Una veeduría ciudadana pidió a la Gobernación de Boyacá revocar o suspender la Licitación Pública LP-GB-009-2026, destinada al mejoramiento de la vía Cruce Ruta 6209–El Llano de Sotaquirá, por presuntas inconsistencias en el valor, el plazo y la estructuración técnica del proceso. El contrato aún no se ha adjudicado: el expediente en SECOP II aparece en fase de evaluación, con cinco consorcios oferentes.
La denuncia, radicada el 14 de septiembre de 2026 por Kevin Oliver Keep Arrieta, presidente de la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado, fue enviada también a la Procuraduría Regional de Boyacá, las contralorías General de la República y de Boyacá, la Fiscalía (Unidad Anticorrupción) y Colombia Compra Eficiente. El escrito aclara que se trata de “presuntas irregularidades” sujetas a verificación y que no constituye un prejuzgamiento.
Qué se está contratando
El objeto es el mejoramiento de un corredor departamental de unos 17,67 kilómetros entre Sotaquirá y la Ruta 6209, con incidencia en Cómbita y Arcabuco. El pliego describe cuatro tramos de intervención y tres zonas de no intervención. La Resolución 264 del 19 de junio de 2026, firmada por el secretario de Contratación Jorge Mario Ibáñez Arango, abrió el proceso por $41.559.425.415,29, amparado en el CDP 1315 del 18 de junio de 2026.El proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo 2024-2027 Nuestro Gran Plan es Boyacá. El propio gobernador Carlos Andrés Amaya había anunciado recursos por $57.658 millones para iniciar la licitación de esa vía.
Cuatro cifras distintas en el mismo expediente
El hallazgo central de la denuncia es documental y se puede contrastar en papeles públicos:
Entre el valor del estudio previo y el presupuesto oficial licitado hay $12.327 millones de diferencia (22,9%). Entre el registro en el Banco de Proyectos y lo que se está adjudicando, la brecha supera $16.099 millones.
Hay un matiz que la denuncia no desarrolla con el mismo detalle: el estudio previo dice que los $53.886 millones incluyen costos directos, AIU, plan de manejo ambiental e interventoría, y anota que la interventoría se calculó como el 7% del contrato de obra. El pliego, en cambio, licita solo la obra. Ese 7% sobre $41.559 millones equivaldría a unos $2.909 millones: no explica por sí solo la diferencia de $12.327 millones. En SECOP II, además, figura un CDP asociado por $53.886.741.479,39, distinto del CDP 1315 citado en el pliego.
La veeduría sostiene que no hay en el expediente público un documento que concilie esas cifras ni una adenda al estudio previo que justifique un recorte de alcance. Pide a la Gobernación publicar esa conciliación y, si hubo reducción física de obra, la memoria de cantidades ajustada.
Plazo de ocho meses frente a una fecha fija
La certificación BPID y el estudio previo fijan el plazo en ocho meses desde el acta de inicio. El pliego definitivo lo sustituye por una fecha de corte: “hasta el 31 de diciembre de 2026”. SECOP II registra ambas cosas a la vez: duración de 8 meses y terminación el 31 de diciembre de 2026.
El cronograma de la Resolución 264 preveía firma del contrato el 28 de julio y aprobación de garantías el 30 de julio. Si ese calendario se hubiera cumplido, el tiempo real de obra hasta fin de año habría sido de unos cinco meses. El proceso, sin embargo, se atrasó: las ofertas se recibieron en julio y a mediados de septiembre el estado seguía siendo “en evaluación y observaciones”, con un “Informe de evaluación 2” y varios mensajes de subsanación.
La denuncia argumenta que un recorte no justificado del plazo pone en riesgo la ejecutabilidad de las cantidades y rendimientos usados en los análisis de precios.
Precios unitarios en cero de AIU
En los APU publicados por la Secretaría de Infraestructura Pública, Administración, Imprevistos y Utilidad aparecen en 0%. La veeduría afirma que varios ítems del presupuesto oficial superan esos APU entre 30% y 36,5% —cita, por ejemplo, la excavación de cortes y canales, cuyo APU suma $33.952,53 por metro cúbico— y que no se publicó el Formulario 1 desagregado con el porcentaje de AIU exigido a los oferentes.
Esa afirmación es verificable en parte: el APU del ítem 3.02.02 sí cierra en $33.952,53 con AIU en cero. Lo que no está en los anexos revisados es el presupuesto oficial ítem por ítem que permitiría confirmar, uno a uno, esos incrementos.
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En el acápite de “Aspectos técnicos”, el estudio previo describe el proyecto como la recuperación de “la red vial secundaria que conecta la provincia de Márquez con Cundinamarca”. Sotaquirá y Cómbita pertenecen a la Provincia Centro; Márquez es otra provincia boyacense. El mismo documento, en otros apartes, sí sitúa correctamente la vía.
En el marco jurídico se cita el “Decreto 1510 de julio de 2017”. El Decreto 1510 es de 2013 y fue compilado y derogado por el Decreto 1082 de 2015, que el propio estudio también menciona. Aparecen además decretos de 2006, 2008 y 2012 igualmente compilados.
Son errores de calidad documental, no prueba automática de un delito. La veeduría los presenta como indicios de plantillas reutilizadas sin depuración.
Quiénes ofertaron y qué se pide ahora
Según SECOP II (identificador CO1.REQ.10541639), presentaron oferta:
- Consorcio Vías GEG II
- Consorcio Vial Llano STQ
- Consorcio Ruta 62
- Consorcio Progreso Vial Boyacá
- Consorcio ELR Sotaquirá
La veeduría solicita, en síntesis:
- Revocatoria directa de la Resolución 264 o suspensión cautelar hasta aclarar valor, plazo y AIU.
- Publicación de un documento que concilie las cifras y el Formulario 1.
- Indagación disciplinaria en la Procuraduría.
- Actuación especial de control fiscal.
- Valoración penal por la Fiscalía, sin imputar de antemano.
- Revisión de Colombia Compra Eficiente sobre el uso del Documento Tipo versión 4.
Al cierre de esta nota, no consta respuesta pública de la Gobernación de Boyacá a la denuncia. La entidad no ha sido hallada responsable de irregularidad alguna: lo que sí está acreditado en el expediente es que el mismo proyecto circula con valores y plazos que no coinciden entre el Banco de Proyectos, el estudio previo, el plan de compras y el pliego con el que se está eligiendo contratista.
Esa falta de trazabilidad, en un contrato de más de $41.500 millones de recursos de transferencias nacionales distintas al SGP, es el hecho que los organismos de control deberán explicar o desvirtuar antes de que se firme la obra.
Adjuntamos la denuncia:
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