Regresar a la guerra aparte de matar a la política, viola el mandato constitucional y el carácter permanente de la paz como política de Estado que limita la decisión discrecional de cada gobierno. Fácilmente puede interpretarse que el gobierno comete una falta grave y un detrimento patrimonial de implicaciones administrativas, fiscales y penales, ante el desmonte de las estructuras para la paz, en las que se han invertido cientos de miles de millones del presupuesto público durante una década y anticipa el fracaso de la democracia como asunto colectivo con reglas comunes y solidarias.
La constitución obliga a promover la paz (no la guerra) los derechos y el Estado de derecho, y por sentencia de la CIDH a respetar y hacer respetar a defensores y defensoras de derechos humanos y a garantizarle a la ciudadanía la libertad para reclamar derechos. Sabiendo que la guerra es una máquina de destrucción mental, normativa y económica, una fábrica de desigualdades y una amenaza directa contra la realización de todo el sistema de derechos humanos para qué regresar a ella. La guerra afecta y destruye todo. Se incuba y ceba en quienes pertenecen a los sectores populares o de clase media y ganan los poderosos, los dueños, los grandes inversionistas y banqueros y las mafias. Y el gobierno se ha puesto de ese lado abandonando su misión al convertir la intimidación en lenguaje de Estado, la fuerza bruta en argumento de autoridad y la confrontación en horizonte de solución, poniendo en riesgo la vida, honra, bienes, tranquilidad y seguridad de la población, aunque justifique seguridad.
Desde la economía política de los derechos humanos, las preguntas son sobre ¿por que volver a la guerra, sí en una década con acuerdos de paz todo iba mejor, con menos muertes, secuestros, desapariciones, despojos y más justicia y más verdad? quién paga la guerra?, ¿quiénes se benefician? qué derechos se sacrifican cuando el poder reemplaza la deliberación por la amenaza? La memoria y el informe de la comisión de la verdad y la justicia de la JEP señalan las incontables e irreparables pérdidas, destrucción de seres humanos y comunidades, el despojo de tierras y bienes, la interrupción de millones de proyectos de vida, la profundizaron de desigualdades y discriminaciones, y lo hace para que nunca más se vuelva al abismo de la guerra y del odio y para recordarle al gobierno que su papel es atender las causas económicas, sociales y políticas y los pactos y acuerdos existentes, y que no hacerlo antes que demostrar fortaleza indica debilidad, autoritarismo y desprecio por la vida.
Las cifras de la guerra siempre van acompañadas de una economía cotidiana sometida al miedo, familias que abandonan sus tierras y bienes, campesinos que pierden sus medios de subsistencia, estudiantes que interrumpen su formación y poblaciones enteras que quedan atrapadas entre actores armados. La violencia no destruye únicamente vidas, destruye también capacidades mentales, creatividad, imaginación y condiciones materiales que permiten vivir con dignidad. La guerra en un instante acaba la tranquilidad de una ciudad, envenena las relaciones, convierte humanos en bestias.
El gobierno empeñado en regresar a la guerra, acude a la violencia para impedir la violencia y usa el terror para atacar al terror, creando un efecto inmediato de desplome de la tranquilidad y de la economía anticipando un aumento en la velocidad del despojo, las desigualdades, discriminaciones y formas de relación colonial, al tiempo que se benefician redes de negocios asociados a la explotación violenta de territorios, paramos, minas, selvas y circuitos que prosperan donde la institucionalidad es obligada a retroceder o debilitada en su capacidad para establecer quién controla los recursos, quién se apropia de las rentas y quién se beneficia de la prolongación de esta violencia. La sociedad está siendo empujada a destinar su energía a sobrevivir perdiendo la potencia colectiva que había ganado para producir, innovar, investigar, educar y exigir cuentas al poder. El panorama económico hace más preocupante esta perspectiva. Las necesidades urgentes de empleo decente y formalizado, infraestructura, salud, educación y reducción de desigualdades, al aumentar la incertidumbre encarecen la vida, interrumpen cadenas productivas, aplazan inversiones, debilitan la actividad comercial y la confianza de los más pequeños, afectados por trasnacionales y grandes inversionistas. Cuando el territorio pierde sus avances de paz y regresa a la guerra pierde también posibilidades de generar ingresos, recaudar recursos y financiar derechos.
Al primer día de octubre, ciudades como Santa Marta y Cartagena que viven del gran turismo están vacías, sin turistas, fue suficiente ver al presidente disfrazado de soldado, pistola al cinto, usando la fuerza militar del Estado para resolver tipo telenovela una vendetta personal amenazando matar. En pocos días guías locales, conductores, hoteles familiares, restaurantes, artesanos y la comunidad que depende de la llegada de visitantes ha perdido mucho, demasiado. Los visitantes no leen al país en caracol, rcn, semana, ni cerimedos, donde minimizan el desastre provocado y exaltan el engaño, sus rutas dependen de la seguridad efectiva, la reputación del país, la conectividad y la confianza, que se rompe cuando prosperan las amenazas públicas, los anuncios de guerra. La percepción de inestabilidad ha llevado a que decenas de gobiernos le pidan a sus nacionales no venir a Colombia.
La reputación internacional era ya un activo de paz y economía, que hoy vuelve a estar en alto riesgo porque el gobierno ha cambiado paz por inseguridad y regreso a la guerra. Las evidencias retoricas son cínicas como el discurso en la ONU, el desprecio por las instituciones de derechos como la CIDH, la CPI, la CIJ, la JEP, o el CNMH y la aprobación del genocidio sionista y la masacre sobre el pueblo saharaui y lo más letal es el retorno a la guerra que mata a la política y tiene todo en riesgo.
