El debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto volvió a encenderse en Colombia luego de que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobara en primer debate un nuevo proyecto de ley que busca legalizar y regular esta sustancia en el país.
Entre quienes celebraron el avance de la iniciativa aparece el representante boyacense Suárez Vacca, quien defendió públicamente el proyecto y aseguró que la regulación no significa promover el consumo.
“Regular no es promover el consumo: es quitarle espacio a la ilegalidad y avanzar con responsabilidad”, escribió el congresista en sus redes sociales, sumándose a la discusión nacional sobre uno de los proyectos más polémicos que hoy cursan en el Congreso.
La propuesta, liderada por el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, pretende crear un marco legal para la producción, comercialización y consumo de cannabis para adultos, bajo controles estatales, trazabilidad digital y restricciones similares a las que existen para otras sustancias legales.
El proyecto plantea que el cannabis solo pueda venderse en establecimientos autorizados, con validación de mayoría de edad y licencias especiales. También incluye límites de compra, restricciones de consumo cerca de colegios y campañas obligatorias de prevención.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el enfoque social del articulado. La iniciativa reserva buena parte de las licencias para campesinos, comunidades indígenas y sectores históricamente vinculados al cultivo de cannabis, buscando que la regulación beneficie economías rurales y reduzca el poder del mercado ilegal.
La posición de Suárez Vacca conecta con un debate que también toca al campo colombiano. El representante boyacense insistió en que la discusión debe centrarse en cómo enfrentar la ilegalidad y proteger a las familias que históricamente han quedado atrapadas entre la persecución estatal y las economías clandestinas.
El proyecto además contempla impuestos del 20% sobre la venta legal de cannabis, recursos que podrían destinarse a salud pública, prevención y programas sociales.
Sin embargo, la iniciativa sigue dividiendo opiniones. Mientras sectores progresistas defienden la regulación como una salida más realista frente al fracaso de la guerra contra las drogas, otros consideran que la legalización podría normalizar el consumo y generar nuevos riesgos sociales.
No es la primera vez que el Congreso colombiano discute este tema. De hecho, esta es la novena iniciativa relacionada con cannabis de uso adulto que se tramita desde 2020, luego de múltiples intentos fallidos.
Ahora el proyecto deberá enfrentar nuevos debates en la plenaria de la Cámara y posteriormente en el Senado, en medio de un panorama político complejo y una agenda legislativa apretada.
