En su primer debate de control político como citante, el representante boyacense José Luis Bohórquez puso sobre la mesa estudios, antecedentes de la propia Policía y cifras sobre cultivos de coca para pedirle al Gobierno que explique por qué pretende realizar un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. También desafió al presidente Abelardo de la Espriella, quien había dicho que quienes se oponen a las fumigaciones deberían ser observados por la justicia de Estados Unidos: “Estoy listo para la lista OFAC”, respondió el congresista.
El representante boyacense José Luis Bohórquez le pidió al Gobierno Nacional que no adelante el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio mientras no pueda demostrar que el químico no representa riesgos para la salud de las comunidades ni para el medio ambiente.
Ese fue el planteamiento central del primer debate de control político que el congresista encabezó como citante desde que llegó a la Cámara de Representantes y que se cumplió este miércoles en la Comisión Quinta.
Bohórquez llegó al debate con documentos, estudios, antecedentes históricos y hasta los recipientes de glifosato y glufosinato que exhibió durante su intervención. Su tesis fue que cambiar de producto químico no resuelve las objeciones que durante años llevaron a suspender la aspersión aérea en Colombia.
“Hoy con glufosinato, con glifosato o con el químico que ustedes pongan hay un riesgo significativo”, le dijo directamente al ministro de Justicia, Iván Cancino.
El congresista sostuvo que mientras el Gobierno no pueda descartar suficientemente esos riesgos debe aplicarse el principio de precaución.
Pero Bohórquez comenzó por hacer una precisión: dijo que oponerse a la fumigación aérea no significa defender los cultivos ilícitos ni el narcotráfico.
“Este no es un debate que estamos planteando para defender el narcotráfico”, señaló al comienzo de su intervención. Tampoco, agregó, se trata de debilitar la lucha contra las organizaciones criminales.
Para sustentar su posición hizo un recorrido por casi cinco décadas de aspersiones en Colombia, desde la utilización de paraquat a finales de los años setenta, pasando por la llegada del glifosato y el Plan Colombia, hasta la propuesta actual de utilizar glufosinato de amonio.
Su argumento es que, después de décadas de fumigaciones, los cultivos ilícitos no desaparecieron y el país terminó acumulando controversias ambientales, sanitarias y judiciales alrededor de esa estrategia.
Uno de los puntos que más llamó la atención durante el debate fue el antecedente que Bohórquez encontró en la propia Policía Nacional.
El congresista citó al coronel retirado Miguel Antonio Tunjano, ingeniero agrónomo y antiguo jefe del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico de la Policía, quien participó en 2016 en pruebas para buscar alternativas al glifosato.
Ese antecedente existe. Tunjano participó en la evaluación del glufosinato hace una década y recientemente recordó que las pruebas se realizaron en Huila, Nariño y San Luis, Tolima. Según su explicación, para controlar la coca se requerían dosis cercanas a ocho litros por hectárea.
Pero hay otro problema, según Tunjano: el glufosinato es un herbicida de contacto y no actúa como el glifosato. Por esa razón, sostuvo, podría requerirse una nueva aplicación aproximadamente cada cuatro meses, frente a aplicaciones mucho más espaciadas con glifosato.
Bohórquez convirtió ese dato en una de las preguntas centrales de su debate: si el nuevo producto debe aplicarse más veces, ¿terminarán las comunidades estando expuestas con mayor frecuencia a las fumigaciones?
El representante aseguró además que llevó al Congreso 15 publicaciones científicas indexadas sobre glufosinato y sostuvo que en ellas encontró advertencias sobre efectos adversos para la salud.
“No encontré ni una que diga que no le hace daño a los seres humanos”, afirmó. Según Bohórquez, entre los documentos que recopiló hay investigaciones de universidades asiáticas y europeas.
El congresista relacionó esos estudios con advertencias sobre posibles efectos reproductivos y sobre el desarrollo fetal y cuestionó que Colombia pretenda probar mediante aspersión aérea una sustancia alrededor de la cual existen esas discusiones científicas.
¿Un experimento en Putumayo?
De allí Bohórquez pasó al segundo gran cuestionamiento: el plan piloto.
La Resolución 007 del 18 de agosto de 2026 autorizó una fase piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio, concebida por el Gobierno como experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable. El proyecto se ha planteado para Putumayo, aunque actualmente se encuentra atravesado por decisiones judiciales.
Precisamente esas características del piloto fueron utilizadas por Bohórquez para formular una de sus preguntas más fuertes.
Si la prueba busca producir información sobre precisión de la aspersión, deriva del producto, eficacia, comportamiento ambiental y riesgos para la salud, preguntó el representante, ¿significa que esos riesgos todavía no están suficientemente determinados?
Y fue más allá: cuestionó que esa incertidumbre pretenda resolverse mediante una prueba precisamente en Putumayo. “¿Ustedes van a experimentar en el Putumayo?”, preguntó.
Para Bohórquez resulta especialmente delicado porque se trata de un departamento con presencia de comunidades indígenas y zonas ambientalmente protegidas.
El asunto ya está en los estrados. Una decisión judicial suspendió el piloto y el Gobierno la impugnó. El Ministerio de Justicia sostiene que la resolución no ordena una reanudación general de las fumigaciones, sino una prueba controlada precisamente para obtener evidencia sobre eficacia, deriva, riesgos e impactos.
El ministro Cancino aseguró durante el debate que si el piloto no cumple las exigencias de la Corte Constitucional, los estándares internacionales y las condiciones establecidas, no se realizará.
Es, en buena medida, el punto donde chocan las dos posiciones: el Gobierno argumenta que el piloto serviría para obtener la evidencia necesaria; Bohórquez sostiene que la existencia de incertidumbre y antecedentes sobre posibles daños debería llevar justamente a no realizarlo.
¿Dónde van a fumigar?
El representante Bohórquez planteó además un problema práctico.
Según las cifras que presentó durante el debate, correspondientes a información oficial y de Naciones Unidas, una proporción importante de las aproximadamente 261.000 hectáreas de coca registradas en 2024 está ubicada en territorios sujetos a diferentes formas de protección o restricción.
Bohórquez habló de 54.000 hectáreas en territorios de comunidades negras, 31.000 en resguardos indígenas, 36.000 en reservas de Ley Segunda, 10.000 en parques nacionales y otras 5.000 en zonas de reserva campesina. Con esos datos sostuvo que más de la mitad de los cultivos se encuentra en áreas donde la aspersión enfrenta restricciones.
Entonces lanzó otra pregunta al Gobierno: si se fumigan las zonas donde jurídicamente es posible hacerlo, ¿qué impedirá que los cultivos se desplacen hacia territorios donde no se puede asperjar?
Para Bohórquez se corre el riesgo de volver al “juego del gato y el ratón”: fumigar en un sitio para que los cultivos reaparezcan en otro.
El desafío a Abelardo
El momento más político de la intervención llegó al final.
Bohórquez recordó unas declaraciones recientes del presidente Abelardo de la Espriella sobre quienes se oponen al regreso de la fumigación.
El mandatario había afirmado: “Todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno se extienda. Debe ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.
Bohórquez ya había reaccionado públicamente preguntándole al Presidente si con esa declaración estaba amenazando a los jueces colombianos que han suspendido las fumigaciones mediante tutelas y qué significaba pedirle a Estados Unidos que “pusiera los ojos” sobre esas personas.
Este miércoles volvió sobre el asunto, pero esta vez desde su curul y frente al Gobierno.
“Estoy listo para la lista OFAC”, dijo.
Y enseguida puso el debate en otros términos: “Ese no es el debate. La respuesta es cómo vamos a proteger a la gente, ministro”.
Bohórquez sostuvo durante toda su intervención que la discusión no puede reducirse a estar a favor o en contra de combatir el narcotráfico. Para él, la pregunta es si el Estado puede combatirlo utilizando un procedimiento sobre el cual persisten interrogantes ambientales y sanitarios.
También cuestionó la influencia histórica de Estados Unidos en la política colombiana de fumigaciones. Recordó la financiación estadounidense del Plan Colombia, los contratos entregados durante años a compañías que participaron en las operaciones de aspersión y aseguró que existen intereses económicos alrededor de esa estrategia. Estas últimas son afirmaciones presentadas por Bohórquez durante el debate y deberán ser sustentadas con los documentos que anunció.
Su conclusión, sin embargo, fue más sencilla.
El Gobierno, dijo, todavía tiene que demostrar que la aspersión con glufosinato puede hacerse sin poner en riesgo a las personas y al medio ambiente.
Y mientras eso no ocurra, considera que debe prevalecer el principio de precaución.
“Usted no ha podido demostrar que no va a haber un riesgo usando químicos”, le dijo al ministro Cancino.
El Gobierno sostiene lo contrario: que precisamente antes de cualquier aplicación deberán cumplirse las condiciones ambientales, sanitarias y judiciales y que, si eso no ocurre, el piloto no se hará.
Así quedó planteado el pulso después del primer debate de control político citado por el representante boyacense: el Gobierno quiere probar si puede regresar a la aspersión aérea utilizando un producto diferente al glifosato; Bohórquez le pide que antes de hacerlo responda una pregunta que considera fundamental: quién puede garantizar que, en el intento por acabar con la coca, no terminarán pagando nuevamente el costo los campesinos y el medio ambiente.
