El representante boyacense Héctor Chaparro radicó un proyecto para que el transporte terrestre de carga y pasajeros sea reconocido como actividad de alto riesgo. La iniciativa tendría especial importancia en Boyacá y en municipios de fuerte tradición transportadora como Duitama y Samacá. La propuesta podría tener efectos pensionales para los conductores, aunque la información conocida hasta ahora no permite establecer cómo operarían esos beneficios ni cuál sería su costo.
Si el Congreso aprueba el proyecto radicado por el representante boyacense Héctor David Chaparro, conducir profesionalmente camiones y buses por las carreteras del país podría ser reconocido legalmente como una actividad de alto riesgo, una decisión que tendría efectos sobre las condiciones pensionales de quienes han dedicado buena parte de su vida a este oficio.
La iniciativa, denominada “Dignificación del Transportador”, busca incluir el transporte terrestre automotor de carga y pasajeros por carretera entre las actividades consideradas de alto riesgo para la salud de los trabajadores.
La propuesta tendría particular importancia en Boyacá, en donde la carretera continúa siendo fundamental para movilizar personas y buena parte de la producción agrícola, minera e industrial del departamento, y existen municipios cuya economía e historia están particularmente ligadas a los camiones, buses y empresas transportadoras.
Uno de ellos es Duitama, que por su ubicación sobre uno de los principales corredores del centro-oriente colombiano y su cercanía con el eje industrial Paipa-Nobsa-Sogamoso se consolidó como uno de los grandes centros del transporte boyacense. Alrededor de esta actividad crecieron empresas de carga y pasajeros, talleres, estaciones de servicio, comercio de repuestos y numerosos servicios.
Samacá es otro municipio con una fuerte tradición transportadora, particularmente de carga, asociada durante décadas a la actividad minera, carbonífera, agrícola y comercial de esa zona del departamento.
En municipios como estos, ser transportador no representa únicamente un oficio. El camión y el bus han sido durante décadas fuente de empleo, patrimonio de numerosas familias y soporte de otras actividades económicas. Detrás de ese movimiento están conductores que pueden pasar buena parte de su vida laboral frente al volante.
El proyecto de Chaparro pretende adicionar esta actividad a las contempladas en el Decreto Ley 2090 de 2003, que regula los trabajos considerados de alto riesgo por sus posibles efectos sobre la expectativa de vida saludable de quienes los desempeñan.
El régimen contempla condiciones especiales para acceder a la pensión de vejez y una cotización adicional destinada a financiar ese beneficio. Actualmente cobija, entre otros, determinados trabajos de minería subterránea, exposición a sustancias cancerígenas o radiaciones ionizantes y algunas labores desarrolladas por bomberos, controladores de tránsito aéreo y personal penitenciario.
El argumento de Chaparro y de los gremios que participaron en la elaboración de la iniciativa es que conducir durante años también ocasiona un desgaste físico y mental que debe ser reconocido por el Estado.
Los transportadores pueden estar sometidos durante buena parte de su vida laboral a extensas jornadas, vibraciones constantes, emisiones de diésel, fatiga, alteraciones del sueño y la alimentación, problemas musculoesqueléticos y los riesgos propios de permanecer durante horas en las carreteras.
“Detrás de cada vehículo hay un trabajador que entrega buena parte de su vida en las carreteras y que merece que el Estado reconozca las consecuencias de esa labor”, afirmó Chaparro.
El proyecto fue construido con organizaciones como Fedetranscarga, la Asamblea Nacional del Transporte, Colfecar, ATOA y Fuerza Camionera y, de acuerdo con la información entregada por el congresista, pretende cobijar tanto a trabajadores dependientes como independientes.
El anuncio abre, sin embargo, una discusión que irá mucho más allá de reconocer el riesgo que enfrentan los conductores.
La información divulgada hasta ahora sobre el proyecto no permite establecer con precisión cuáles serían las condiciones que tendría que cumplir un transportador para acceder al régimen especial ni cómo operaría el beneficio en todos los casos.
El primer asunto es pensional. Reconocer una actividad como de alto riesgo puede permitir acceder a condiciones especiales para la pensión de vejez, pero ello no significa que automáticamente todo conductor de camión o bus vaya a pensionarse anticipadamente.
Tendrán que establecerse requisitos, semanas cotizadas bajo esa condición y demás exigencias para acceder al beneficio. Será especialmente importante saber qué ocurrirá con los transportadores que llevan 20, 30 o más años en las carreteras cuando la eventual ley apenas comenzaría a regir.
El régimen vigente para actividades de alto riesgo contempla una cotización adicional para financiar las condiciones especiales de pensión. Por eso, una de las preguntas centrales será cuánto costaría incorporar a los transportadores y quién tendría que asumir ese mayor aporte.
Para los conductores vinculados laboralmente a empresas deberá establecerse cómo operaría esa obligación. Pero el interrogante es todavía más relevante en el transporte de carga, donde existen numerosos propietarios que conducen sus propios vehículos y trabajadores que ejercen el oficio de manera independiente.
El comunicado de Chaparro señala expresamente que la iniciativa pretende incluir tanto a trabajadores dependientes como independientes, pero la información conocida hasta ahora no explica cómo funcionaría para estos últimos el aporte adicional requerido por un régimen de alto riesgo.
Ese puede convertirse en uno de los puntos determinantes de la discusión: cómo garantizar un beneficio pensional especial a un conductor independiente sin imponerle una carga económica que termine haciendo imposible acceder al mismo beneficio que se pretende otorgarle.
También será necesario conocer cómo se demostrará que una persona ha ejercido permanentemente la actividad. Mientras una empresa puede certificar los años trabajados por un conductor contratado, la trayectoria laboral de un camionero independiente durante décadas puede ser mucho más difícil de acreditar.
Estas preguntas no significan necesariamente que el proyecto carezca de respuestas. La iniciativa apenas fue radicada y deberá conocerse y estudiarse integralmente durante su trámite en el Congreso.
Pero sí muestran que detrás de una propuesta que, en principio, resulta favorable para los transportadores existe una discusión pensional, laboral y financiera mucho más compleja.
Para Boyacá, y particularmente para poblaciones de tradición transportadora como Duitama y Samacá, el debate no será distante. Puede involucrar a conductores y familias que durante décadas han vivido de las carreteras.
La intención del proyecto es reconocer el desgaste que implica pasar buena parte de la vida detrás del volante. Ahora el Congreso tendrá que determinar cómo convertir ese reconocimiento en un beneficio pensional real, quién podrá recibirlo y cómo se financiará.
