El Cargo por Confiabilidad remunera la disponibilidad de energía firme, un mecanismo que ha contribuido a evitar racionamientos de energía en Colombia durante las últimas décadas.
Su funcionamiento es análogo al de una opción financiera de compra (call): el generador recibe una prima periódica a cambio de comprometerse a suministrar energía a un precio máximo, denominado precio de escasez, cuando el sistema lo requiera.
Esta remuneración cubre los costos de mantenimiento, personal, contratos de suministro e inventarios de combustibles, así como la recuperación del capital invertido en activos que pueden operar pocas horas al año, pero que deben permanecer disponibles de manera permanente.
Sin una remuneración adecuada por su disponibilidad, muchas unidades de generación —especialmente las que operan con gas natural, carbón o ACPM— dejarían de ser financieramente viables. Esto incrementaría el riesgo de racionamientos durante episodios de baja hidrología asociados al fenómeno de El Niño.
La afirmación de que el Cargo por Confiabilidad equivale al 111 % de las utilidades de los generadores omite los costos de mantener disponibles las plantas, garantizar el abastecimiento de combustibles, asumir riesgos regulatorios y recuperar las inversiones necesarias para asegurar la confiabilidad del sistema.
Lo anterior no significa que el mecanismo sea perfecto. Existen oportunidades de mejora para fortalecer su diseño, tanto en la metodología de remuneración de la energía firme como en el mecanismo de formación del precio del Cargo por Confiabilidad para las diferentes tecnologías.
¿Por qué Colombia lleva más de 30 años sin un apagón nacional de energía? En buena medida, gracias al Cargo por Confiabilidad. Puede entenderse como un seguro: no remunera la energía que consumimos hoy, sino la garantía de que existirá suficiente oferta cuando se presente una sequía o una emergencia.
El Cargo por Confiabilidad no es un pago gratuito a los generadores. Es un compromiso. Las empresas reciben esta remuneración porque asumen la obligación de entregar energía cuando el sistema más la necesita y deben demostrar que cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. A lo largo de la vigencia del mecanismo, los agentes han cumplido con esa responsabilidad.
Los resultados son evidentes. Gracias a este mecanismo se han invertido más de US$16.700 millones (cerca de $113 billones según Acolgen) en nueva infraestructura eléctrica. Además, se comprometieron 11.078 MW de nueva capacidad en plantas hidráulicas, térmicas, solares, eólicas y de biogás. Un aspecto especialmente relevante es que toda esta infraestructura se construyó con inversión privada, sin recurrir a recursos del Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, el país fortaleció su sistema eléctrico sin sacrificar recursos destinados a salud, educación, infraestructura vial o programas sociales.
¿Ha funcionado? La evidencia indica que sí. Colombia superó los fenómenos de El Niño de 2015-2016 y de 2023-2024 sin un apagón nacional, aun cuando cerca del 70 % de la generación eléctrica depende de los recursos hídricos. Es precisamente en estos periodos cuando se pone a prueba la solidez de un sistema eléctrico.
Los retos actuales del sistema eléctrico no obedecen a una falla del Cargo por Confiabilidad. Responden a una combinación de factores:
El margen de energía disponible continúa reduciéndose. XM proyecta un déficit de 3,5 % este año y de hasta 6,8 % en 2030 si no se adoptan medidas oportunas.
La demanda de energía crece a un ritmo superior al de la entrada en operación de nuevos proyectos.
Persisten retrasos en proyectos de generación y transmisión, una menor disponibilidad de gas natural y un entorno de incertidumbre que afecta las decisiones de inversión.
Las deudas de algunos comercializadores han deteriorado la liquidez del sector, aunque los generadores han continuado cumpliendo con el suministro de energía.
La seguridad energética requiere decisiones oportunas.
Un aspecto clave es que la subasta realizada este año garantizará energía para el periodo 2029-2030, pero no resuelve las necesidades de abastecimiento de este año ni de los próximos. Por ello, resulta urgente acelerar la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de todas las tecnologías.
Los gremios, entre ellos Acolgen y Andeg, llevan más de cuatro años advirtiendo esta situación. No se trataba de una retahíla ni de un mensaje alarmista, sino de un llamado a actuar con anticipación para evitar que los problemas de hoy se conviertan en los riesgos de mañana.
Finalmente, afirmar que el Cargo por Confiabilidad «no se ha utilizado» carece de sustento. Los recursos del mecanismo sí se han invertido: hoy existen plantas de generación que respaldan la confiabilidad del sistema y que han permitido a Colombia superar periodos críticos sin racionamientos.
El verdadero problema es otro. Las últimas subastas del Cargo por Confiabilidad realizadas durante el actual Gobierno no lograron atraer suficientes inversionistas para desarrollar la capacidad de generación requerida. La seguridad energética se construye con señales regulatorias claras, estabilidad y confianza para la inversión. Sin esas condiciones, el país difícilmente podrá incorporar la capacidad de generación que necesitará en los próximos años.
