Tunja no necesita más piezas publicitarias, requiere vías transitables, cronogramas claros y funcionarios dispuestos a responder preguntas.
La discusión que se abrió en redes sociales tras las denuncias ciudadanas por el deterioro de la salida Tunja–Moniquirá dejó al descubierto la distancia entre el discurso institucional y la realidad que viven diariamente conductores, motociclistas y viajeros.
El pasado 11 de marzo, el gobernador Carlos Amaya anunció con entusiasmo el inicio del “Plan Mi Ciudad” en Tunja. Los mensajes publicados hablaban de “la mayor intervención vial en la historia de la capital boyacense”, obras que “inician”, de maquinaria encendida y de una inversión superior a los 16 mil millones de pesos. Incluso, dentro de los tramos mencionados aparecía expresamente la salida hacia Moniquirá.
Dos meses después, ciudadanos siguen denunciando el mal estado de esa vía.
Ante las críticas, la Secretaría de Infraestructura responde —en un comentario en la fanpage de EL DIARIO—, que “en ningún momento se ha dicho que la vía se está arreglando”, y que el proceso contractual aún está en curso.

En la percepción pública quedó justamente la idea de que las intervenciones ya habían comenzado o estaban próximas a ejecutarse de manera inmediata.
La comunicación oficial fue emotiva y política. “¡Se prendió la máquina!”, decía el Gobernador, cuando la ciudadanía transitaba los cambios en la Alcaldía: destitución de Mikhail Krasnov como alcalde, denuncias y procesos judiciales por corrupción, un nuevo alcalde encargado, la angustia de los tunjanos por saber qué pasaría con la administración.
Por eso resulta legítimo que hoy la ciudadanía pregunte: ¿qué comenzó realmente?, ¿qué obras están efectivamente en ejecución?, ¿cuáles siguen apenas en trámite?, ¿y cuáles son los tiempos reales?
El debate no puede reducirse a una pelea de redes sociales ni a culpar exclusivamente al municipio o al departamento. Tunja atraviesa desde hace meses una crisis institucional, cambios administrativos y un desgaste político evidente.
Por eso la ciudadanía necesita información clara y verificable, no mensajes ambiguos que terminan aumentando la desconfianza, no solo publicidad en medios nacionales con anuncios de inauguraciones y reinaguraciones.
También preocupa la dificultad creciente para acceder a entrevistas o respuestas directas de algunos funcionarios y contratistas relacionados con estas obras. Desde EL DIARIO se ha insistido en que el Gobierno Departamental brinde una entrevista, pero ha sido imposible.
Un proyecto de esta magnitud no puede comunicarse únicamente mediante videos promocionales, publicaciones optimistas o comentarios aislados en Facebook. Las inversiones públicas exigen transparencia, rendición de cuentas y disposición al escrutinio periodístico.
Desde EL DIARIO consideramos que la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Infraestructura, la Alcaldía de Tunja y los operadores involucrados deben ofrecer una explicación pública detallada sobre el estado real del Plan Mi Ciudad: contratos adjudicados, cronogramas, tramos priorizados, fechas de inicio y responsables.
Tunja merece obras, no confusiones. Los ciudadanos merecen a respuestas claras.











