Una sentencia laboral que obliga a la Fundación Integrar a pagar cerca de $90 millones llevó al embargo de sus cuentas y puso en riesgo la continuidad de una entidad que durante 23 años ha atendido a personas con discapacidad. La situación afecta a 163 familias de Jenesano, Ciénega y Santa Sofía, además de 12 trabajadoras. También fueron embargados recursos pendientes de pago correspondientes a convenios con tres municipios.
Una difícil situación enfrentan 163 familias de personas con discapacidad de Jenesano, Ciénega y Santa Sofía ante el riesgo de que la Fundación Integrar, una de las entidades de este tipo más antiguas de Boyacá, tenga que cesar sus actividades después de 23 años de funcionamiento.
La crisis tiene origen en una sentencia judicial dentro de un proceso laboral promovido años atrás por una exempleada y que obliga a la Fundación a pagar una suma cercana a los $90 millones.
Como consecuencia del proceso fueron embargadas las cuentas de la entidad, lo que terminó comprometiendo su capacidad para seguir funcionando y llevó a la suspensión de los servicios desde este lunes 14 de septiembre.
Pero el problema va más allá de los recursos propios de Integrar. De acuerdo con información suministrada por la Fundación, la medida también alcanzó saldos pendientes de pago correspondientes a convenios suscritos con tres municipios, situación que, según la entidad, termina afectando recursos públicos destinados a la atención de esta población.
El impacto social puede ser considerable. Actualmente son 163 las familias beneficiarias de los programas de la Fundación y 12 las trabajadoras vinculadas a la entidad.
Durante más de dos décadas, Integrar ha desarrollado un modelo de atención que comprende terapias, talleres, alimentación, vestido y acompañamiento a procesos de educación inclusiva, entre otros servicios dirigidos a personas con discapacidad.
Sus directivos aseguran que durante los 23 años de existencia los recursos obtenidos han sido reinvertidos en el cumplimiento de la misión social y que la Fundación no cuenta con un patrimonio que le permita asumir de manera inmediata una obligación cercana a los $90 millones sin comprometer su funcionamiento.
Mantener los programas tampoco es barato. Según las cifras entregadas por la entidad, se requieren aproximadamente $400 millones al año para garantizar su operación y la atención de los beneficiarios.
La preocupación ahora es qué ocurrirá con las personas que dependen de estos servicios si no se encuentra una salida a la crisis.
Desde la Fundación consideran que todavía debería explorarse la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago que permita cumplir la obligación establecida por la justicia, pero sin llevar al cierre de una institución de carácter social ni dejar sin atención a las familias beneficiarias.
El caso plantea así una situación compleja: de un lado está el cumplimiento de una sentencia judicial y los derechos laborales reconocidos dentro del proceso; del otro, la supervivencia de una Fundación que asegura no tener cómo pagar inmediatamente la obligación sin poner en riesgo los programas que presta a personas con discapacidad.
Por ahora, con las cuentas embargadas y los servicios suspendidos, las 163 familias esperan una solución que permita garantizar la continuidad de la atención.
La Fundación ha anunciado que está dispuesta a entregar la documentación relacionada con el proceso judicial y su situación financiera, mientras busca alternativas que le permitan cumplir la obligación laboral y, al mismo tiempo, evitar que 23 años de trabajo social lleguen a su fin.
