La ley 95 de 1985 estableció el 9 de septiembre como el día nacional de los derechos humanos, recogiendo la memoria de luchas y señaló a Cartagena como sede en homenaje a Pedro Claver que murió en esa fecha en 1654. Esta fecha de 2026, es la que más distante ha estado del origen y reconocimiento de estas luchas que incluyeron la rebelión contra la esclavitud y se han ido completando con avances logrados en torno a elevar al ser humano a su condición de libre, autónomo, con oportunidades para educarse, proveerse de salud, bienestar, definir su identidad, ser atendido en su diversidad, pertenencia social e ir por el mundo libre del temor y la miseria. La seguridad democrática ya había puesto el mojón del retroceso en innumerables garantías a derechos y los partidos políticos tradicionales contribuido a mantener bloqueados los sistemas que conducían a reducir la desigualdad, fortalecer la justicia, abolir las discriminaciones, las censuras y la barbarie.
El 9 de septiembre de 2026 quedará con la fotografía de una negación que acecha y borra. El 7 de agosto se volvió a imponer la biblia, derrotada en 1789 con la declaración de derechos y la llegada de la ilustración que superó la potestad del dogma. Desde ahí el mensaje fue claro en qué hablar de derechos trae riesgos, no es bien visto, primero porque devuelve a debates morales hace tiempo superados y segundo porque el gobernante se nomina a sí mismo amo y señor de los derechos, la vida y dignidad de quienes habitan la nación. La pregunta por los derechos humanos desde ese día no admite un inventario tranquilizador. No se trata de cuáles derechos se están vulnerando, sino de sí el propio lenguaje de los derechos humanos está siendo enterrado con una lógica de poder que los convierte en un estorbo. La evidencia del primer mes de gobierno es desalentadora y escalofriante.
Son innumerables los hechos y expresiones contrarias a derechos, un inventario muy superficial destaca: El espectáculo de la muerte como trofeo y señal de crueldad del presidente, caminando entre 23 bolsas de cadáveres, como escenografía de su autoridad, indicando que la vida y dignidad humana quedan reducidas a un obstáculo incómodo para la narrativa del orden y la seguridad del miedo que promete. El mensaje necrofílico fue copiado y respondido de inmediato por una multitudinaria manifestación que exaltó y rindió homenaje con música, pancartas y ráfagas de fusil al paramilitar bendito menor en su sepelio que transcurrió sin obstáculos por las vías públicas de la ciudad. La indolencia ante la catástrofe del terremoto con expresiones de arrogancia, risas y excusas insensatas, sin la menor compasión ni sentido de humanidad y respeto. La sistemática cosificación de los niños y niñas a quienes nada se les ofrece, salvo la muerte a quienes como víctimas empuñan armas de inciertos ejércitos. La petición de la anulación total de la categoría niña borrando su historia, memoria y cicatrices de barbarie sobre ellas. La directriz de eliminar (extirpar) la categoría de campesino, que gracias a sus luchas ha logrado escalar su reconocimiento a la condición de sujeto de derechos. La apertura a la pérdida de soberanía y explotación de la riqueza ambiental con negación de derechos de la madre tierra, sus aguas, páramos y relaciones de equilibrio del planeta para favorecer potentados. El retorno al porte de armas por civiles que rompe el monopolio de la fuerza en manos del Estado y que tuvo como respuesta casi inmediata la entrada de un joven armado a una institución educativa. El perfilamiento, amenaza e irrespeto a un gobernador por defender la construcción de paz, que es obligación constitucional. La censura a periodistas independientes por sus preguntas, comentarios y caricaturas. La censura y cierre de 22 emisoras comunitarias creadas en el marco del acuerdo de paz. El lenguaje agresivo, feroz y temerario con el que el presidente estigmatiza, acosa, hostiga y promete eliminar (exterminar) a sus contrarios políticos. Sus vivas a cristo rey en réplica a los gritos de falangistas y chulavitas que destrozaban a comunistas y liberales. El patrón es negar derechos.
Estos hechos, todos, contrarios a derechos humanos, dibujan el mapa de un proyecto autoritario en el que los derechos no se restringen, si no que se declaran inexistentes. Así que hay poco para celebrar desde el Estado este 9 septiembre. Le corresponde a la sociedad, sus organizaciones y educadores en derechos, hacer su propia fiesta de rebeldías y memorias, porque no hay espacio para el derecho a la vida cuando la muerte se exhibe; ni derecho a la verdad cuando las mentiras oficiales son la norma; ni derecho a la infancia o a ser campesino, indio, afro, diverso, cuando vuelve la guerra y el odio atraviesa el día a día. La pregunta no es de qué derechos podremos hablar, sino cómo vamos a organizar las luchas que faltan para defender lo conquistado y avanzar en lo que falta.
