El Gobierno sancionó la Ley 2635 de 2026, que aumenta la protección para ciclistas y peatones en las vías del país. Los conductores deberán respetar una distancia mínima de 1,50 metros al adelantarlos y el incumplimiento dará lugar a una multa. Si por no guardar esa distancia se ocasionan lesiones o la muerte de un ciclista, la licencia podrá ser suspendida hasta por 10 años. El representante boyacense Héctor David Chaparro fue uno de los autores de la iniciativa.
Los conductores que adelanten a un ciclista tendrán que pensarlo dos veces antes de pasarle demasiado cerca.
El Gobierno Nacional sancionó la Ley 2635 de 2026, que establece nuevas medidas para proteger a ciclistas y peatones y endurece las consecuencias para quienes no respeten la distancia mínima de 1,50 metros al momento de adelantarlos. La norma fue sancionada el pasado 22 de septiembre y ya se encuentra vigente.
Uno de los cambios más importantes está precisamente en el Código Nacional de Tránsito.
Todo conductor de un vehículo automotor deberá realizar la maniobra de adelantamiento de un ciclista a una distancia no inferior a un metro con cincuenta centímetros.
La obligación también cobija el adelantamiento de usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.
Quien incumpla esa distancia podrá recibir la multa establecida para la infracción D6 del Código Nacional de Tránsito.
La consecuencia será mucho más grave si de esa maniobra resulta lesionado o muerto un ciclista.
La nueva ley establece que, cuando como consecuencia de no respetar los 1,50 metros se ocasionen lesiones o la muerte del ciclista, la licencia de conducción del responsable podrá ser suspendida hasta por 10 años.
Es importante la precisión: la licencia no se suspende automáticamente durante 10 años por pasar a menos de 1,50 metros de una bicicleta. Para el incumplimiento de la distancia está prevista la multa. La suspensión hasta por una década aparece cuando esa conducta termina ocasionando lesiones o la muerte del ciclista.
La Ley 2635 también obliga a mirar más allá de las sanciones. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales deberán trabajar en la planeación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura segura para ciclistas y peatones.
Los municipios y departamentos podrán incorporar metas e indicadores de infraestructura peatonal y ciclista dentro de sus planes de movilidad, seguridad vial y ordenamiento territorial.
Además, los proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura peatonal y de ciclorrutas deberán incluirse en los programas de ejecución de los POT, PBOT o EOT, así como en los planes de desarrollo y demás instrumentos de planificación territorial.
La ley también establece que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberán incorporar acciones de educación, prevención y sensibilización dirigidas a proteger a ciclistas y peatones.
Habrá igualmente una línea específica de seguridad vial y prevención de siniestros con metas e indicadores cuyo seguimiento estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Otro componente es la participación de los propios ciclistas y peatones. Sus organizaciones, fundaciones, asociaciones y colectivos podrán participar en los planes, programas y proyectos relacionados con seguridad vial y protección de estos actores.
La norma establece además un enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y ordena tener en cuenta aspectos como accesibilidad universal, señalización inclusiva e infraestructura adaptada.
El Ministerio de Transporte tendrá seis meses para reglamentar los criterios técnicos y pedagógicos de este componente.
La nueva ley tuvo origen en el Proyecto 303 de 2024 Cámara y posteriormente 84 de 2025 Senado.
Entre sus autores aparece el representante a la Cámara por Boyacá Héctor David Chaparro Chaparro, junto con otros congresistas, entre ellos la también representante boyacense Ingrid Sogamoso.
Para Chaparro, la aprobación de la iniciativa responde a una preocupación que tiene especial significado en un departamento como Boyacá, donde la bicicleta hace parte de la vida deportiva y cotidiana de miles de personas.
“Esta ley nació de una preocupación que compartimos en Boyacá y en todo el país: que ninguna familia tenga que volver a despedir a un ciclista por falta de seguridad en nuestras vías”, señaló el congresista. La Ley 2635 rige desde su publicación.
