La exconsejera presidencial para las Regiones aseguró que demostrará su inocencia en juicio y afirmó que fue enviada a prisión con pruebas manipuladas. Al mismo tiempo, la Fiscalía investiga por presunto falso testimonio al hombre cuya declaración sustentó buena parte de las acusaciones en el caso.
El proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los más sonados del país en los últimos años, dio un giro que podría modificar el rumbo de la investigación y beneficiar a la exconsejera presidencial para las Regiones, la boyacense Sandra Ortiz.
La exfuncionaria rompió el silencio a través de su cuenta en la red social X para insistir en su inocencia y denunciar que el proceso en su contra se construyó sobre pruebas supuestamente manipuladas y el testimonio de una persona que ahora es investigada por la propia Fiscalía.
“Me privaron de la libertad con chats alterados, testigo falso y acusaciones que no resisten la verdad. Los invito a acompañar mi juicio. Allí demostraré mi inocencia y el país conocerá cómo se construyó esta cortina de humo para proteger a los que realmente se robaron la UNGRD”, escribió Ortiz.
Su pronunciamiento coincide con un nuevo capítulo dentro del expediente judicial: Pedro Castro, el presunto prestamista que aseguró haber entregado los 4.000 millones de pesos en efectivo que, según la investigación, fueron utilizados para el pago de sobornos, es ahora objeto de una investigación por el delito de falso testimonio.
La declaración de Castro había sido considerada una de las piezas fundamentales de la investigación adelantada contra el expresidente del Senado, Iván Name; el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle; y la propia Sandra Ortiz.
No obstante, nuevas evidencias y testimonios recopilados dentro de la Fiscalía habrían puesto en duda la veracidad de sus afirmaciones. De acuerdo con información conocida dentro del proceso, un despacho distinto al que dirige la investigación principal ya adelantó interrogatorios y reunió elementos materiales probatorios que permitirían concluir que el testigo habría mentido ante la justicia.
Si la Fiscalía formaliza la imputación contra Castro en los próximos días, como se prevé, la credibilidad de una parte importante del soporte probatorio del caso podría verse seriamente afectada.
Para la defensa de Sandra Ortiz, este hecho reforzaría la tesis de que en el expediente existieron irregularidades, entre ellas la supuesta alteración de conversaciones de chat y la utilización de un testimonio falso para sustentar las acusaciones.
El juicio contra la exconsejera presidencial será el escenario donde intentará demostrar esas afirmaciones. Entre tanto, la investigación por el millonario desfalco a la UNGRD entra en una nueva etapa que podría redefinir la responsabilidad de varios de los protagonistas del escándalo y obligar a la Fiscalía a revisar parte de las pruebas que sustentan uno de los procesos por corrupción más importantes del país.
Para Boyacá, el desarrollo del caso tiene especial relevancia, ya que Sandra Ortiz es una de las figuras políticas de mayor reconocimiento surgidas del departamento y su situación judicial ha estado en el centro del debate nacional desde que estalló el escándalo de la UNGRD. Si las nuevas investigaciones terminan desvirtuando algunas de las pruebas utilizadas en su contra, el proceso podría experimentar un cambio sustancial en los próximos meses.
