Tal como lo anticipó EL DIARIO el pasado 20 de octubre, el alcalde Rafael Acevedo decidió terminar el convenio suscrito con la Fundación Cultural Solsticio por presuntas irregularidades legales. Aunque el Municipio no ha desembolsado un solo peso, la decisión podría desencadenar una controversia judicial. Ahora la Administración tendrá que organizar en menos de 45 días la fiesta más importante de Tunja, posiblemente con menos recursos, pero con el desafío de responder a las expectativas de los ciudadanos.
El alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, tomó finalmente una decisión sobre el controvertido contrato del Aguinaldo Boyacense 2026: declarar la nulidad absoluta del convenio de asociación por $14.285 millones que la administración anterior había suscrito con la Fundación Cultural Solsticio para organizar la versión 71 de la fiesta más importante de los boyacenses.
La determinación confirma lo que EL DIARIO había anticipado desde el pasado 20 de octubre, cuando informó que la Alcaldía se inclinaba por terminar el contrato y advirtió sobre las posibles consecuencias jurídicas y económicas de esa decisión. Tres días después, mediante la Resolución 1557 del 23 de octubre, el alcalde ordenó la terminación y liquidación del convenio 1270 de 2026, al considerar que durante su contratación se incurrió en irregularidades que vulneraron normas constitucionales y legales.
El alcalde aseguró que su gobierno realizó un análisis jurídico durante más de dos meses antes de tomar la determinación. Sin embargo, el tiempo transcurrido también deja interrogantes. El acta de inicio del convenio fue firmada el 27 de julio, un día antes de que Acevedo asumiera el cargo, y la decisión de terminarlo llegó casi tres meses después, cuando faltan menos de dos meses para diciembre.
La Administración sostiene que necesitaba estudiar cuidadosamente el expediente para evitar decisiones precipitadas. Pero también cabe preguntarse si era necesario esperar tanto tiempo para resolver un asunto del que dependía la organización de una celebración que requiere varios meses de preparación.
“Es una fiesta que debemos conservar y preservar, pero también tenemos que velar por el cuidado de nuestros recursos”, manifestó Acevedo, acompañado de sus secretarios Jurídico y de Contratación y de varios asesores.
El convenio tenía un valor de $14.285 millones, de los cuales $10.000 millones correspondían al aporte municipal y aproximadamente $4.285 millones debían ser aportados por la Fundación Cultural Solsticio.
Uno de los principales cuestionamientos de la Alcaldía es que los recursos que debía aportar la fundación no estaban garantizados, pues dependían de ingresos futuros por boletería, patrocinios y otras actividades comerciales relacionadas con el evento.
También se encontró que el plazo para presentar propuestas fue de aproximadamente cinco días calendario, incluidos un sábado, un domingo y un festivo, lo que habría limitado la participación de otros interesados.
A esto se sumó la exigencia de contratar artistas determinados por sus nombres, una condición que, según la Administración, restringió la libre concurrencia de oferentes y vulneró los principios de transparencia, publicidad e igualdad.
El equipo jurídico también cuestionó la modalidad de contratación utilizada, el establecimiento de un anticipo que consideró improcedente para este tipo de convenios y la existencia de obligaciones genéricas que dificultarían exigir su cumplimiento.
Con base en estos hallazgos, la Alcaldía invocó la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral segundo del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, relacionada con la celebración de contratos contra expresa prohibición constitucional o legal. También señaló posibles vulneraciones del artículo 355 de la Constitución.
Uno de los aspectos que destacó la Administración es que, según el informe de supervisión, el convenio registra un avance físico del cero por ciento y una ejecución financiera también del cero por ciento.
Esto significa que el Municipio no ha desembolsado ninguno de los $10.000 millones comprometidos para la celebración.
Sin embargo, que no se hayan girado recursos públicos no significa necesariamente que el asunto esté resuelto desde el punto de vista económico y jurídico.
La Fundación Cultural Solsticio había advertido que adelantó actividades preparatorias, entre ellas trabajos relacionados con las carrozas, la programación artística y otros compromisos para la realización del evento. También había reclamado el desembolso inicial de $5.000 millones contemplado en el convenio.
La fundación podría acudir a la justicia para controvertir la decisión y reclamar los perjuicios que considere ocasionados. Eso no significa que tenga derecho automático a una indemnización, pero sí que existe el riesgo de una controversia contractual que podría prolongarse durante varios años y generar costos para el Municipio.
Por eso, uno de los asuntos que deberá esclarecerse es si realmente hubo actividades ejecutadas, qué compromisos adquirió Solsticio y cuáles podrían ser las consecuencias económicas de la terminación del convenio.
Antes de expedir la resolución, la Alcaldía escuchó al representante legal de la fundación en una reunión realizada el viernes 23 de octubre. Contra la decisión procede el recurso de reposición dentro de los diez días siguientes a su notificación.
La Administración también ordenó suspender las actividades comerciales derivadas del convenio, incluida la venta de boletería y la gestión de patrocinios.
Copia de la resolución fue enviada a la Contraloría Municipal y a la Procuraduría Provincial de Tunja. Según la Alcaldía, sobre este proceso ya existen dos investigaciones en la Procuraduría y una acción popular ante un juzgado administrativo.
Resuelto, por ahora, el camino administrativo para terminar el convenio, comienza una tarea posiblemente más difícil: organizar el Aguinaldo Boyacense 2026 en el poco tiempo que queda.
La celebración requiere contratar artistas, garantizar escenarios, sonido, iluminación, logística, seguridad, desfiles, carrozas y toda una programación cultural que tradicionalmente convoca a miles de tunjanos y visitantes. Y ahora habrá que hacerlo contra el reloj.
Acevedo aseguró que el Aguinaldo se realizará y que próximamente dará a conocer la nueva ruta para su organización. Pero todavía no se sabe qué mecanismo de contratación utilizará la Alcaldía, cuánto dinero destinará a la fiesta ni qué programación podrá ofrecer.
Tampoco está claro si se mantendrán los $10.000 millones inicialmente previstos como aporte municipal o si la Administración optará por una celebración más austera, con menos recursos y una programación diferente a la contemplada en el convenio que acaba de terminar.
Esta última posibilidad no tendría por qué significar necesariamente un Aguinaldo de menor calidad. La fiesta no depende exclusivamente de la cantidad de artistas nacionales contratados ni de los millones invertidos en conciertos. También están las tradiciones, las carrozas, los desfiles, la música popular, la participación de los barrios y el talento de los artistas boyacenses.
El Aguinaldo es, además, uno de los acontecimientos más importantes del año para el comercio, la hotelería, los restaurantes y numerosos sectores económicos de Tunja, que esperan diciembre como una oportunidad para aumentar sus ingresos.
Por eso, la responsabilidad que tiene ahora la Administración es enorme. No solamente deberá garantizar que la nueva contratación se ajuste a la ley y no repita los errores que denuncia del proceso anterior, sino que tendrá que ofrecer una programación capaz de llenar las expectativas de los tunjanos.
La decisión de terminar el convenio puede encontrar justificación en la necesidad de proteger los recursos públicos. Pero el alcalde también tendrá que explicar por qué tardó casi tres meses en adoptarla y cómo piensa recuperar el tiempo perdido.
Rafael Acevedo tiene ahora el desafío de demostrar que es posible hacer un buen Aguinaldo Boyacense, posiblemente con menos plata, sin sacrificar su calidad ni sus tradiciones.
Los tunjanos no tienen por qué terminar pagando, con una fiesta deslucida, las consecuencias de una contratación cuestionada y de una decisión que tardó demasiado en llegar.
