ética, objetividad y responsabilidad, que oculta y desinforma. La desconfianza al presidente se refleja en una aceptación inferior al 50%, y una movilización creciente en las calles, que se apresta este 19 de noviembre a realizar su primer paro nacional contra el mal gobierno, contra nuevos impuestos, por dignidad, derechos y respeto por la vida humana.

      Lo prometido no llegó. La inflación crece y va en 6,30 %; el costo de vida está al alza y presiona los hogares. La tasa de interés de 12,25 % desestimula la inversión local. El desempleo supera el 8 %, la informalidad alcanza el 54 %. Los exportadores se sienten perjudicados (Asoexport calcula pérdidas de $1,8 billones para estos sectores). Las importaciones amenazan la empresa local y es notoria la pérdida de soberanía alimentaria. El turismo cayó a mínimos, los restaurantes tambalean para sostenerse, el transporte esta impagable. El déficit comercial de bienes se aproxima a US$20.000 millones y la deuda externa alcanza US$254.000 millones, equivalente al 50 % del PIB y otra vez el pago de la deuda por encima de los recursos para satisfacer derechos deteriora el bienestar, mientras el beneficio de nuevos empréstitos es incierto y no se sabe para qué, ni para quién.

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       La política tributaria con la llamada “ley de rescate fiscal” no deja nada claro sobre qué es lo que hay que rescatar, pero traslada nuevas cargas a consumidores y a sectores de ingresos medios, mientras propone incentivos para capitales y grandes empresas, al tiempo que debilita derechos y compensaciones para poblaciones vulnerables. El pago del costo del ajuste lo harán la clase media y los sectores populares y los beneficios serán para grandes inversionistas, banqueros y potentados. Es una estrategia de castigo indolente y cruel para el 80% de la población en favor del 1% de élites.

     La seguridad prometida es un enorme retroceso para la convivencia. Se nutre de haber convertido a la paz en enemiga principal, destruyó sus mecanismos y atacó sus avances para retornar a una guerra inútil que toda la sociedad empezó perdiendo con sangre y soberanía de su riqueza. El balance es negativo, infame y preocupante. 45 líderes sociales asesinados, 26 masacres, 339 hechos catalogados como terrorismo, 43 integrantes de la fuerza pública asesinados, 219 heridos, 8 bombardeos, 6 denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales, niños muertos, 17.220 capturados en agosto y 16.268 en septiembre, menos del promedio anterior de 18.670. Las incautaciones de cocaína, base de coca y marihuana bajaron un 54,5 % en septiembre frente al promedio enero-julio (Indepaz 2026).

      Lo más destacado en seguridad ha sido la propaganda caricaturesca y ególatra del gobernante disfrazado de militar, pistola al cinto y teatrales actuaciones en megaoperativos sin eficiencia, eficacia, ni sentido de realidad respecto al control territorial o la protección de las comunidades. El irrespeto a cadáveres, la degradación a presos amarrados y el juego a la guerra con muertos de verdad, genera posibles infracciones graves del DIH en razón a que ninguna estrategia de seguridad autoriza desconocer los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y protección de la población civil. Tampoco se ha explicado cuánto cuesta diariamente la intensificación de la guerra.

      En la administración pública, el balance muestra debilidad, indelicadeza y cinismo. Han ocurrido 23 salidas o relevos y cuatro nombramientos frustrados, 14 denunciados por títulos falsos y dentro de 307 nombramientos una importante presencia de vinculados a la campaña presidencial, a estructuras políticas tradicionales, a clanes, socios directos, familiares y personas subjudice (La sillavacia). Y el fondo milagro asociado a donaciones y contratación, la primera dama, se ha negado a dar información, permitir auditorías, responder tutelas, identificar aportantes y publicar gastos salvo los que se filtraron con una nómina superior a 700 millones mensuales y sueldos de 40 millones. Se agrega la censura y control de los medios públicos, RTVC y 22 emisoras comunitarias para la paz, amenazas a las universidades públicas, víctimas, negación de responsabilidades de criminales condenados, ataques a categorías ligadas a conquistas sociales como niñas, campesinos, memoria histórica, ataques verbales y falsa propaganda contra periodistas y contradictores, censura, presión sobre instituciones culturales, controversias sobre la laicidad, la autonomía judicial, debilitamiento presupuestal de la JEP, amenazas y ataques a firmantes de paz, concentración del poder, estigmatización de la oposición, entre otros que resultan totalmente incompatibles con una democracia pluralista y que reflejan en cambio un auténtico programa fascista alineado militar y diplomáticamente con Estados Unidos e Israel.

      El balance de guerra en crecimiento, derechos en retroceso, abusos de poder, persecución política, censura, corrupción, privilegios, abandono social e infracciones del DIH, responde a un estado de arbitrariedad, intimidación, miedo, fabricación de enemigos e instrumento de poder de la facción gobernante que no protege la vida, no distribuye justamente los recursos y no responde ante la ciudadanía, porque no le importa ganar legitimidad si no apropiarse de manera absoluta del Estado.

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