Cerca de 600 hectáreas han resultado afectadas durante 2026. Las autoridades advierten que buena parte de las conflagraciones tendría origen humano y piden extremar las medidas de prevención ante el riesgo de nuevos incendios durante las próximas semanas.
En Boyacá, el fuego está dejando de ser un episodio aislado para convertirse en una amenaza que recorre buena parte del territorio. Durante 2026, alrededor de 40 municipios han reportado incendios forestales, con una afectación estimada de 600 hectáreas, según los registros de la Unidad de Gestión de Riesgos del departamento.
Detrás de buena parte de estas conflagraciones no estaría solamente la sequedad de la vegetación o las condiciones climáticas. También aparece un factor que las autoridades consideran determinante: la acción humana.
José Ubaldo Castro, director de la Unidad de Gestión de Riesgos de Boyacá, advirtió que varias de las emergencias recientes tendrían relación con actividades realizadas de manera irresponsable, desde quemas para limpiar terrenos hasta el lanzamiento de elementos que pueden iniciar fuego.
“Hay personas que todavía consideran que hacer una quema es la mejor manera de limpiar o despejar un predio para dedicarlo a la agricultura”, explicó Castro.
El problema es que una quema que aparentemente está bajo control puede cambiar rápidamente de comportamiento cuando encuentra vegetación seca, ramas, pastos o residuos combustibles. Lo que comienza como una pequeña llama puede terminar convertido en una emergencia que supera la capacidad de respuesta de una comunidad.
La situación se hizo especialmente visible durante la última semana, cuando Boyacá registró al menos cinco incendios forestales.
Uno de ellos se presentó en Gachantivá, donde las autoridades reportaron que la emergencia ya fue controlada. También hubo incendios en Muzo, Pauna y Coper, que fueron atendidos por organismos de socorro y comunidades locales.
El escenario más complejo se encontraba en Buenavista, donde permanecía activo un incendio y se solicitó apoyo a los cuerpos de bomberos de Pauna y Chiquinquirá.
En Muzo, por ejemplo, la respuesta de los bomberos y de la comunidad permitió establecer barreras para evitar que las llamas continuaran avanzando. En Pauna y Coper también se logró controlar el fuego.
Pero cada emergencia implica movilizar personal, equipos y recursos que no siempre están disponibles en los municipios.
Uno de los aspectos que más preocupa a la Unidad de Gestión de Riesgos es que en varias de las emergencias recientes se habría establecido participación humana.
En Ráquira, según explicó Castro, fueron atendidos tres incendios en un mismo sector. Las autoridades señalaron a una persona que, aparentemente, habría provocado las conflagraciones de manera intencional.
El funcionario también recordó el incendio registrado hace unas tres semanas entre Sáchica y Samacá, que afectó aproximadamente 45 hectáreas y que, según la información entregada por las autoridades, habría sido provocado por una mujer que ya estaría identificada.
En Gachantivá, otro incendio de grandes proporciones habría comenzado por la quema de residuos plásticos y otros materiales.
Estos casos muestran que el riesgo no se limita a quienes realizan quemas agrícolas. Una colilla de cigarrillo, una botella abandonada en determinadas condiciones o la quema de residuos pueden convertirse en el punto de partida de una conflagración.
No todos los incendios tienen necesariamente como origen una acción deliberada. Otro factor de riesgo está relacionado con las redes eléctricas.
El contacto de cables o líneas de conducción con ramas, árboles o vegetación seca puede producir chispas capaces de iniciar un incendio, especialmente en zonas donde el material vegetal se encuentra altamente combustible.
Por eso, las autoridades insisten en que la prevención no puede depender únicamente de los bomberos cuando las llamas ya aparecen. Los municipios deben identificar los sectores de mayor riesgo, mantener activos sus organismos de socorro y adoptar medidas para evitar actividades que puedan desencadenar incendios.
Uno de los llamados más insistentes de Gestión de Riesgos está dirigido a quienes utilizan el fuego para limpiar terrenos.
La expresión ‘quema controlada’ puede transmitir una falsa sensación de seguridad. Una quema puede salirse de control por factores como el viento, la pendiente del terreno o la presencia de vegetación seca.
A esto se suma el uso de pólvora durante celebraciones municipales. Castro pidió a los alcaldes adoptar medidas de prevención y control, especialmente porque en varios sectores del departamento existen actualmente condiciones de vegetación seca.
La advertencia es sencilla: un volador que caiga sobre pasto, ramas u otro material combustible puede iniciar un incendio.
Boyacá tiene 123 municipios, y cerca de un centenar cuentan con cuerpo de bomberos o con convenios para atender emergencias. Sin embargo, eso no significa que todos tengan capacidad suficiente para enfrentar un incendio de grandes proporciones.
Cuando las llamas crecen rápidamente, los recursos locales pueden resultar insuficientes y se hace necesario solicitar apoyo al departamento o a la Nación.
En estos casos entran en escena la Dirección Nacional de Bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidades que, de acuerdo con los protocolos establecidos, determinan cuándo se requiere apoyo aéreo para combatir un incendio.
Y ese apoyo tiene un costo considerable. Según Castro, una hora de operación de un helicóptero puede acercarse a los $50 millones, dependiendo de las características de la misión.
Por eso, además de disponer de aeronaves cuando sean necesarias, el desafío está en evitar que el incendio llegue a una magnitud que obligue a utilizar recursos extraordinarios.
Los cerca de 600 hectáreas afectadas en 40 municipios durante lo corrido de 2026 son, para las autoridades, una señal de alerta.
El llamado ahora es a los alcaldes, agricultores, habitantes de las zonas rurales y visitantes para que extremen las precauciones y eviten cualquier actividad que pueda generar fuego.
También se pide a los municipios mantener activos sus cuerpos de bomberos, revisar los mecanismos de respuesta y fortalecer los convenios de atención de emergencias.
Hasta el momento, según Castro, no se ha producido en Boyacá una judicialización de personas por provocar incendios forestales, aunque las autoridades cuentan con herramientas legales para investigar y sancionar este tipo de conductas, entre ellas las contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La dimensión del problema trasciende la pérdida de vegetación. Cada incendio puede afectar ecosistemas, fuentes de agua, fauna, cultivos, viviendas e infraestructura, además de poner en riesgo a las comunidades y obligar a movilizar recursos públicos para controlar una emergencia que, en muchos casos, pudo haberse evitado.
En Boyacá, donde cinco incendios han puesto nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en apenas una semana, la pregunta ya no es solamente cuántas hectáreas se han quemado.
La pregunta es cuánto territorio más podría perderse si el fuego continúa encontrando en la acción humana su principal aliado.
