El presidente Abelardo de la Espriella encabezará este lunes un Consejo de Seguridad en Tunja, justo un día después de cumplirse el primer aniversario del ataque con explosivos contra el Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla. Aunque Boyacá no vive la confrontación armada generalizada de otras regiones del país, enfrenta amenazas de grupos ilegales, delincuencia urbana y una violencia intrafamiliar que sigue dejando miles de víctimas.
Hace exactamente un año, el 8 de noviembre de 2025, Tunja vivió una de las jornadas más angustiosas de su historia reciente.
Una volqueta cargada con 24 artefactos explosivos artesanales, conocidos como tatucos, fue abandonada en inmediaciones del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla, sede del Batallón Simón Bolívar, en el barrio Prados de Alcalá.
El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sembró el miedo entre los habitantes de la capital boyacense. Durante las operaciones para neutralizar los explosivos se produjeron detonaciones que ocasionaron daños en instalaciones militares y viviendas de los barrios Prados de Alcalá, Fuente Higueras, Curubal, El Dorado y Portal Bolívar.
Durante varias horas, Tunja experimentó una sensación que sus habitantes asociaban principalmente con las noticias procedentes de otras regiones de Colombia: el temor de un atentado guerrillero en plena zona urbana.
Un año después, el presidente Abelardo de la Espriella llega a Tunja para encabezar un Consejo de Seguridad. La coincidencia obliga a preguntar: ¿qué ha cambiado desde aquel atentado, qué resultados han tenido las investigaciones y qué garantías existen para evitar que vuelva a repetirse?
El ataque demostró que Boyacá no es inmune a las acciones de organizaciones armadas ilegales. Pero sería equivocado interpretar aquel episodio como prueba de que el departamento vive una confrontación semejante a la del Cauca, el Valle del Cauca o algunas zonas de Santander.
En Boyacá no existe una confrontación armada generalizada. Las principales amenazas están relacionadas con la posible expansión de estructuras criminales, la utilización de corredores estratégicos, la extorsión y la presencia de organizaciones ilegales en algunas zonas del departamento.
Según el balance presentado por la Policía ante la Asamblea Departamental el pasado 15 de octubre, los delitos registrados habían disminuido un 13 % frente al mismo periodo de 2025. Los homicidios bajaron un 26 %, los hurtos a personas un 14 % y las extorsiones un 30 %.
Sin embargo, persisten riesgos en las provincias de Gutiérrez, Norte, Valderrama y La Libertad, por su proximidad con Arauca y Casanare, así como en el Magdalena Medio boyacense.
Recientemente, las autoridades departamentales informaron sobre siete capturas relacionadas con presuntas redes de apoyo al frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, vinculadas, según las investigaciones, con la instalación de banderas de esa organización en municipios como Güicán, Jericó y Chita.
En ciudades como Tunja, Duitama y Sogamoso, los desafíos son diferentes: hurtos, microtráfico, violencia interpersonal y delitos que afectan directamente la tranquilidad de los ciudadanos.
La violencia de puertas para adentro
Hace casi tres décadas, cuando monseñor Luis Augusto Castro Quiroga llegó a Tunja como arzobispo, después de su experiencia pastoral en San Vicente del Caguán, hizo una reflexión que conserva una dolorosa actualidad: en Boyacá buena parte de la violencia era de puertas para adentro.
El sacerdote venía de conocer una región marcada por el conflicto armado. En Boyacá encontró una violencia menos visible, que no siempre aparecía en los titulares de prensa, pero que golpeaba a mujeres, niños y familias enteras. Han pasado casi treinta años y aquella advertencia sigue vigente.
En el primer trimestre de 2026, Boyacá ocupó el tercer lugar nacional en tasa de violencia intrafamiliar contra las mujeres, con 47,93 casos por cada 100.000 mujeres.
Hasta septiembre se habían notificado 3.364 casos sospechosos de violencia de género, intrafamiliar y ataques con agentes químicos. Aunque esta cifra comprende distintas modalidades de violencia, revela la magnitud de un problema que no puede quedar por fuera de las prioridades de seguridad.
Aquí no se vive diariamente la guerra de drones, explosivos y confrontaciones armadas que padecen otras regiones. Pero hay mujeres que viven bajo amenaza en sus propias casas, niños que presencian agresiones y familias destruidas por el maltrato. El consumo excesivo de alcohol puede agravar estas situaciones, aunque nunca justifica la violencia.
La seguridad de un departamento no se mide solamente por la ausencia de guerrilleros en sus carreteras. También se mide por la tranquilidad de una mujer cuando escucha que su esposo está llegando a casa.
El presidente De la Espriella encabezará este lunes una reunión privada con autoridades civiles, militares y policiales, en la que participarán representantes de municipios especialmente expuestos a problemas de orden público.
La cita se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Posteriormente, el mandatario participará en la jornada El Milagro de las Regiones – Gobierno en territorio, a la que fueron invitados los 123 alcaldes de Boyacá.
Más allá de los protocolos y las reuniones, lo importante será conocer qué decisiones concretas dejará el Gobierno nacional.
El atentado de hace un año obliga a revisar los avances de las investigaciones, las medidas adoptadas para proteger a la población y la capacidad de respuesta frente a nuevas amenazas.
También se necesitan acciones contra las redes de apoyo a organizaciones armadas ilegales, la extorsión, el microtráfico y la delincuencia urbana.
Pero sería una oportunidad incompleta si la discusión dejara por fuera la violencia intrafamiliar. Boyacá necesita inteligencia y presencia de la Fuerza Pública, pero también comisarías de familia fortalecidas, atención oportuna a las víctimas y mecanismos de protección efectivos.
