Lo que está pasando con el Aguinaldo Boyacense obliga a recordar las decisiones que tomó María Paula Jiménez durante sus últimos días como alcaldesa encargada de Tunja. Decisiones que hoy tienen en dificultades al gobierno de Rafael Acevedo y que podrían terminar costándoles dinero a los tunjanos.
María Paula Jiménez, cuyo principal antecedente público conocido era su paso como gestora social de Paz de Río, llegó a la Alcaldía prácticamente como una aparecida: sin trayectoria pública conocida en Tunja y designada por el gobernador Carlos Amaya para administrar la ciudad durante unos pocos meses. Su paso por el cargo fue breve, pero las decisiones contractuales de sus últimos días siguen generando controversia y podrían tener graves repercusiones.
El 24 de julio, dos días antes de las elecciones atípicas, su administración adjudicó el convenio del Aguinaldo por más de $14.285 millones. El domingo 26 fue elegido Rafael Acevedo y el lunes 27, cuando faltaban unas horas para su posesión, se firmó el acta de inicio. ¿Cuál era el afán de dejar amarrado semejante contrato?
Pero no fue lo único. Faltando pocos días para las elecciones, también contrató por cerca de $850 millones la celebración del Día del Campesino, evento que terminó rodeado de denuncias sobre un presunto favorecimiento a una candidatura. Un asunto que tampoco puede quedar sin explicación.
Es cierto que Jiménez tenía facultades para contratar hasta el último día de su encargo. Pero una cosa es poder hacerlo y otra muy distinta actuar con la prudencia y la responsabilidad que exige el manejo de los recursos públicos, especialmente cuando está por llegar un nuevo gobierno.
Ahora, la Alcaldía ha ordenado terminar el convenio del Aguinaldo por presuntas irregularidades constitucionales y legales, mientras la fundación contratista advierte sobre posibles reclamaciones judiciales. La decisión todavía puede ser controvertida. Y, como suele ocurrir, quienes tomaron las decisiones ya no están, pero los problemas sí quedaron.
María Paula Jiménez le debe explicaciones a Tunja. Y la Procuraduría y la Contraloría deberían investigar a fondo estas contrataciones y las actuaciones de los funcionarios que participaron en ellas. Si aparecen indicios de posibles delitos, también deberá intervenir la Fiscalía.
Lo ocurrido durante los últimos días de aquella administración fue, por utilizar un término bondadoso, una indelicadeza con el gobierno que llegaba y, sobre todo, con la ciudad.
A veces pareciera que Tunja sigue padeciendo la maldición de Hunzahúa. En los últimos años hemos pasado por administraciones que dejan más preguntas que respuestas: Alejandro Fúneme, con un empréstito de $93.848 millones cuyos proyectos todavía suscitan cuestionamientos sobre su ejecución y resultados; Mikhail Krasnov, con el controvertido contrato de Don Matías, señalado por un valor de $15.000 millones; y ahora una alcaldesa encargada cuyo breve paso por el gobierno municipal termina bajo la sombra de estas contrataciones.
Los cargos son pasajeros, pero las consecuencias de las malas decisiones pueden durar años. Y en Tunja llevamos demasiados años pagando las consecuencias.
