Un Estado que planifica adecuadamente su economía no debería vivir permanentemente bajo la incertidumbre que generan los periodos de baja disponibilidad energética asociados a los ciclos climáticos naturales El Niño y La Niña, propios de nuestra región ecuatorial.
Mucho menos cuando la naturaleza nos ha dotado de una abundancia excepcional de recursos que, bien administrados, permitirían construir una matriz energética diversificada y con suficientes márgenes de seguridad.
Colombia cuenta hoy con una matriz eléctrica en la que predomina claramente la generación hidráulica, con cerca del 62 % de la capacidad instalada, frente al 29 % de origen térmico, alrededor del 9 % solar y una participación eólica aún marginal.
La sobreoferta energética, sin embargo, no se limita a evitar el racionamiento. Su propósito más profundo es garantizar la seguridad energética, es decir, lograr que los hogares, las industrias, los servicios públicos y los medios de transporte dispongan, de manera confiable y a costos razonables, del insumo esencial para el crecimiento económico contemporáneo.
Una matriz concentrada en la generación hidráulica es vulnerable cuando disminuyen las lluvias. Por ello, diversificar las fuentes mediante la incorporación de energía solar, eólica y biomasa, así como de sistemas de almacenamiento y respaldo térmico eficiente de carbón y gas, no es una moda, sino una estrategia de resiliencia.
La evidencia reciente lo confirma: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido que el fenómeno de El Niño reduce las precipitaciones y eleva las temperaturas, circunstancias que exigen preparación nacional y planes de contingencia. Imaginemos un país capaz de ofrecer energía a precios competitivos al sector industrial.
Dado que los costos energéticos tienen un peso significativo en muchas cadenas productivas, disponer de un kilovatio-hora más estable y asequible podría traducirse en bienes y servicios de menor precio y en una mayor capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales.
Colombia podría aspirar a convertirse en un polo industrial regional, no mediante subsidios permanentes ni a través de la improvisación, sino aprovechando sus ventajas estructurales: recursos hídricos, radiación solar, importantes reservas de carbón térmico, vientos en la región Caribe y una ubicación geográfica estratégica.
Los beneficios también llegarían a los hogares. Una tarifa más predecible y sostenible liberaría recursos de los presupuestos familiares que podrían destinarse a salud, educación, alimentación y recreación. La energía asequible no es únicamente un asunto técnico; también constituye un instrumento de política social que puede contribuir a reducir las desigualdades y fortalecer la productividad de las personas.
Aprovechar nuestras riquezas naturales exige una planificación seria. El desarrollo de sistemas de generación hidroeléctrica en cascada en el río Cauca y en la cuenca alta del río Magdalena, junto con proyectos térmicos, solares y eólicos debidamente articulados con la red eléctrica, podría mejorar la disponibilidad de energía en el país.
Sin embargo, esta expansión debe llevarse a cabo con rigor ambiental y social, mediante evaluaciones de impacto, participación de las comunidades, protección de los ecosistemas, uso eficiente del agua y compensaciones justas.
En el mediano plazo, una matriz diversificada y con excedentes de generación podría posicionar a Colombia como una potencia energética regional. La interconexión eléctrica con países vecinos, como Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, permitiría exportar electricidad durante los periodos de alta disponibilidad y adquirir energía de respaldo cuando las condiciones hidrológicas fueran adversas.
La integración eléctrica convertiría la variabilidad climática en una oportunidad de complementariedad, siempre que existieran reglas claras, infraestructura de transmisión suficiente y acuerdos comerciales estables.
El desafío, entonces, no consiste en elegir entre hidroeléctricas, centrales térmicas o energías renovables, sino en combinar estas fuentes de manera inteligente. Colombia necesita una política energética de Estado que se mantenga más allá de los ciclos de gobierno y que contemple la planificación a largo plazo, la inversión en redes, el almacenamiento de energía, la eficiencia en el consumo y mecanismos tarifarios de carácter social.
La seguridad energética es la base de la seguridad económica. Un país que la garantiza no solo evita los apagones, sino que también fortalece su competitividad, promueve la equidad y consolida su soberanía.
Un proyecto como Paipa Cinco, de 250 MW, es una iniciativa que los boyacenses debemos impulsar, teniendo en cuenta las importantes reservas de carbón de la región y el potencial de desarrollo económico que representaría para el departamento.
Este proyecto contribuiría a fortalecer la firmeza y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Se espera que el actual Gobierno milagro haga realidad esta iniciativa mediante la articulación de los sectores público y privado.
