La decisión de las comisiones económicas de devolver al Gobierno el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 generó respaldo entre congresistas y dirigentes boyacenses, quienes cuestionaron las fuentes de financiación y pidieron mayor responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $575,7 billones, regresará al Ministerio de Hacienda para ser ajustado. La decisión fue tomada por las comisiones económicas conjuntas del Congreso luego de que se plantearan dudas sobre la consistencia de los ingresos y gastos proyectados.
El representante a la Cámara Yamit Noé Hurtado explicó que, de acuerdo con la revisión realizada por los congresistas, el presupuesto contempla ingresos justificados por aproximadamente $545,1 billones, dejando una diferencia de $30,2 billones.
Esos recursos estaban relacionados con una reforma tributaria. Sin embargo, según Hurtado, el análisis realizado indica que dicha reforma permitiría recaudar alrededor de $21,9 billones, por lo que quedarían otros $8,3 billones sin una fuente de financiación suficientemente clara.
“Faltarían por recaudar 8,3 billones de pesos que no se tiene certeza exactamente cómo van a recoger esa plata”, señaló.
La decisión no implica que el Estado se quede sin presupuesto. Lo que ocurre es que el Gobierno deberá revisar sus cuentas y presentar nuevamente el proyecto para que continúe su trámite en el Congreso.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, había solicitado la devolución argumentando que existen diferencias entre el proyecto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Según el Gobierno, el presupuesto presentado supera en cerca de $19 billones el monto contemplado en ese marco.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la estructura del gasto. Hurtado señaló que cerca del 90 % del presupuesto corresponde a gastos inflexibles, como funcionamiento y servicio de la deuda, lo que deja un margen reducido para inversión.
Esto significa que, si se necesitan hacer ajustes, podrían terminar afectándose recursos destinados a sectores como agricultura, salud, ambiente, minas y energía.
Para Hurtado, el problema no es únicamente contable. El país enfrenta necesidades que requieren capacidad de respuesta del Estado.
El congresista mencionó los posibles efectos del fenómeno de El Niño, como incendios, problemas de abastecimiento de agua y afectaciones a los cultivos, además de la atención que requieren las comunidades afectadas por el reciente terremoto.
“Necesitamos volumen de dinero para mitigar este impacto”, afirmó al referirse a la necesidad de fortalecer a los organismos de socorro y atender a las poblaciones afectadas.
La senadora Zandra Bernal también respaldó la devolución del proyecto. Consideró que la decisión responde a los principios de sostenibilidad fiscal, coherencia financiera y cumplimiento de los límites de deuda y gasto del Estado.
“Las decisiones presupuestales deben responder a criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad y realidad económica”, sostuvo.
Por su parte, el boyacense Juan Camilo Ostos, exviceministro de Transporte, calificó como necesario devolver el proyecto y cuestionó su composición: “Mucho gasto, poca inversión”.
Ostos señaló que el presupuesto contempla 64 % para funcionamiento, apenas 16 % para inversión y un faltante de $30,2 billones. Su propuesta es reducir el gasto de funcionamiento, aumentar la inversión y garantizar fuentes claras de financiación.
El Ministerio de Hacienda se comprometió a presentar nuevamente el presupuesto el 26 de agosto. Allí comenzará una nueva discusión en el Congreso.
Más allá de las diferencias políticas, el debate tendrá una pregunta central: ¿de dónde saldrá el dinero para financiar los $575,7 billones y cuánto quedará realmente disponible para inversión en las regiones?
Para los representantes boyacenses, esa respuesta debe estar clara antes de que el Congreso vuelva a votar el presupuesto.
