Las comunidades de Tuta, Cómbita, Oicatá y Sotaquirá mantienen levantadas las talanqueras del peaje y advierten que, si el Gobierno Nacional incumple nuevamente, cerrarán completamente la vía Briceño-Tunja-Sogamoso. La resolución beneficiaría a cerca de 2.200 vehículos adicionales, que se sumarían a los 1.684 usuarios que ya cuentan con tarifa preferencial.
A cuatro días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Gobierno Nacional enfrenta una de sus últimas crisis en Boyacá. Desde el fin de semana, habitantes de Tuta, Cómbita, Oicatá y Sotaquirá mantienen una protesta permanente en el peaje de Tuta para exigir que se cumpla el compromiso adquirido hace dos meses de ampliar las tarifas diferenciales para los residentes del área de influencia.
La presión de la comunidad ha impedido el recaudo del peaje. Durante el fin de semana las talanqueras permanecieron levantadas y los manifestantes permitieron el paso libre de los vehículos, una situación que ya se había registrado meses atrás y que obliga posteriormente al Estado a compensar económicamente al concesionario de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso por los ingresos dejados de percibir.
Sin embargo, los voceros advirtieron que, si este lunes no queda en firme la resolución prometida por el Ministerio de Transporte, las protestas pasarán a una nueva fase: el cierre total de la vía en ambos sentidos.
La advertencia coincide con el anuncio realizado por la propia Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que confirmó que el Ministerio de Transporte aceleró los tiempos de publicación de la resolución y que esta quedaría oficialmente en firme este lunes 3 de agosto.
“En cumplimiento a la expedición de la Resolución que establece tarifas diferenciales para el peaje Tuta del proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso, el Ministerio de Transporte redujo tiempos de publicación. Se tiene previsto dejar en firme la resolución el próximo lunes 3 de agosto”, informó la ANI a través de sus canales oficiales.
El principal reclamo de las comunidades consiste en ampliar el número de habitantes con derecho a pagar una tarifa diferencial, teniendo en cuenta que miles de personas deben atravesar diariamente el peaje para trabajar, estudiar o acceder a servicios de salud.
De acuerdo con la resolución preparada por el Ministerio de Transporte, el beneficio se extenderá a 2.182 vehículos particulares adicionales de los municipios de Tuta, Cómbita, Sotaquirá y Oicatá, además de mantener los cupos existentes para vehículos oficiales, camiones pequeños y otros beneficiarios especiales.
Con esta modificación, el número de vehículos con tarifa preferencial superaría los 3.800, al sumarse a los 1.684 usuarios que ya contaban con el beneficio desde la resolución expedida en 2021.
Entre los nuevos cupos previstos se encuentran 1.032 vehículos de Tuta, 549 de Cómbita, 544 de Sotaquirá y 31 de Oicatá, correspondientes principalmente a vehículos particulares de categoría I de las veredas ubicadas dentro del área de influencia del peaje.
Mientras la resolución es publicada oficialmente, la protesta no se detiene. Durante el fin de semana los habitantes mantuvieron abiertas las talanqueras y permitieron el tránsito libre por el peaje, pero insistieron en que no abandonarán el lugar hasta conocer el texto definitivo de la resolución.
Según los voceros comunitarios, el compromiso adquirido por la ANI y el Ministerio de Transporte debía cumplirse hace varias semanas y, por ello, consideran que esta es la última oportunidad para evitar una escalada del conflicto.
Incluso, medios regionales informaron que las comunidades contemplan bloquear totalmente la doble calzada si el Gobierno vuelve a incumplir los acuerdos alcanzados durante las mesas de concertación realizadas en junio.
El alcalde electo de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, también acompañó la movilización y pidió al Gobierno Nacional atender los compromisos adquiridos con las comunidades.
El mandatario electo hizo un llamado a la ANI y al Ministerio de Transporte para que expidan la resolución y trabajen conjuntamente con los municipios en soluciones definitivas para la región.
Ahora toda la expectativa está puesta en la decisión que adopte este lunes el Ministerio de Transporte. Si la resolución queda oficialmente en firme, el conflicto podría empezar a superarse. Si no ocurre, los líderes comunitarios ya anunciaron que el siguiente paso será el bloqueo indefinido de uno de los corredores viales más importantes de Boyacá y del centro-oriente del país.
