El proyecto de Ley de Rescate Económico contempla un incremento del impuesto al carbono que, según la senadora Zandra Bernal, llevaría el gravamen de $74.000 a $212.000 por tonelada. La congresista del Centro Democrático, que también cuestionó los impuestos del gobierno Petro, presentó una propuesta para reducir la carga tributaria sobre los productores mineros.
Los productores de carbón de Boyacá, que durante el gobierno de Gustavo Petro cuestionaron los impuestos a su actividad y esperaban un panorama más favorable con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, se enfrentan ahora a una propuesta tributaria que podría convertirse en una gran desilusión.
El proyecto de Ley de Rescate Económico del nuevo Gobierno Nacional contempla un aumento progresivo del impuesto al carbono que, de aprobarse, elevaría considerablemente la carga tributaria sobre este combustible fósil.
La advertencia fue formulada por la senadora boyacense Zandra Bernal, del Centro Democrático, quien denunció que el gravamen por tonelada de carbón podría pasar de aproximadamente $74.000 a $212.000 en 2029. Es decir, casi tres veces el valor que la congresista toma como referencia para este año.
La situación tiene especial importancia para Boyacá, donde la extracción, comercialización y transporte de carbón sostienen una cadena económica que involucra a miles de trabajadores, transportadores, comerciantes y familias de numerosos municipios.
La propia Bernal, que defendió al sector durante la administración Petro, anunció que mantendrá esa posición frente al gobierno de De la Espriella.
“No podemos rescatar la economía de nuestro país poniendo en riesgo el trabajo de nuestros mineros”, afirmó.
La Ley de Rescate Económico, radicada el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes como Proyecto de Ley 477 de 2026, contempla una modificación del impuesto nacional al carbono.
En concreto, el artículo 54 del proyecto propone que la tarifa por tonelada de dióxido de carbono equivalente pase a 0,87 unidades de valor tributario (UVT) en 2027, a 1,23 UVT en 2028 y a 1,59 UVT a partir de 2029.
Según las cifras denunciadas por Bernal, el incremento representaría aproximadamente un 186 % frente al valor de referencia de este año. Los montos en pesos deberán contrastarse con las UVT aplicables y las condiciones de liquidación del impuesto.
“Durante el gobierno Petro alcé mi voz en defensa del sector minero y las familias que viven del carbón. Hoy no será la excepción”, aseguró la congresista.
Bernal advirtió que el incremento podría afectar gravemente la actividad minera y los empleos que genera.
“Cuando una mina cierra, también sufre el transportador, el comerciante, las familias de nuestros municipios y algo no menos importante: seguiría en riesgo la soberanía energética de nuestro país”, manifestó.
La senadora presentó una propuesta sustitutiva que establece tarifas diferenciadas según el tamaño de las explotaciones mineras.
Para 2027 y 2028 plantea que la pequeña minería pague el 25 % de la tarifa plena de referencia establecida en la Ley 2277 de 2022; la mediana minería, el 35 %, y la gran minería, el 50 %.
A partir de 2029 propone que el Gobierno establezca un mecanismo de ajuste que tenga en cuenta el comportamiento de la demanda interna y el volumen de exportaciones, con el propósito de facilitar la recuperación del sector.
También contempla descuentos tributarios por la incorporación de nuevas tecnologías y mejores prácticas de extracción, además de medidas relacionadas con la sostenibilidad ambiental.
La controversia adquiere relevancia porque Bernal pertenece al Centro Democrático, partido que cuestionó la política tributaria de Gustavo Petro y que ahora manifiesta su desacuerdo con una iniciativa del nuevo Gobierno.
“La bancada del Centro Democrático votará no al alza desproporcionada de este impuesto”, anunció la senadora.
El Gobierno, por su parte, plantea el incremento como parte de una estrategia para mejorar el recaudo fiscal y promover la reducción de emisiones contaminantes.
Por ahora, el aumento no está aprobado. El proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso, donde podrá ser modificado.
