María Elena Ortiz Nova, hermana de la exconsejera presidencial procesada por el escándalo de la UNGRD, asumió la gerencia de la Industria de Licores de Boyacá. EL TIEMPO informó sobre los cuestionamientos que ha generado la designación en algunos sectores políticos del departamento.
El nombramiento de María Elena Ortiz Nova como nueva gerente de la Industria de Licores de Boyacá vuelve a poner sobre la mesa una discusión política en el departamento. Este martes, EL TIEMPO publicó un informe sobre las críticas que ha despertado su designación, especialmente por su parentesco con Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, más que un revuelo político generalizado, se trata de una decisión que puede generar controversia en algunos sectores, particularmente por los antecedentes políticos de la nueva funcionaria y el momento en que se produce su llegada a una de las entidades con mayor movimiento económico del departamento.
María Elena Ortiz fue secretaria de Minas durante el actual gobierno de Carlos Amaya. De acuerdo con los cuestionamientos recogidos por EL TIEMPO, la funcionaria se habría retirado de ese cargo para participar en actividades políticas relacionadas con candidaturas al Congreso y ahora regresa a la administración departamental para asumir la gerencia de la Licorera, en vísperas de las elecciones de 2027.
Uno de los dirigentes consultados por ese periódico cuestionó que su regreso pueda interpretarse como una especie de recompensa política. No obstante, el gobernador Carlos Amaya defendió la designación y aseguró que conoce a María Elena Ortiz desde mucho antes de tener relación con su hermana.
En declaraciones a EL TIEMPO, Amaya recordó que Ortiz fue su secretaria cuando él se desempeñó como representante a la Cámara por Boyacá, en 2013. También negó haber tenido acuerdos políticos con Sandra Ortiz y sostuvo que las diferencias entre ambos han sido evidentes desde hace varios años.
El mandatario defendió, además, el derecho de María Elena Ortiz a desempeñar cargos públicos por sus propios méritos y afirmó que no se le puede trasladar la responsabilidad por la situación judicial de su hermana. Insistió en que no existen delitos de sangre y que la situación de Sandra Ortiz aún no tiene una definición judicial.
La publicación de EL TIEMPO provocó una reacción de Sandra Ortiz, quien cuestionó que los señalamientos sobre su situación judicial terminen afectando a su familia.
A través de su cuenta en X, aseguró que su hermana ha construido su trayectoria profesional de manera independiente y que lleva más de 14 años trabajando junto a Carlos Amaya. También sostuvo que no tiene vínculos políticos con el gobernador y que sus diferencias incluso llegaron a distanciarlas.
«Yo respondo por mis actos, no mi familia», expresó Sandra Ortiz, quien reclamó respeto por la dignidad de su hermana y pidió que no se extiendan a sus familiares los señalamientos que enfrenta por el caso de la UNGRD.
La controversia, por ahora, está centrada en la conveniencia política del nombramiento y en las explicaciones que deberá dar la administración departamental sobre la designación, más que en una reacción generalizada de las fuerzas políticas de Boyacá.
