Más allá del precio, el debate que plantea su posible eliminación debiera centrarse en si una política de salud pública que ya muestra cambios en el consumo debe desmontarse o evaluarse antes de tomar una decisión.
Los llamados impuestos saludables volvieron al centro de la discusión política en Colombia luego de que los congresistas Daniel Briceño y Carol Borda promovieran proyectos para eliminarlos. El debate enfrenta dos argumentos: quienes cuestionan el impacto del gravamen sobre el precio de los alimentos y el bolsillo de los consumidores, y quienes sostienen que el impuesto debe analizarse por su propósito principal: desincentivar el consumo de productos asociados con problemas de salud.
Los tributos fueron creados mediante el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022 y empezaron a aplicarse en noviembre de 2023. Gravan las bebidas ultraprocesadas azucaradas y determinados productos comestibles ultraprocesados con altos contenidos de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
La pregunta, por tanto, no es solamente cuánto cuesta hoy una gaseosa, una bebida azucarada o un producto ultraprocesado. También es si el impuesto ha conseguido modificar los comportamientos que pretendía modificar.
¿Ha servido?
Los datos disponibles apuntan a que sí existen cambios que merecen ser evaluados antes de desmontar la medida.
Un análisis de ANIF encontró que entre 2022 y 2024 el consumo diario de bebidas azucaradas cayó de 24,6 % a 22,6 % entre jóvenes de 12 a 28 años, mientras que entre los adultos pasó de 24,9 % a 19,2 %.
Esto no permite afirmar, por sí solo, que toda la reducción sea consecuencia exclusiva del impuesto. Hay otros factores que pueden incidir en los hábitos alimentarios. Pero sí plantea una pregunta fundamental para el Congreso: si la política está asociada con una reducción del consumo, ¿no debería medirse con mayor profundidad antes de eliminarla?
Además, los impuestos han generado recaudo. Entre enero y noviembre de 2024 se habían recaudado alrededor de $2,2 billones, según ANIF, entre el gravamen a bebidas azucaradas y el aplicado a determinados ultraprocesados.
La Organización Mundial de la Salud, entretanto, mantiene una posición favorable a este tipo de herramientas. En 2026 volvió a pedir a los gobiernos fortalecer los impuestos sobre bebidas azucaradas, al considerar que pueden reducir el consumo de productos perjudiciales y generar ingresos públicos.
El argumento para desmontarlo
Los críticos sostienen que el impuesto encarece productos de consumo cotidiano y puede afectar especialmente a los hogares de menores ingresos. Ese es precisamente uno de los argumentos utilizados en los proyectos que actualmente buscan desmontarlo. La Cámara registra, entre otras iniciativas, el Proyecto 012/2026C, cuyo objeto es eliminar el impuesto a determinados productos ultraprocesados alegando impacto sobre la canasta básica y el poder adquisitivo.
Pero existe otra manera de plantear la discusión.
Si el impuesto aumenta el precio de determinados productos y, al mismo tiempo, contribuye a que sean menos consumidos, ¿ese efecto debe considerarse un fracaso o precisamente el resultado que buscaba la política?
La discusión también debería incluir qué ocurre con los costos que no aparecen en la etiqueta del producto: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles asociadas con dietas poco saludables.
Por eso, antes de desmontar los impuestos saludables, el país enfrenta una pregunta que va más allá de la disputa entre Gobierno, Congreso, consumidores y comerciantes:
#ForoaDIARIO | El impuesto saludable habría reducido el consumo de bebidas azucaradas y así reducir enfermedades a largo plazo, según datos de ANIF. Para el representante Daniel Briceño el costo lo terminó pagando el tendero de barrio. ¿Qué debe Colombia hacer con ese gravado?
— EL DIARIO BOYACÁ (@ELDIARIOBOYACA) September 7, 2026
