El Comité del Paro Minero considera que la decisión, que incluye el distrito Sugamuxi-Tundama, abre la posibilidad de recuperar la confianza en el sector carbonero. Al nuevo Gobierno le propone una agenda centrada en seguridad jurídica, reactivación económica, alivios tributarios y protección del empleo.
La derogatoria de las resoluciones que delimitaron los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva fue recibida con satisfacción por el Comité del Paro Minero de Boyacá y Cundinamarca, que considera que la decisión abre una oportunidad para recuperar la confianza y la actividad económica del sector carbonero.
En un pronunciamiento fechado este 30 de octubre en Paipa, el Comité destacó especialmente la derogatoria de la Resolución 40251 de 2026, que correspondía al distrito Sugamuxi-Tundama y comprendía municipios de tradición minera como Paipa, Sogamoso, Tópaga, Corrales, Gámeza y Mongua, entre otros.
Según la organización, durante el gobierno de Gustavo Petro la creación de estos distritos, en el marco de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 977 de 2024, generó preocupación entre pequeños mineros, operadores y trabajadores del carbón. Aunque la propuesta oficial hablaba de formalización, desarrollo y diversificación productiva, el Comité sostiene que quedaron dudas sobre la continuidad de las explotaciones legales, el futuro de la actividad y las garantías para las familias que dependen de ella.
El documento señala que la falta de claridad sobre la reconversión productiva, la ausencia de alternativas económicas concretas y la participación insuficiente de los pequeños mineros alimentaron la incertidumbre jurídica en una región cuya economía depende, en buena medida, de la minería del carbón.
Con la derogatoria, el Comité plantea abrir una nueva etapa de diálogo con el Gobierno nacional, ahora encabezado por Abelardo de la Espriella. Para ello propone una agenda de seis puntos: reglas claras y estabilidad jurídica para los titulares y pequeños mineros legales; recuperación de mercados y fortalecimiento de la comercialización del carbón colombiano; revisión de los impuestos y gravámenes que afectan la competitividad; financiación, formalización y asistencia técnica para la pequeña minería; protección del empleo, y participación efectiva de las comunidades mineras en las decisiones que comprometan el futuro de sus territorios.
El Comité también se pronunció sobre la transición energética. Dice respaldar un proceso ordenado, gradual, justo y responsable, pero advierte que no debe desconocer la realidad económica de las regiones ni buscar el reemplazo apresurado de una actividad que, según señala, genera empleo, inversión y desarrollo.
“Los mineros no pedimos privilegios. Pedimos respeto, seguridad jurídica, oportunidades para trabajar y condiciones que nos permitan seguir generando empleo y aportando al desarrollo de Colombia”, expresa el comunicado.
La organización espera que la derogatoria marque el comienzo de una nueva relación entre el Gobierno nacional y las comunidades mineras, basada en el diálogo y el reconocimiento del papel histórico del carbón en las economías de Boyacá y Cundinamarca.
