El gobernador Carlos Amaya ha dicho en repetidas ocasiones que el Gobierno de Gustavo Petro favoreció a Boyacá con inversiones históricas. Y sí: hubo recursos, obras, equipos, ambulancias, hospitales y una relación institucional que el propio mandatario departamental agradeció. Pero entre los grandes anuncios y lo que efectivamente quedó financiado, comprometido, contratado o ejecutado hay una distancia considerable. Ahora que Petro deja el Gobierno, la pregunta es cuánto de aquello que se anunció terminó realmente convertido en obras.
A Boyacá le fue bien con el Gobierno de Gustavo Petro; probablemente mejor de lo que algunos esperaban. Pero la pregunta que queda al final del cuatrienio es otra: ¿qué tan bien?
Porque una cosa son los anuncios; otra, los recursos apropiados; otra, los convenios y contratos; otra, los recursos comprometidos; y otra, bastante distinta, las obras terminadas y entregadas.
Y entre esas categorías hay, en el caso de Boyacá, diferencias que se cuentan en cientos de miles de millones de pesos.
El propio gobernador Carlos Amaya lo ha reconocido. En entrevista con EL DIARIO dijo que gestionar recursos ante el Gobierno nacional fue difícil, entre otras razones porque él no había votado por Gustavo Petro. Pero también fue enfático en reconocer el trato recibido.
“Tengo que ser agradecido; el presidente Petro me ha ayudado, me ha ayudado mucho”.
Y en otra parte de la conversación insistió: “Yo le agradezco al presidente Petro. No voté por él, pero soy agradecido, trabajo de la mano del Gobierno nacional y le agradezco a todos los ministros que nos han ayudado en Boyacá”.
Esa relación terminó siendo, quizás, una de las particularidades del gobierno de Amaya: un gobernador de la Alianza Verde que no acompañó electoralmente a Petro, pero que terminó construyendo una relación cercana con el Gobierno nacional.
Los ministros llamaban al gobernador. La comunicación era frecuente. Salud, Transporte, Agricultura, Minas y otras carteras tuvieron interlocución permanente con la Gobernación.
Hubo ayuda, pero la discusión está en cuánto fue realmente esa ayuda y cuánto de lo anunciado terminó convertido en realidad. El gran ejemplo: El Pacto Boyacá, Raíz y Futuro.
El mejor termómetro para medir la relación Petro-Boyacá es probablemente ese pacto territorial, firmado el 14 de agosto de 2025 en Sotaquirá.
En esa oportunidad se habló de una inversión superior a $2,5 billones y de 78 proyectos estratégicos en áreas como infraestructura vial, salud, educación, agricultura, turismo, transición energética, agua y deporte.
El Gobierno departamental lo presentó como una alianza histórica entre la Nación y Boyacá. Pero aquí comienza la letra pequeña de las cifras.
En noviembre de 2025, tres meses después de la firma, la Gobernación informó que el Pacto ya tenía $924.607 millones garantizados y que solo en infraestructura vial se había firmado un convenio por $333.000 millones.
La cifra era importante, pero no significaba que los $2,5 billones estuvieran ya disponibles para ser ejecutados. El seguimiento oficial del Departamento Nacional de Planeación permite entender mejor la diferencia.
En su informe con corte a diciembre de 2025, el DNP registraba para el Pacto un valor indicativo de $1.410.754 millones, es decir, aproximadamente $1,41 billones. Ese valor no correspondía exclusivamente a recursos nacionales.
El propio DNP desagregaba la cifra en $565.561 millones de aporte indicativo de la Nación y $845.193 millones de aporte indicativo del territorio. En otras palabras, los $1.410.754 millones eran la suma de las dos fuentes.
Y aquí aparece una diferencia que resulta fundamental para entender el anuncio original. Entre los $2,525 billones presentados públicamente como valor del Pacto y los $1,410 billones registrados por el DNP en diciembre de 2025 había una diferencia de aproximadamente $1,114 billones. Eso no significa que esos $1,114 billones hubieran desaparecido ni que necesariamente hubiera existido un anuncio falso. Significa que las dos cifras correspondían a conceptos y momentos distintos.
Los $2,525 billones representaban el universo de inversión anunciado para el Pacto, mientras que los $1,410 billones correspondían al valor indicativo que el DNP tenía incorporado en su seguimiento en ese momento.
Además, el Pacto tenía un horizonte de varios años. No era una bolsa de $2,5 billones entregada de una vez para ser ejecutada inmediatamente. Y hay otra diferencia todavía más importante: un valor indicativo tampoco es lo mismo que un recurso comprometido, contratado, desembolsado o ejecutado. El propio seguimiento del DNP lo demuestra.
En transporte, por ejemplo, el Pacto registraba un valor indicativo de $484.333 millones: $222.000 millones correspondientes a la Nación y $262.333 millones al territorio.
Pero los recursos comprometidos en ese sector ascendían a $304.252 millones, de los cuales $222.000 millones correspondían a la Nación y $82.252 millones al territorio. Es decir, $484.333 millones de valor indicativo no significaban $484.333 millones ya comprometidos. Y mucho menos significaban $484.333 millones convertidos en carreteras terminadas.
El caso de Sotaquirá resulta especialmente ilustrativo. Aquel 14 de agosto de 2025, mientras el Presidente Petro y el gobernador Amaya presentaban el Pacto, también se hablaba de proyectos para el municipio.
Entre ellos, la intervención del ramal entre la carretera Briceño-Tunja-Sogamoso y Sotaquirá y la vía entre Sotaquirá y Agua Varuna. Sobre el primero, la realidad es que la obra ha avanzado fundamentalmente con recursos del Gobierno de Boyacá, a través de la administración departamental. La pregunta que queda es sencilla: ¿Qué recursos nacionales terminaron efectivamente financiando esa obra y en qué proporción?
Y en el caso de Sotaquirá-Agua Varuna la situación es todavía más evidente: hay estudios, pero la obra anunciada no ha comenzado y, al parecer, no tiene recursos.
Es precisamente en este punto donde la distancia entre el discurso y la realidad comienza a hacerse visible.
Algo similar ocurre con uno de los proyectos más emblemáticos del Pacto: la torre de alta complejidad del Hospital San Rafael de Tunja.
En noviembre de 2025, el gobernador Carlos Amaya anunció que el Conpes había garantizado $115.000 millones para esta infraestructura y afirmó que el proyecto ya era un hecho. Pero una cosa es garantizar recursos para un proyecto y otra inaugurar una torre hospitalaria.
Ese es precisamente el problema que queda al finalizar el Gobierno Petro: varias de las obras que fueron presentadas como transformaciones históricas todavía se encuentran en diferentes etapas de estudios, financiación, contratación o ejecución.
Probablemente el sector en el que más claramente se puede hablar de una intervención del Gobierno Petro en Boyacá es el de la salud. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo visitó repetidamente el departamento.
Llegaron ambulancias, equipos médicos y recursos para hospitales y centros de salud de municipios como Turmequé, Paipa y Miraflores.
La propia Gobernación reporta inversiones superiores a $140.000 millones en infraestructura y dotación, además de 33 ambulancias y unidades móviles. Aquí hay resultados concretos que pueden verificarse físicamente. Pero nuevamente aparece el problema de las cifras.
La Gobernación ha hablado de inversiones cercanas al billón de pesos en salud durante el cuatrienio de Petro, mientras que varios de los proyectos más grandes —entre ellos la ampliación de la capacidad de alta complejidad en Tunja y otras grandes infraestructuras hospitalarias— todavía no tienen el mismo nivel de materialización que los anuncios permitían imaginar.
Por eso, más que negar que hubo inversión, lo correcto es separar las categorías. Una ambulancia entregada es una realidad.
Un hospital anunciado es una expectativa. Y ambas cosas no pueden presentarse como si fueran equivalentes.
Otro de los capítulos que sí deja resultados verificables es el de la reforma agraria y la titulación de tierras. En Sotaquirá, el propio presidente Petro participó en la entrega de 2.016 títulos de propiedad a campesinos de Boyacá. La Agencia Nacional de Tierras también desarrolló una actividad importante en el departamento.
Aquí, nuevamente, habrá que contrastar las metas iniciales con los resultados finales, pero existe una diferencia fundamental: los títulos entregados son resultados concretos y verificables. Y eso permite una conclusión más amplia.
El Gobierno Petro sí dejó resultados en Boyacá, pero la magnitud de esos resultados no siempre coincide con la dimensión de los anuncios oficiales. Hay un dato que resulta particularmente interesante.
En junio de 2026, cuando el Gobierno Petro entraba en sus últimos meses, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación anunciaron otros $80.800 millones para vías del Occidente de Boyacá, dentro del Pacto Raíz y Futuro.
En abril, además, la Gobernación había anunciado cerca de $112.000 millones para intervención de vías en esa provincia, de los cuales $97.440 millones provenían del Pacto.
Y en mayo se anunciaron recursos por más de $6.900 millones para los estudios y diseños de la ampliación del estadio La Independencia de Tunja, también asociados al Pacto.
Esto demuestra algo importante: el Pacto no murió con la firma de agosto de 2025. Siguió produciendo decisiones y compromisos durante 2026.
Pero también deja una pregunta inevitable: ¿Cuánto más alcanzó a conseguir Amaya antes de que terminara el Gobierno Petro?
Ahora comienza la verdadera prueba
Durante estos cuatro años, Carlos Amaya tuvo una ventaja que otros gobernadores no siempre tuvieron: acceso político y comunicación directa con buena parte del gabinete nacional.
Él mismo lo reconoce. Y sería injusto decir que Petro no ayudó a Boyacá.
Hubo recursos para salud, vías, tierras, educación, equipos, ambulancias y diferentes proyectos.
Pero también sería ingenuo aceptar sin examen todas las cifras que fueron presentadas en ruedas de prensa. Porque $2,5 billones anunciados no significan $2,5 billones ejecutados.
Y $924.607 millones garantizados en noviembre de 2025 tampoco significaban que ese dinero ya estuviera convertido en obras terminadas.
El propio seguimiento del DNP permite comprobar que la arquitectura financiera del Pacto era mucho más compleja y que el valor indicativo, los aportes nacionales, los recursos territoriales, los recursos comprometidos y las obras ejecutadas no eran la misma cosa. Y hay algo más: el Pacto siguió cambiando después del corte de diciembre de 2025.
Eso significa que no sería serio juzgarlo únicamente por una fotografía tomada tres meses después de su firma. La verdadera evaluación debe hacerse con el último corte disponible y, sobre todo, siguiendo proyecto por proyecto.
Por eso, ahora que Gustavo Petro y sus ministros dejan el Gobierno, la responsabilidad cambia de manos. Ya no basta con anunciar. Ahora toca mirar contratos, convenios, apropiaciones presupuestales, avances físicos, recursos efectivamente desembolsados y obras terminadas. Y, sobre todo, habrá que preguntarle a Carlos Amaya: ¿Cuánto de aquello que se anunció para Boyacá quedó realmente asegurado antes de que se cerrara la puerta del Gobierno Petro?
Porque tal vez el Gobernador logró conseguir en los últimos meses algunos de los recursos que faltaban. Ojalá. Pero si fue así, ahora tendrá que demostrarlo con documentos, contratos y obras.
Al final, la historia de Boyacá con Gustavo Petro no parece ser la de un departamento abandonado.
Pero tampoco parece ser, al menos todavía, la de los $2,5 billones de transformación histórica que se anunciaron bajo el sol de Sotaquirá. Entre una cosa y otra está la verdadera historia.
Y esa historia, a partir de ahora, ya no debería contarse solamente con discursos. Se contará con recursos comprometidos, contratos, ejecución y, sobre todo, obras.
