Boyacá es el departamento con más infraestructura comprometida en la disputa contractual entre TV Azteca y Andean Tower Partners: 72 de los 419 sitios identificados por la CRC están en territorio boyacense. Pequeños operadores que utilizan la red de TV Azteca prestan internet en 54 municipios del departamento. No hay hasta ahora una interrupción confirmada, pero el senador John Amaya pidió un plan de contingencia ante el riesgo de que resulten afectados usuarios, alcaldías, colegios, hospitales, empresas y otras entidades.
Una disputa contractual entre dos empresas privadas podría terminar afectando servicios de internet y comunicaciones en Boyacá, y el departamento aparece como el territorio del país con mayor cantidad de infraestructura involucrada en el problema.
Se trata de un conflicto entre TV Azteca Sucursal Colombia y Andean Tower Partners Colombia (ATP) alrededor de los contratos mediante los cuales TV Azteca utiliza sitios de infraestructura de ATP para instalar equipos que soportan parte de su red de telecomunicaciones.
El problema deja de ser simplemente una pelea entre empresas cuando aparece la posibilidad de que esos equipos fueran retirados.
¿Por qué eso podría afectar a los ciudadanos?
Porque TV Azteca no solamente utiliza esa infraestructura para atender clientes propios. De su red también dependen pequeños proveedores regionales de internet que, a su vez, llevan conectividad a hogares, empresas e instituciones en numerosos municipios. Y Boyacá es el departamento más expuesto a una eventual afectación.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) identificó 419 sitios de infraestructura potencialmente involucrados en la controversia en todo el país.
De ellos, 72 están ubicados en Boyacá, la mayor concentración entre todos los departamentos. Le siguen Nariño, con 47; Cundinamarca, con 46, y Santander, con 45.
Pero hay otro dato que permite entender mejor la dimensión del problema en el departamento: pequeños proveedores de internet que se conectan a la red de TV Azteca tienen presencia en 54 municipios de Boyacá. Eso no quiere decir que 54 municipios vayan a quedar totalmente sin internet.
El riesgo consiste en que clientes y usuarios que reciben sus servicios a través de operadores que dependen de esa infraestructura podrían sufrir interrupciones si los equipos involucrados son desmontados y no existen rutas alternativas que permitan mantener las comunicaciones.
El origen del problema está en contratos de arrendamiento de infraestructura. ATP sostiene que existieron incumplimientos y obligaciones pendientes que le permitieron dar por terminados los contratos mediante los cuales TV Azteca mantiene equipos instalados en sus sitios.
TV Azteca controvierte esa posición: discute la existencia y exigibilidad de la deuda y también la validez de la terminación de los contratos. Considera que esas diferencias deben resolverse dentro de su proceso de reorganización y mediante los mecanismos judiciales o arbitrales correspondientes.
La CRC ha sido clara en un punto: no le corresponde decidir cuál de las dos empresas tiene la razón en esa controversia contractual. Su preocupación es otra: que la pelea termine perjudicando a los usuarios.
El escenario que encendió las alarmas fue la posibilidad de que ATP procediera al retiro de equipos de TV Azteca instalados en la infraestructura objeto de la controversia.
Si se desmontan equipos indispensables para transportar las comunicaciones y no existen mecanismos alternativos, podrían presentarse interrupciones en los servicios que dependen de ellos. Y el problema podría extenderse más allá de hogares particulares.
Según la información analizada por la CRC, a nivel nacional existen 500 clientes de TV Azteca potencialmente involucrados, entre pequeños proveedores de internet, negocios, empresas, entidades públicas, instituciones educativas, centros hospitalarios, EPS y otros prestadores de telecomunicaciones.
Entre ellos se encuentran 245 pequeños proveedores de internet, que atienden aproximadamente 57.780 accesos fijos en 261 municipios de 23 departamentos.
Ese es precisamente el punto sobre el cual llamó la atención el senador boyacense John Amaya, integrante de la Comisión Sexta del Senado.
El congresista pidió al Ministerio TIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que no esperen a que ocurra una interrupción y que se garantice desde ahora un verdadero plan de contingencia.
“La CRC ya dio un reporte de cuáles son los posibles afectados (…) y ahí encontramos entidades públicas como alcaldías, encontramos escuelas, encontramos hospitales y creo que debe ser un llamado urgente a tener un plan de contingencia”, señaló Amaya.
El senador considera especialmente preocupante la situación de Boyacá debido a que concentra 72 nodos potencialmente involucrados, más que cualquier otro departamento del país.
“Hago una invitación a esta comisión a que estemos atentos a que ese plan de contingencia se materialice y que podamos hacer frente a esta posible desconexión de gran parte de los servicios de comunicaciones del país”, afirmó.
¿Ya se está cayendo el internet? No. Ese es un punto fundamental para no generar una alarma mayor de la que realmente existe.
La CRC ha señalado que la identificación de infraestructura, clientes y municipios potencialmente involucrados no significa que actualmente exista una interrupción confirmada de los servicios. Lo que existe es un riesgo que llevó al organismo regulador a pedir medidas preventivas.
La CRC ha reclamado coordinación entre las compañías, planes de contingencia, evaluación de rutas alternativas y comunicación oportuna con los clientes que eventualmente pudieran resultar afectados.
Por ahora no es posible establecer cuánto podría durar una eventual interrupción de los servicios. Una eventual afectación dependería de factores como los equipos que fueran retirados, los servicios que dependan de cada sitio, la existencia de rutas alternativas y la rapidez con la que operadores y autoridades activen sus planes de contingencia.
Por esa razón, el reclamo de Amaya apunta precisamente a actuar antes de que se produzca una desconexión. “Hace muchos años discutíamos los riesgos que existían de concentrar la infraestructura de comunicaciones solo en una empresa y hoy está pasando que se está materializando ese riesgo”, sostuvo el senador.
El caso tiene así dos discusiones diferentes. La primera es comercial y jurídica, y deberá determinar quién tiene la razón en el enfrentamiento entre TV Azteca y ATP.
La segunda es de interés público: evitar que mientras las empresas resuelven su pelea sean los usuarios, empresas, hospitales, colegios, alcaldías y otras instituciones quienes terminen pagando las consecuencias.
Y en esa segunda discusión Boyacá tiene mucho en juego: es el departamento con mayor número de sitios de infraestructura potencialmente involucrados en todo el país.
