El Alcalde de Villa de Leyva seguirá privado de la libertad mientras enfrenta el juicio por concusión y prevaricato por acción. Esta semana el gobernador Carlos Amaya designará un alcalde provisional, probablemente de su gabinete, mientras los partidos Liberal, Conservador y ASI se ponen de acuerdo para presentar una terna. Pero hay otro escenario que no se puede descartar: que Gamboa renuncie. Si lo hace, ya no habría posibilidad de regresar al cargo y quien sea designado posteriormente terminaría el periodo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Víctor Alfonso Gamboa Chaparro pasó en pocos meses de ser una de las figuras jóvenes con mayor proyección política de Boyacá a tener que enfrentar desde la cárcel La Picota de Bogotá un juicio que no solamente puede definir su futuro judicial, sino también una carrera política que venía en ascenso.
Gamboa era una de las figuras más aventajadas de la provincia de Ricaurte y uno de los alcaldes con mayor proyección en el departamento. Economista de la Uptc, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, había sido concejal de Villa de Leyva, asesor de la Gobernación de Boyacá, funcionario de la Contraloría de Bogotá y docente universitario y del Sena.
También había demostrado capacidad electoral. En 2020 buscó por primera vez la Alcaldía y consiguió 2.935 votos, que lo dejaron en segundo lugar. Tres años después volvió a intentarlo y ganó con 5.003 votos, equivalentes al 50,45 por ciento de los votos válidos, respaldado por la coalición Amor por Villa de Leyva, integrada por los partidos Liberal, Conservador y Alianza Social Independiente, ASI.
Su edad, formación, experiencia administrativa y votación lo habían convertido en uno de esos dirigentes a los que se les comenzaba a mirar más allá de las fronteras de Villa de Leyva. Su nombre tenía posibilidades de crecer políticamente en la provincia de Ricaurte y en Boyacá.
Todo cambió el pasado 7 de mayo, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía.
El proceso que hoy lo mantiene privado de la libertad está relacionado con el proyecto urbanístico de la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. La Fiscalía sostiene que Gamboa habría realizado exigencias económicas y de otros beneficios para intervenir en trámites relacionados con la ampliación de una licencia de construcción. Una de esas presuntas exigencias sería de $112 millones.
Gamboa ha negado las acusaciones. Su defensa sostiene, entre otras cosas, que esa cifra fue introducida por la Fiscalía y no aparece en documentos ni conversaciones. También ha cuestionado algunas de las grabaciones aportadas al proceso y su cadena de custodia.
Pero ayer se produjo una decisión que cambió sustancialmente su panorama inmediato.
El Juzgado 60 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá confirmó integralmente la medida de aseguramiento que había sido impuesta el 20 de mayo por el Juzgado 56 Penal Municipal con Función de Control de Garantías y determinó que Gamboa debe continuar privado de la libertad en La Picota mientras avanza el proceso. Contra esa decisión no procede ningún recurso.
Eso no significa que Gamboa haya sido condenado. La decisión resuelve su situación de libertad mientras avanza el proceso, pero no establece su responsabilidad penal. Sigue amparado por la presunción de inocencia y será la Fiscalía la que tendrá que demostrar en juicio las acusaciones que formuló en su contra.
Ahora vienen dos historias paralelas. Una tiene que ver con lo que ocurrirá con la Alcaldía de Villa de Leyva y la otra con el proceso judicial. Lo primero tendrá que resolverse esta misma semana.
Con la medida de aseguramiento confirmada, corresponde al gobernador Carlos Amaya garantizar que Villa de Leyva tenga quien dirija la administración mientras se surte el procedimiento para el reemplazo durante la suspensión de Gamboa.
Mientras llega la terna, Amaya designará un alcalde provisional y todo indica que podría ser uno de los integrantes de su gabinete departamental. Será una solución transitoria para garantizar la continuidad de la administración mientras se cumple el procedimiento político y administrativo para escoger al mandatario encargado. Después vendrá una decisión más compleja.
Gamboa no llegó a la Alcaldía con el respaldo de un solo partido. Fue inscrito por una coalición conformada por el Partido Liberal, el Partido Conservador y ASI.
Eso significa que no bastará con que un directorio político envíe tres nombres. Tendrán que ponerse de acuerdo tres colectividades diferentes, con dirigencias diferentes y, naturalmente, con intereses políticos que no necesariamente coinciden.
Allí podría comenzar una negociación que no será sencilla.
Liberales, conservadores y ASI deberán buscar consensos para integrar la terna y, una vez esta llegue a la Gobernación, Carlos Amaya tendrá que escoger de allí a quien quede al frente de Villa de Leyva mientras permanezca vigente la suspensión de Gamboa. Mientras eso ocurre en Boyacá, en Bogotá seguirá avanzando el proceso penal.
La próxima fecha importante será el 13 de noviembre, cuando está prevista la audiencia preparatoria. Esa diligencia debía realizarse inicialmente el 14 de agosto, pero fue aplazada a solicitud de la defensa para estudiar el abundante material probatorio presentado por la Fiscalía.
La audiencia preparatoria será fundamental porque allí Fiscalía y defensa discutirán cuáles pruebas podrán llevar posteriormente al juicio oral.
Después vendrá el juicio propiamente dicho. La Fiscalía deberá presentar los testimonios, mensajes, conversaciones, documentos y demás elementos que sean admitidos. La defensa podrá controvertirlos, contrainterrogar a los testigos y presentar sus propias pruebas.
Al final será un juez el que determine si la Fiscalía logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que Gamboa incurrió en los delitos de concusión y prevaricato por acción o si, por el contrario, debe ser absuelto.
Pero Gamboa tiene otro frente judicial. La Fiscalía adelanta un proceso diferente en el que aparece como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por la contratación de Javier Alexánder Múnevar González, hermano de Ángela Johana Múnevar González, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social del municipio.
En ese proceso la defensa ha manifestado su intención de acudir al principio de oportunidad y sostiene que no hubo detrimento patrimonial ni dolo, pues Múnevar permaneció apenas unas horas en el cargo y no recibió dinero del municipio.
Pero hay otro escenario que comienza a aparecer y que podría cambiar completamente lo que ocurra con la Alcaldía: una eventual renuncia de Víctor Gamboa.
Hasta ahora no se ha producido y, por lo tanto, debe manejarse solamente como una posibilidad.
Gamboa permanece privado de la libertad desde mayo, acaba de perder en segunda instancia la posibilidad de que le sea revocada la medida de aseguramiento y tiene por delante un proceso que puede prolongarse durante varios meses.
En esas condiciones, no se puede descartar que en algún momento él y su defensa evalúen la conveniencia de renunciar a la Alcaldía.
La renuncia no terminaría el proceso penal, no eliminaría ninguno de los cargos formulados por la Fiscalía y tampoco significaría que Gamboa acepta responsabilidad. El juicio seguiría exactamente su curso y conservaría plenamente la presunción de inocencia. Pero sí cambiaría sustancialmente su situación política y administrativa.
Mientras Gamboa no renuncie, lo que existe es una suspensión. Sigue siendo el alcalde elegido popularmente, aunque no pueda ejercer, y mantiene jurídicamente abierta la posibilidad de regresar al cargo si posteriormente recupera la libertad y desaparecen las causas que dieron lugar a su separación.
Si renuncia y la renuncia es aceptada, el escenario cambia completamente. Ya no estaríamos hablando de una ausencia temporal sino de una falta absoluta.
Y a esta altura del periodo eso tiene una consecuencia importante: Villa de Leyva no tendría que volver a las urnas.
Como faltan menos de 18 meses para que termine el periodo constitucional, el 31 de diciembre de 2027, quien resulte designado de acuerdo con el procedimiento previsto para estos casos llegaría para terminar el periodo.
Es decir, la decisión de Gamboa de mantenerse como alcalde o presentar la renuncia puede terminar definiendo también qué clase de alcalde tendrá Villa de Leyva durante los próximos 15 meses.
Si no renuncia, el mandatario que salga de la terna ejercerá mientras permanezca la suspensión y Gamboa conservará la posibilidad jurídica de regresar.
Si renuncia, esa puerta se cierra y comenzará el procedimiento para escoger a quien terminará definitivamente el periodo. Una renuncia podría tener además otra lectura dentro de la estrategia de la defensa.
Parte de las discusiones alrededor de la medida de aseguramiento han tenido que ver con la condición de Gamboa como alcalde y con la influencia política y social que la Fiscalía considera que puede ejercer. Incluso las manifestaciones de respaldo realizadas en Villa de Leyva han sido utilizadas por el ente acusador dentro de sus argumentos, mientras la defensa sostiene que se trata simplemente de expresiones espontáneas de solidaridad de los ciudadanos.
Por eso no sería extraño que, si Gamboa llegara a renunciar, su defensa intentara posteriormente utilizar esa nueva circunstancia para argumentar que han cambiado algunos de los elementos que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento.
Eso, sin embargo, no significa que una renuncia le otorgue automáticamente la libertad. Tendría que ser planteado jurídicamente y sería un juez el que determine si la nueva situación tiene o no alguna incidencia sobre la necesidad de mantenerlo privado de la libertad.
Hay entonces varios tiempos que comienzan a correr simultáneamente.
En el inmediato, Carlos Amaya deberá nombrar un alcalde provisional para garantizar la continuidad de la administración.
Después vendrá la negociación entre liberales, conservadores y ASI para construir la terna de la cual saldrá quien quede al frente del municipio durante la suspensión.
En noviembre comenzará una nueva fase del proceso judicial con la audiencia preparatoria y posteriormente vendrá el juicio.
Y en medio de todo eso queda pendiente una decisión que solamente puede tomar Víctor Gamboa: mantenerse como alcalde titular y conservar la posibilidad de regresar algún día al cargo o presentar la renuncia y concentrarse exclusivamente en su defensa judicial. Esa decisión también marcará su futuro político.
Gamboa había construido durante varios años una carrera ascendente. Fue concejal, perdió una primera elección a la Alcaldía, volvió a intentarlo, ganó con más de la mitad de los votos y comenzó un periodo que podía convertirse en plataforma para proyectarse hacia escenarios departamentales. Hoy esa carrera está en suspenso.
Su futuro judicial dependerá de las pruebas que presenten la Fiscalía y la defensa y de lo que finalmente determinen los jueces. Su futuro político dependerá, además, de las decisiones que él mismo tome durante los próximos meses.
Y Villa de Leyva tendrá que resolver entretanto su propio problema: primero tendrá un alcalde provisional designado por el Gobernador y luego deberá esperar a que tres partidos con historias, dirigencias e intereses distintos consigan ponerse de acuerdo en una terna.
Si Gamboa no renuncia, quien resulte escogido gobernará mientras dure su suspensión.
Si renuncia, la historia será distinta: se cerrará definitivamente la posibilidad de que vuelva a gobernar Villa de Leyva durante este periodo y comenzará el camino para definir quién terminará el mandato que los ciudadanos le entregaron en las urnas hasta el 31 de diciembre de 2027.
