A cuatro semanas de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, Boyacá tiene el derecho de esperar un trato acorde con el respaldo que le dio en las urnas y de exigir que las diferencias políticas surgidas durante la campaña no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo del departamento.
Las cifras son elocuentes. Al finalizar los escrutinios, Abelardo de la Espriella obtuvo a nivel nacional 12.960.166 votos (49,66 %) frente a los 12.708.312 (48,70 %) alcanzados por Iván Cepeda. La diferencia fue de apenas 251.854 sufragios, equivalente a 0,96 puntos porcentuales.
En Boyacá, en cambio, la ventaja fue mucho más amplia. El hoy presidente electo consiguió 404.057 votos (60,22 %), mientras que Iván Cepeda obtuvo 256.199 (38,21 %). La diferencia fue de 147.858 votos y De la Espriella ganó en 119 de los 123 municipios del departamento.
En otras palabras, Boyacá hizo un aporte decisivo a la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria y, por lo tanto, tiene plena legitimidad para esperar que sus necesidades sean escuchadas desde el primer día del nuevo gobierno.
Sin embargo, ese respaldo electoral contrasta con el ambiente político que dejó la campaña presidencial. Abelardo de la Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobernador Carlos Andrés Amaya. Incluso, dos días antes de la segunda vuelta, lo acusó públicamente de utilizar su cargo para presionar alcaldes y contratistas en favor del candidato del Pacto Histórico.
Amaya respondió que se trataba de afirmaciones propias de una contienda electoral. Aseguró que durante la campaña se limitó a ejercer sus funciones como gobernador y sostuvo que su actuación estuvo orientada a promover el voto libre, el respeto por las diferencias y la no agresión. Terminada la elección, reconoció el triunfo de De la Espriella, lo felicitó públicamente e hizo un llamado a respetar la decisión de las urnas.
Aun así, nadie puede desconocer que la relación entre ambos mandatarios comenzó en medio de profundas diferencias y que, durante el año y medio en que coincidirán en sus cargos, existe el riesgo de que esas tensiones terminen afectando al departamento. Boyacá no puede darse ese lujo.
El presidente electo ha anunciado que ejecutará el presupuesto nacional desde las provincias, directamente en las regiones, privilegiando los proyectos estratégicos y la protección de los recursos públicos. Si ese compromiso se cumple, Boyacá tiene una oportunidad histórica que no debería desperdiciar.
Los primeros empalmes regionales comenzaron en los Santanderes y continuaron en Casanare, sin pasar por Boyacá. La coincidencia con las vacaciones del Gobernador y su agenda internacional puede ser apenas eso, una coincidencia, pero también deja un mensaje político que conviene despejar cuanto antes.
En Casanare, De la Espriella pidió al Gobernador de ese departamento y a los alcaldes priorizar las iniciativas que ya cuentan con estudios y diseños para gestionar su financiación, incluso mediante organismos multilaterales. Esa misma tarea debería estar adelantándose en Boyacá.
Porque la verdadera discusión no debe centrarse en la relación personal entre el Presidente y el Gobernador. Lo verdaderamente importante es que Boyacá llegue al nuevo Gobierno con una agenda común y un portafolio de proyectos estratégicos claramente priorizados.
Y esa agenda existe desde hace años. Boyacá necesita sacar del papel el tren de pasajeros, que sigue siendo una aspiración regional; construir las variantes de Paipa y Duitama para aliviar el tráfico y solucionar problemas de movilidad; avanzar en el proyecto de la doble calzada hacia Villa de Leyva y en las salidas de Tunja hacia Bogotá, Paipa, Moniquirá y Villa de Leyva; terminar la carretera entre Duitama y Charalá; ejecutar el POMCA del río Alto Chicamocha para recuperar una de las cuencas más importantes del departamento; convertir en realidad la quinta unidad de Termopaipa para fortalecer la seguridad energética del país, y destrabar otros proyectos de infraestructura que llevan años atrapados entre estudios, anuncios y promesas.
No sería admisible que las diferencias políticas terminaran convirtiéndose en un castigo para más de un millón de boyacenses. El Presidente tiene la obligación constitucional de gobernar para todos los colombianos, y el Gobernador tiene el deber de tender los puentes necesarios para defender los intereses del departamento.
La campaña terminó. Ahora comienza el tiempo del gobierno. Ni el orgullo, ni los agravios, ni las cuentas pendientes pueden pesar más que el futuro de Boyacá.
Abelardo de la Espriella tiene una deuda política con Boyacá porque aquí obtuvo una de sus victorias más contundentes. Carlos Amaya tiene una obligación histórica con Boyacá porque fue elegido para defender los intereses de este departamento. Los dos están llamados a entender que el desarrollo de Boyacá no puede depender de simpatías personales ni de diferencias ideológicas. Los presidentes pasan. Los gobernadores también. Pero las oportunidades perdidas permanecen durante generaciones.
La historia no recordará quién ganó la última discusión de campaña; recordará quién fue capaz de poner a Boyacá por encima de la política, de los egos y de las diferencias, para anteponer los intereses de un departamento que históricamente le ha respondido a Colombia.
