El viernes 6 de noviembre parecía destinado a ser un día cualquiera. Un café de mañana, una repasadita a nuestro fútbol, algún chisme criollo y, cómo no, la política: ese deporte de contacto que nunca falta en las cafeterías de la noble hidalguía. La tertulia tenía su repertorio habitual: «Que por fin hay alcalde en la capital»; “que a Castellanos no le rinde”; “que Rodrigo, al parecer, será candidato”; “que Pedraza crece”; “que el Mono salió humorista”; “que se retiró el general”; “que Yovanni va por el Pacto”; “que el desaliñado Fabián anda haciendo mandados otra vez”. En fin: el menú de siempre, servido con café caliente y una pizca de ironía boyacense.
Hasta que llegó la noticia capaz de enfriar cualquier café: “El Tigre viene a Tunja, y viene el lunes”. Para unos, una visita largamente esperada; para el sector político que gobierna el departamento —al menos en la lectura de quienes lo cuestionan—, aquello debió de ser un baldado de agua fría.
Abelardo de la Espriella, otrora figura de la contienda presidencial a quien sus seguidores llaman ‘«el Tigre’, anunciaba su llegada a Boyacá en un momento particularmente incómodo: a las puertas de una elección simbólica en la UPTC y mientras la Asamblea departamental discutía un empréstito que, a mi juicio, resulta forzado, desgastado, innecesario y, sobre todo, inoportuno. No es un detalle menor que semejante decisión se tramite en la antesala del calendario electoral regional y frente a una ciudadanía que tiene motivos de sobra para cuestionar y desconfiar.
Mi teléfono empezó a sonar con una insistencia poco habitual. Cambiaban las voces, pero no la pregunta: «¿Será que el Tigre regaña al gobernador?». La política boyacense tiene ese extraño talento: convertir una visita anunciada en un examen público antes de que el visitante pise la ciudad.
Hay una frase atribuida a Winston Churchill que viene al caso: “La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez”. Verdadera o no su atribución, la sentencia retrata bien la capacidad de ciertos dirigentes para sumergirse en sus propias tormentas.
De la Espriella ha cultivado una forma de confrontación pública, frontal y televisada, que no suele conceder demasiadas comodidades a sus adversarios. En ese escenario ya había dirigido señalamientos contra alcaldes, gobernadores y parlamentarios; también lo había hecho con el propio Carlos Amaya por presunta intervención electoral en una aparición televisiva de amplia exposición. Conviene precisar lo obvio, aunque a veces se olvide en la refriega: una acusación política no equivale a una responsabilidad demostrada, pero tampoco desaparece porque el aludido decida no escucharla ni responderla.
Apenas empezábamos a digerir el anuncio de la visita cuando apareció otra pieza en el tablero: un vídeo denuncia difundido por el representante a la Cámara Daniel Briceño. Allí se hacía referencia a un audio atribuido al diputado del Partido Verde Jhon Alex Cano, en el que se hablaba de contratos, presupuestos y Tierra Sua. La gravedad de lo divulgado exige dos cosas que no deberían excluirse: explicaciones públicas y una verificación rigurosa de su contexto, autenticidad y alcance jurídico. El escándalo no puede reemplazar la prueba; el silencio, mucho menos, deberá sustituir la respuesta.
El asunto adquiere mayor peso político por la llegada del presidente y las cercanías que se atribuyen al diputado dentro del sector verde: su estrecha relación con el equipo de Wilmer Castellanos, señalado como carta del gobernador Carlos Amaya para la próxima Gobernación— y su proximidad con el representante Yamir Noé Hurtado. Estos vínculos políticos merecen escrutinio, no una condena, pero sí respuestas. Sobre todo en Boyacá, donde las lealtades partidistas suelen tener más ramificaciones que un árbol genealógico; distinguir entre afinidad, influencia y responsabilidad no es un lujo: es una obligación.
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: el uso de esquemas de contratación que, según sus críticos, permiten eludir los controles y las exigencias competitivas del régimen general de contratación estatal, incluida la Ley 80.
Tierra Sua se ha convertido en el epicentro de esta controversia, ya que estas estructuras se mueven en una zona gris de legalidad en su forma y muy discutible en sus resultados. Esto ha motivado una oportuna iniciativa legislativa encaminada a cerrar esos espacios, con Briceño vinculado a su trámite como ponente.
Bertrand Russell dejó una advertencia que debería exhibirse en las sedes de todos los partidos: “Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado”. Una buena lección para quienes confunden la permanencia en el poder con el monopolio de la razón.
Pasada la mañana, vuelve a mi memoria la inauguración de la plaza de mercado de Paipa. Allí se produjo un desencuentro público entre el gobernador Carlos Amaya y el alcalde, el arquitecto Germán Camacho. A mi entender, el trato recibido por el mandatario municipal fue irrespetuoso. Camacho optó por levantarse y marcharse junto a la mayoría de los asistentes; fue un gesto de dignidad que habló con más claridad que muchos discursos. Frente a un auditorio disminuido y a una intervención de Amaya que perdió buena parte de su efecto, aquella no fue solo la salida de un alcalde: para la gran mayoría de los boyacenses, se levantó también la dignidad de un pueblo cansado de los atropellos, de las explicaciones a medias y de la sensación de que instituciones como la Lotería, la Licorera, la UPTC, los hospitales, Tierra Sua y Comfaboy terminan arrastradas a disputas que deberían quedar fuera de su misión. La crítica es política y exige ser debatida con hechos: esas entidades no son patrimonio de un grupo, ni trofeos de campaña, ni piezas de una herencia que se reparte entre conocidos.
Hace más de quince años que buena parte del poder departamental parece circular por los mismos pasillos, con los mismos apellidos, las mismas alianzas y una admirable habilidad para cambiar de consigna sin cambiar de costumbres. A ratos, Boyacá pareciera administrada como una finca: con un clan que quiere perpetuarse. Muy lejos quedan, en esa manera de entender el gobierno, las luchas sociales, estudiantiles y campesinas que hicieron de la defensa del interés común algo más serio que una frase de tarima.
Y ahí está la ironía más amarga: mientras a la ciudadanía le siguen prometiendo la superación de la pobreza, los que parecen haber encontrado una fórmula infalible de prosperidad son algunos de quienes se empeñan en no soltar el poder. Quizá el lunes no haya regaño; quizá no pase nada extraordinario, o tal vez sí. Pero, por una vez, sería saludable que el debate no terminara en los señalamientos del visitante ni en los aplausos de sus seguidores, sino en preguntas concretas y respuestas comprobables. Nuestro departamento no necesita otro espectáculo: necesita democracia, progreso, desarrollo y cuentas claras. O tendrá, más temprano que tarde, que levantarse también con más dignidad, orgullo y decisión.
