Mientras una parte del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque se quema y centenares de personas luchan desde hace varios días contra uno de los incendios forestales más graves que ha enfrentado Boyacá en los últimos años, resulta inevitable preguntarse si el país tiene realmente los recursos, la tecnología y la capacidad de reacción necesarios para enfrentar emergencias de esta magnitud. Y, especialmente, cuáles son las prioridades del Estado a la hora de invertir los recursos públicos.
No lo van a decir fácilmente los ministros ni los altos funcionarios del Gobierno nacional. Probablemente tampoco el Gobierno departamental, que necesita mantener buenas relaciones con la Casa de Nariño, ni buena parte de los congresistas boyacenses. Pero después de cuatro días de emergencia, cientos de hectáreas arrasadas y el fuego extendido hasta el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, es necesario plantear una discusión que va mucho más allá del incendio de Villa de Leyva: ¿cuáles son realmente las prioridades del Estado colombiano?
Hace apenas unos días, el representante a la Cámara José Luis Bohórquez reveló, con información obtenida del Ministerio de Defensa, que los desplazamientos aéreos del presidente Abelardo de la Espriella les costaron a los colombianos $2.286 millones entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre. Fueron 219 trayectos y 138 de ellos duraron menos de diez minutos. Este martes, el mismo congresista cuestionó otro gasto del Gobierno: “¡No es chiste! Mientras se necesitan helicópteros y recursos para apagar incendios, van a gastar recurso público sacando monedas bañadas en oro y con un tigre”.
No se trata de afirmar que los $2.286 millones gastados en los desplazamientos presidenciales hubieran servido para apagar el incendio de Villa de Leyva, ni de sostener que cada vuelo del Presidente sea innecesario. Esa sería una comparación demasiado elemental. Pero las cifras sí permiten formular una pregunta válida: ¿en qué decide gastar el Estado y qué tan preparado está para responder cuando una emergencia pone a prueba sus verdaderas prioridades?
El incendio comenzó el sábado en la tarde en el cerro San Marcos y esa misma noche ya era evidente que estaba dejando de ser una emergencia menor. Las llamas avanzaban, el viento ayudaba a propagarlas y desde distintos sectores de Villa de Leyva podía verse la montaña encendida. A las diez de la noche ya había llamados públicos solicitando aeronaves, pero el apoyo aéreo comenzó a llegar el domingo, cuando habían transcurrido muchas horas desde el comienzo de la emergencia. Algunos testimonios hablan de más de doce horas y el senador John Amaya aseguró que transcurrieron cerca de veinte entre la solicitud de apoyo y la llegada del primer helicóptero.
¿Se habría apagado el incendio si las aeronaves hubieran llegado antes? Nadie puede asegurarlo. Un incendio forestal depende del viento, la temperatura, la humedad, la vegetación, la topografía y muchas otras circunstancias. Sería irresponsable afirmar que unas aeronaves más, unas horas antes, habrían cambiado completamente la historia. Pero también sería irresponsable no preguntar qué ocurrió durante todo ese tiempo, porque cuatro días después ya no estamos hablando solamente de las montañas que rodean a Villa de Leyva. Estamos hablando de Iguaque.
Los balances preliminares conocidos este martes hablan de cerca de 1.200 hectáreas afectadas por la emergencia, alrededor de 715 de ellas dentro del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, aunque otros reportes calculan en cerca de 800 las hectáreas comprometidas dentro del área protegida. Habrá que esperar la medición técnica definitiva para conocer la verdadera dimensión del daño, pero hay algo que no admite discusión: Iguaque no es cualquier montaña. Es uno de los ecosistemas más importantes de Boyacá, refugio de fauna y flora y una zona fundamental para la conservación y regulación del agua. Lo que allí se está quemando no se recuperará cuando el último bombero apague la última llama. Puede tardar décadas.
La respuesta aérea, mientras tanto, ha resultado limitada frente a la dimensión que alcanzó la emergencia. Boyacá contrató dos helicópteros y la Nación dispuso otras aeronaves en diferentes momentos. El domingo llegaron a trabajar cuatro helicópteros simultáneamente y este martes se reportaban tres apoyando las labores. Esto no puede desconocer el enorme esfuerzo de centenares de bomberos, soldados, policías, integrantes de la Defensa Civil y la Cruz Roja, funcionarios, campesinos y voluntarios que llevan días enfrentando el fuego. A ellos hay que reconocerles una labor extraordinaria. El cuestionamiento está dirigido a otra parte: ¿esa es toda la capacidad que tiene Colombia para enfrentar un incendio de semejante magnitud?
También tendrá que explicarse qué capacidad existe para operar durante la noche. Colombia ha utilizado aeronaves equipadas con sistemas de visión nocturna para combatir incendios forestales. Eso no significa que una operación semejante pudiera realizarse automáticamente en Villa de Leyva o Iguaque. Volar de noche, a baja altura, entre montañas, humo, viento, árboles, cables y fuego supone enormes riesgos y corresponde a los especialistas determinar si existen las condiciones necesarias. Pero si el país posee esa capacidad, es válido preguntar si se evaluó utilizarla durante esta emergencia.
La discusión, sin embargo, debería ir mucho más allá de contar helicópteros. Los países acostumbrados a enfrentar grandes incendios entendieron hace tiempo que estas emergencias requieren brigadas especializadas, maquinaria, drones térmicos, cámaras infrarrojas, información satelital prácticamente en tiempo real, sistemas meteorológicos y tecnología capaz de anticipar hacia dónde puede avanzar el fuego. Esas herramientas permiten establecer dónde está la cabeza del incendio, cuáles son los puntos más calientes, hacia dónde soplará el viento y dónde deben concentrarse hombres, máquinas y aeronaves.
Entonces hay que preguntarnos qué tenemos en Boyacá y qué tiene Colombia. ¿Hay suficientes drones térmicos, cámaras infrarrojas, información satelital en tiempo real, equipos especializados disponibles inmediatamente y aeronaves suficientes para atender varias emergencias al mismo tiempo? Porque este incendio puede ser apenas una advertencia. El país enfrenta una temporada seca especialmente complicada y en Boyacá llevamos semanas hablando de municipios con dificultades de abastecimiento de agua y alto riesgo de incendios forestales.
Lo ocurrido en Villa de Leyva e Iguaque debería obligar al Gobierno nacional, al Gobierno de Boyacá y a las autoridades municipales a revisar desde ahora, y no después de la próxima tragedia, cuánto se está invirtiendo en prevención y atención de desastres y qué capacidad real existe para enfrentar incendios forestales de gran magnitud.
Y aquí aparece nuevamente la discusión sobre las prioridades. El Gobierno puede gastar $2.286 millones en un mes en los desplazamientos aéreos del Presidente, puede decidir acuñar monedas conmemorativas y el Estado puede invertir billones de pesos en aviones de combate. Cada una de esas decisiones tendrá explicaciones administrativas, políticas, económicas o estratégicas y deberá analizarse dentro de su propio contexto. Pero un Estado también se mide por aquello para lo que encuentra recursos y, especialmente, por aquello para lo que está preparado cuando llega una emergencia.
Durante estos cuatro días Boyacá ha visto a bomberos agotados, campesinos, soldados, policías, voluntarios y funcionarios tratando de contener un incendio gigantesco con los recursos disponibles; ha visto helicópteros ir y venir cargando agua y comunidades enteras organizándose para llevar alimentos, herramientas y agua a quienes combaten las llamas.
Y también ha visto arder Iguaque. Cuando se apague el último foco no puede terminar esta discusión. Habrá que establecer qué falló, qué hizo falta, qué pudo hacerse antes y, especialmente, qué va a cambiar después de esta emergencia. Porque las prioridades de un gobierno no se conocen solamente por sus discursos, sus anuncios o sus presupuestos.
También se conocen cuando llega una emergencia y queda en evidencia para qué estaba preparado el Estado y para qué no.
