La senadora boyacense del Centro Democrático cuestionó la forma en que se estaría aplicando la protección del ecosistema y pidió al Ministerio de Ambiente tener en cuenta a las comunidades que habitan el territorio. Propuso recuperar la figura de los guardabosques y generar alternativas para las familias paramunas.
La discusión sobre la protección del Páramo de Pisba vuelve a poner sobre la mesa la relación entre conservación ambiental y las condiciones de vida de las comunidades que históricamente han habitado este territorio.
La senadora boyacense del Centro Democrático, Zandra Bernal, pidió al Ministerio de Ambiente revisar la aplicación de la Ley 1930 de 2018 y escuchar a los habitantes del páramo antes de adoptar decisiones que puedan afectar sus actividades económicas.
“El Páramo de Pisba no se puede proteger desde un escritorio”, señaló la congresista.
Bernal dirigió su mensaje al ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y sostuvo que en el norte de Boyacá existen familias que han vivido y trabajado durante generaciones en las zonas vinculadas al ecosistema.
Según la senadora, entre quienes deberían ser escuchados están mineros, campesinos y habitantes tradicionales del páramo, debido a las restricciones que enfrentan y que, de acuerdo con su planteamiento, pueden poner en riesgo sus fuentes de sustento.
“Proteger el páramo sí, pero también proteger a su gente”, afirmó Bernal.
La Ley 1930 contempla alternativas para habitantes tradicionales
La discusión no es nueva. La propia Ley 1930 de 2018, que establece disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia, contempla un enfoque diferencial para los habitantes tradicionales de estos ecosistemas.
La norma establece que las entidades del Estado deben desarrollar programas de sustitución y reconversión para actividades agropecuarias de alto impacto y para pequeños mineros tradicionales que se desarrollaban antes del 16 de junio de 2011 dentro del área delimitada. El objetivo es avanzar en la conservación del páramo sin desconocer las condiciones de las comunidades que dependen de estas actividades.
La Ley 1930 también establece que la delimitación de los páramos debe estar acompañada de procesos de gestión y que las autoridades deben considerar las particularidades de quienes habitan tradicionalmente estos territorios.
Pisba: una delimitación que lleva años en discusión
El caso del Páramo de Pisba ha estado marcado precisamente por la necesidad de garantizar la participación de las comunidades.
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El proceso de delimitación fue objeto de decisiones judiciales que ordenaron desarrollar una convocatoria pública, amplia y participativa. El Ministerio de Ambiente reconoce dentro del proceso la necesidad de incorporar información y participación de las comunidades y de otros actores del territorio.
En 2023 se abrió la fase de concertación con los municipios vinculados al páramo, mientras que en abril de 2026 el Ministerio informó que había alcanzado consensos con seis de los 13 municipios que hacen parte del proceso, equivalente al 45 % de avance en las concertaciones.
Los temas de concertación incluyen precisamente asuntos como la delimitación, la reconversión y sustitución de actividades agropecuarias y mineras, la protección de fuentes hídricas y los mecanismos de coordinación y financiación.
Bernal propone recuperar los guardabosques
Dentro de su propuesta, la senadora planteó “volver a los guardabosques” y crear oportunidades para las familias que viven en las zonas paramunas de Boyacá.
La idea apunta, según su planteamiento, a combinar la protección ambiental con la participación de quienes conocen directamente el territorio.
La discusión plantea así una tensión que ha acompañado durante años la protección de los páramos: cómo garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos para el agua sin convertir las medidas ambientales en una amenaza para las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.
En el caso de Pisba, además, el propio proceso institucional ha reconocido la importancia de incorporar las dimensiones ambientales, sociales y económicas de la zona en las decisiones de delimitación.
Por ahora, el pronunciamiento de Bernal constituye una posición política frente a la gestión del páramo. Su llamado al Ministerio de Ambiente es que las decisiones se construyan con quienes viven en el territorio y que la protección ambiental esté acompañada de alternativas para las comunidades.
