La exconsejera presidencial para las Regiones habló extensamente con EL DIARIO sobre su paso por el Gobierno de Gustavo Petro, el escándalo de la UNGRD y su privación de la libertad. Asegura que fue víctima de una estrategia política, denuncia dos presuntos atentados contra su vida y hace graves señalamientos contra la Fiscalía y Laura Sarabia. También revela su distanciamiento de Carlos Amaya y sostiene que el reciente nombramiento de su hermana en la Licorera de Boyacá frustró sus aspiraciones políticas.
Hubo un momento en el que Sandra Ortiz creyó que estaba en la cima de su carrera política. Después de pasar por la Cámara de Representantes y el Senado, había llegado a la Casa de Nariño como consejera presidencial para las Regiones. Tenía interlocución con ministros, gobernadores y alcaldes, acceso al presidente Gustavo Petro y una aspiración que nunca había abandonado: convertirse algún día en gobernadora de Boyacá.
Tres años después, su vida es completamente distinta. Pasó de los despachos del poder a estar privada de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Perdió su cargo, vio desplomarse buena parte de su proyecto político y, según cuenta, sufrió una profunda depresión, el alejamiento de antiguos amigos y amenazas contra su vida.
Ahora, en una extensa entrevista con EL DIARIO, Sandra Ortiz habla de lo que vivió, cuestiona duramente a quienes fueron sus compañeros de Gobierno y formula acusaciones que, de comprobarse, tendrían enormes implicaciones judiciales y políticas.
Pero también deja ver a una mujer que todavía quiere hacer política, aunque asegura que las circunstancias actuales le impiden regresar a las urnas.
Su relato está atravesado por el desencanto con Gustavo Petro, a quien acompañó políticamente y de quien llegó a tener una opinión muy diferente de la que expresa hoy.
“Creo que nunca lo conocí”, dice cuando se le pregunta qué piensa del exmandatario después de haber trabajado a su lado.
Y agrega una frase que resume el sentimiento que le dejó aquella experiencia: “Él me dejó sola, totalmente sola”.
Sus declaraciones se producen mientras continúa su proceso judicial por el caso de la UNGRD. Ortiz rechaza las acusaciones en su contra y sostiene que su defensa podrá demostrar su inocencia. Sus señalamientos contra funcionarios, instituciones y dirigentes políticos corresponden a su versión de los hechos y no constituyen conclusiones judiciales.
“Petro me dejó totalmente sola”
Sandra Ortiz conocía a Gustavo Petro desde mucho antes de llegar a la Presidencia. Ambos habían coincidido en el Senado y ella asegura que lo admiraba por su preparación intelectual, su disciplina y sus ideas políticas.
Aunque aclara que nunca se consideró una dirigente de izquierda, encontró afinidades con algunas de las propuestas progresistas del entonces candidato presidencial y decidió acompañarlo junto con un sector del Partido Verde.
En mayo de 2023, cuando Petro la llamó para ofrecerle la Consejería Presidencial para las Regiones, Ortiz interpretó el nombramiento como una oportunidad excepcional para Boyacá.
“Yo dije: Dios mío, esta es la oportunidad para ayudar a Boyacá”, recuerda.
Desde ese despacho debía mantener la interlocución del Gobierno con las autoridades territoriales y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el presidente durante sus visitas a las regiones.
Pero la relación con Petro, según su relato, comenzó a deteriorarse cuando aparecieron las investigaciones que terminarían vinculándola al escándalo de la UNGRD.
Ortiz asegura que intentó hablar personalmente con el mandatario para advertirle sobre lo que consideraba una estrategia política en su contra.
“Nunca me quiso escuchar”
“Yo siempre le dije al presidente que aquí había una estrategia y que me escuchara. Nunca me quiso escuchar”.
Cuenta que le solicitó reiteradamente una reunión privada. No pretendía, afirma, que Petro interviniera públicamente para defenderla, sino que escuchara sus preocupaciones y garantizara que su proceso judicial se desarrollara con respeto a sus derechos.
“Yo no necesito que usted me defienda, yo necesito solamente garantías. Se lo pedí muchas veces, nada más”.
Cuando recuperó la libertad, intentó nuevamente comunicarse con él. Quería, según sus palabras, mirarlo a los ojos y preguntarle por qué habían ocurrido determinadas situaciones. El encuentro nunca se produjo.
Ortiz dice que terminó por aceptar que esa conversación no tendría lugar y decidió seguir adelante con su vida.
Su juicio sobre Petro es hoy particularmente severo.
“No es la persona que yo conocí o lo que vi en él”
Y añade: “Él es una persona que solamente él piensa en él, no piensa en nadie más sino en él”.
La exconsejera sostiene que, mientras trabajó en la Presidencia, tuvo que enfrentar situaciones incómodas por la ausencia del mandatario en actividades previamente organizadas.
“Muchas veces tuve que pedir disculpas porque no aparecía en los eventos”, recuerda.
Sin embargo, cuando se le pregunta por las acusaciones relacionadas con la vida privada del expresidente, prefiere no pronunciarse.
“Yo de eso no sé nada”, responde, y aclara que no puede hacer señalamientos sin pruebas.
Las acusaciones contra Laura Sarabia
Uno de los capítulos más delicados de la entrevista tiene como protagonista a Laura Sarabia, quien ocupó importantes cargos en el Gobierno Petro.
Ortiz sostiene que sus diferencias con Sarabia comenzaron antes de que estallara el escándalo de la UNGRD y que existieron enfrentamientos por asuntos relacionados con sus funciones en la Presidencia.
Según su versión, Sarabia intentó marginarla de actividades con el mandatario y llegó a amenazarla.
También relaciona esas tensiones con la controversia por los computadores de su antigua oficina.
La exconsejera asegura que su equipo entregó debidamente los equipos y que ella mostró al presidente la documentación que permitía establecer su trazabilidad.
“Yo le pasé, le mostré la trazabilidad al señor presidente”, afirma.
Para Ortiz, esos episodios formaban parte de una supuesta estrategia para perjudicarla políticamente.
“Yo era el siguiente objetivo: sacar a Laura, meter a Sandra”, sostiene.
La exfuncionaria asegura que comunicó sus sospechas al presidente y que conserva mensajes relacionados con esas advertencias.
No obstante, durante la entrevista no presentó esos documentos ni pruebas independientes que permitan establecer la existencia de la estrategia que denuncia. Tampoco se cuenta en este material con la versión de Sarabia frente a los señalamientos.
“Esto fue una cortina de humo para robarse los dos billones de pesos de la UNGRD”
Cuando la conversación llega al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sandra Ortiz cambia el tono. Habla con dureza de la Fiscalía y asegura que su vinculación al proceso obedeció a intereses ajenos a la búsqueda de justicia.
“Esto fue un show mediático, fue una cortina de humo para robarse los dos billones de pesos de la UNGRD por la puerta de atrás y la Fiscalía se prestó para eso”, afirma.
Se trata de una acusación de enorme gravedad que Ortiz no sustentó documentalmente durante la entrevista. La cifra de dos billones de pesos que menciona tampoco puede presentarse, a partir de su testimonio, como un monto de dinero efectivamente robado.
La exconsejera insiste en que sus responsabilidades dentro de la Presidencia no incluían administrar recursos de la UNGRD ni intervenir en su contratación.
Explica que su trabajo consistía en mantener contacto con las autoridades territoriales y hacer seguimiento a las promesas del presidente.
Por ejemplo, cuando se presentaba una emergencia en alguna región y un gobernador no conseguía comunicarse con el director de la UNGRD, ella intervenía para facilitar ese contacto.
“Ese era mi trabajo”
Al preguntársele quiénes deberían responder por el desfalco, evita atribuir responsabilidades individuales sin pruebas.
“Yo no puedo involucrar a nadie si yo no tengo pruebas de señalar a nadie”.
Pero inmediatamente introduce otra de las revelaciones de la entrevista.
Ortiz asegura que la Fiscalía habría utilizado un testigo falso en su contra y que, paradójicamente, después le solicitó colaborar en una investigación relacionada con esa misma persona.
“La Fiscalía hace dos meses me pidió que yo fuera testigo del propio testigo falso que me pusieron a mí”, declara.
Y añade que, según la información que dice conocer, esa persona estaría próxima a ser imputada.
La exconsejera presenta el episodio como una de las razones por las que considera que su proceso estuvo marcado por irregularidades.
También cuestiona un contrato relacionado con Repelón, Atlántico, que, según afirma, fue utilizado para sustentar acusaciones en su contra.
Sostiene que el contrato corresponde al Gobierno de Iván Duque y que su defensa pretende demostrar en juicio que fue presentado de manera irregular.
Estas afirmaciones requieren contrastarse con los documentos del expediente y la versión de la Fiscalía.
El proceso judicial y la libertad por vencimiento de términos
La situación judicial de Sandra Ortiz tiene un contexto que resulta indispensable para entender sus declaraciones.
La exconsejera fue capturada el 18 de diciembre de 2024 y posteriormente acusada de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La Fiscalía sostiene que habría intervenido como intermediaria en la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, dentro de un presunto esquema de sobornos para conseguir respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno.
Ortiz ha rechazado esas acusaciones y no aceptó los cargos.
El 11 de mayo de 2026 recuperó la libertad por vencimiento de términos, después de que un juez determinara que se habían superado los plazos legales sin que comenzara el juicio. Esa decisión no significó su absolución y el proceso penal continuó.
Durante la entrevista, Ortiz afirma que su defensa ha enfrentado dificultades para obtener elementos probatorios que considera fundamentales.
Menciona registros de ubicación de teléfonos celulares, información relacionada con otros implicados y grabaciones de las cámaras del hotel Tequendama.
Sostiene que esos elementos podrían ayudar a demostrar inconsistencias en las pruebas utilizadas para vincularla al caso.
También asegura que ha recusado a dos jueces y cuestiona la actuación de funcionarios judiciales que han intervenido en su proceso.
Llega a afirmar que detrás de su privación de la libertad habría existido una organización criminal con participación de particulares y personas vinculadas a la administración de justicia.
Son señalamientos que requieren pruebas y que no pueden darse por establecidos. De hecho, en marzo de 2026 un juzgado negó una solicitud de preclusión presentada por su defensa, por lo que la actuación penal siguió adelante.
Ortiz, sin embargo, insiste en que confía en demostrar su inocencia cuando pueda controvertir las pruebas ante el juez que conozca su caso.
Dos presuntos atentados y un intento de secuestro
Otra de las revelaciones de la conversación tiene que ver con la seguridad personal de la exconsejera.
Sandra Ortiz asegura que fue víctima de dos atentados contra su vida y que uno de ellos habría ocurrido mediante la manipulación de los frenos de un vehículo asignado a su esquema de protección.
Según relata, regresaba de Bogotá cuando, al llegar a la portería de su residencia, la camioneta se quedó sin frenos.
Ortiz sostiene que posteriormente se estableció que las mangueras del sistema de frenos habían sido sustituidas por otras de mala calidad.
“Cambiaron las mangueras por unas de mala calidad para que yo tuviera un accidente en la carretera”
La exfuncionaria considera que, de haberse presentado la falla durante el recorrido, las consecuencias habrían podido ser fatales.
Señala que el hecho ocurrió un 11 de septiembre y que presentó una denuncia por tentativa de homicidio ante la Fiscalía en Tunja.
También afirma que hubo un segundo atentado, sobre el cual no entrega mayores detalles porque, según dice, continúa bajo investigación.
No fue posible establecer, a partir de la entrevista, las circunstancias exactas de los hechos ni verificar la existencia y el estado de las investigaciones que menciona.
Pero su relato va más allá.
Ortiz asegura que, mientras permanecía privada de la libertad en una guarnición, varias personas que se presentaron como policías llegaron de madrugada con la supuesta intención de trasladarla al búnker de la Fiscalía.
Según cuenta, el episodio ocurrió hacia las cinco y media de la mañana y le despertó sospechas porque sus traslados habituales no se realizaban de esa manera.
«No sabemos quiénes eran, no los pudimos identificar», reconoce.
La exconsejera interpreta el episodio como un posible intento de secuestro. Sin embargo, no identifica a los presuntos responsables ni aporta durante la conversación documentos que permitan confirmar esa hipótesis.
Asegura, además, que después de recuperar la libertad volvió a sentirse vigilada y que esa situación la llevó a salir temporalmente del país.
“Mi hija mayor sufrió demasiado”
Detrás de las denuncias políticas y judiciales aparece otro relato: el de una mujer que asegura haber vivido una crisis emocional profunda durante su privación de la libertad.
Ortiz cuenta que sufrió depresión, miedo y episodios de tristeza que afectaron seriamente su salud.
Recuerda que recibió tratamiento con clonazepam y que en ocasiones llegó a duplicar por su cuenta las dosis prescritas.
“Yo solamente quería dormir, dormir”, dice al recordar aquellos días.
Asegura que su estado de salud llegó a preocupar a quienes estaban encargados de su custodia.
Pero, cuando se le pregunta qué fue lo más doloroso, no habla solamente de su experiencia personal. Habla de sus hijas.
“Mi hija mayor sufrió demasiado, demasiado, demasiado”, recuerda.
Según su relato, su hija perdió el trabajo y también fue objeto de señalamientos por la situación judicial de su madre.
Ortiz considera injusto que las consecuencias de las investigaciones y del cubrimiento mediático se extiendan a sus familiares.
Durante la conversación también reflexiona sobre las amistades que perdió después de su captura.
Dice que muchas personas a las que había ayudado durante su trayectoria política se alejaron cuando comenzó su proceso judicial.
En contraste, agradece el acompañamiento de sus hijas, sus hermanas y de quienes permanecieron a su lado.
Para describir lo ocurrido con sus antiguas amistades utiliza una comparación campesina:
«Eso es como cuando tú cuelas el café, que hay el bagazo; se fue lo que se tenía que ir».
Carlos Amaya: de la colaboración política al distanciamiento
La entrevista adquiere una dimensión particularmente importante para Boyacá cuando Sandra Ortiz habla del gobernador Carlos Amaya.
Ambos han compartido espacios dentro del Partido Verde y tienen vínculos familiares y políticos con Paz de Río, municipio del norte del departamento.
Sin embargo, Ortiz asegura que actualmente no existe ninguna cercanía política entre ellos.
“No tengo absolutamente nada que ver con su proyecto político”, afirma.
La exconsejera sostiene que sus diferencias con Amaya vienen de años atrás y que, en distintas oportunidades, las decisiones políticas relacionadas con su hermana María Elena Ortiz Nova terminaron afectando sus propias aspiraciones electorales.
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Según su interpretación, la permanencia de su hermana en cargos públicos habría generado obstáculos jurídicos para presentarse como candidata.
Ortiz recuerda que quiso aspirar a la Gobernación de Boyacá y que posteriormente consideró otras alternativas electorales.
Ahora asegura que el reciente nombramiento de María Elena como gerente de la Nueva Licorera de Boyacá vuelve a frustrar sus posibilidades.
“Hoy estoy inhabilitada. Si quisiera aspirar, no puedo hacerlo”
La afirmación debe entenderse como su interpretación de la situación jurídica. La existencia de una eventual inhabilidad requiere examinar las disposiciones legales aplicables, las funciones de la gerente y las circunstancias concretas de una posible candidatura.
El nombramiento de María Elena Ortiz se produjo el 3 de noviembre. Amaya ha defendido públicamente su trayectoria profesional y ha señalado que mantiene una relación de trabajo con ella desde hace muchos años, independientemente de sus diferencias con Sandra Ortiz.
En la entrevista, la exconsejera insiste en que su hermana ha sido leal al proyecto político del gobernador durante más de 14 años.
Esa relación, reconoce, llegó a provocar discusiones familiares.
Pero también relata que, pese a las diferencias con Amaya, intentó colaborar con él cuando llegó nuevamente a la Gobernación.
Ortiz asegura que contribuyó a mejorar las relaciones del mandatario departamental con Gustavo Petro, que no eran buenas debido al respaldo que Amaya había dado a Rodolfo Hernández durante la campaña presidencial de 2022.
“Yo ayudé incluso a mejorar la relación que él tenía con el presidente”
Cuenta que facilitó contactos con varios ministros y que aprovechó su posición en la Presidencia para promover proyectos de interés para Boyacá.
También recuerda gestiones realizadas desde el Congreso para conseguir recursos destinados a la Ruta Libertadora.
Según su versión, esas actuaciones respondían a la convicción de que las diferencias entre dirigentes no debían impedir el trabajo conjunto por el departamento.
Hoy, sin embargo, la relación con Amaya está marcada por el distanciamiento.
Ortiz considera que el gobernador ha privilegiado sus propios intereses políticos, una apreciación personal que contrasta con las explicaciones públicas que Amaya ha dado sobre su relación independiente con María Elena Ortiz.
¿Petro respaldó la candidatura de Amaya?
Una de las preguntas de EL DIARIO buscó aclarar un asunto que había circulado en los medios políticos boyacenses durante las elecciones regionales de 2023: si desde el Gobierno nacional existió una orientación para respaldar la candidatura de Carlos Amaya.
Ortiz no afirma que hubiera una orden expresa del entonces presidente.
Pero sí sostiene que dentro de su entorno político se conocía la simpatía de Petro por esa aspiración.
“Sabíamos que a él le gustaba esa candidatura”, asegura.
Reconoce que personalmente no quería apoyar a Amaya, aunque finalmente consideró conveniente mantener canales de colaboración con quien resultó elegido gobernador.
Para Ortiz, la relación entre la Presidencia y la Gobernación debía estar por encima de las diferencias personales.
Afirma que, durante su paso por la Consejería, procuró que Boyacá estuviera presente en los programas y proyectos del Gobierno nacional.
“Boyacá, ministro, no se olvide de Boyacá”, recuerda que repetía en sus gestiones ante los integrantes del gabinete.
La política, una pasión que todavía no desaparece
Después de las acusaciones contra la Fiscalía, de sus cuestionamientos a Gustavo Petro y de las diferencias con Carlos Amaya, la conversación vuelve al punto de partida: la vida personal de Sandra Ortiz.
¿Qué queda de aquella dirigente que llegó a la Presidencia convencida de que podía impulsar grandes proyectos para Boyacá?
Ortiz responde que todavía conserva su pasión por la política.
Recuerda los recorridos por las veredas, las reuniones con campesinos, las conversaciones alrededor de un café y las oportunidades de gestionar recursos para los municipios.
«Yo soy muy apasionada de poder haber servido a mucha gente», dice.
Asegura que, incluso después de todo lo ocurrido, alcanzó a imaginar un regreso a los municipios de Boyacá para reencontrarse con quienes la habían acompañado durante su carrera.
Quería recorrer nuevamente el departamento y hablar directamente con la gente.
Pero considera que sus actuales circunstancias judiciales y familiares han cerrado esa posibilidad, al menos por ahora.
Hay un momento en el que abandona el tono de denuncia y se permite una broma.
«Si hay algún centro de rehabilitación de políticos yo me meto, sería la primera al experimento»
La frase provoca un contraste con el resto de la conversación. Porque, aunque asegura que quisiera alejarse de la política, reconoce que no consigue desprenderse de ella.
Después de casi dos décadas de actividad pública, su trayectoria está marcada por una investigación penal que sigue sin resolverse y por una ruptura con varios de los dirigentes con quienes compartió su carrera.
Ortiz sostiene que perdió su trabajo, su libertad durante más de un año y buena parte de su proyecto político. Pero insiste en que todavía espera demostrar su inocencia.
No se sabe cuál será el desenlace judicial de su caso. La Fiscalía mantiene una acusación que deberá ser examinada en los tribunales y la exconsejera tiene derecho a ejercer su defensa y a la presunción de inocencia.
Por ahora, Sandra Ortiz parece tener una certeza: su relación con el poder cambió para siempre.
En mayo de 2023 veía su llegada a la Presidencia como la oportunidad más importante de su carrera. Hoy considera que aquella decisión terminó por transformar su vida de una manera que jamás imaginó.
Y cuando se le pregunta qué le diría a la Sandra Ortiz de entonces, responde que le pediría tranquilidad y confianza en que las cosas podrían salir bien.
Tres años después de aquel nombramiento, todavía busca respuestas sobre lo que ocurrió.
Y, sobre todo, espera que la justicia le permita contar una historia distinta sobre su paso por el Gobierno nacional.
