El representante boyacense consiguió que cuatro de sus once proposiciones fueran acogidas y otras tres incorporadas parcialmente durante el debate en la Cámara. Entre los ajustes se destaca la posibilidad de investigar a presuntos financiadores, políticos y funcionarios señalados por integrantes de organizaciones ilegales sin esperar una condena contra quien entrega la información.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó ayer el articulado del proyecto de ley de sometimiento de estructuras criminales a la justicia, una iniciativa que busca establecer las condiciones para que estas organizaciones puedan acogerse a mecanismos de sometimiento. Durante el debate, el representante boyacense Jaime Raúl Salamanca consiguió la incorporación de varias propuestas orientadas a fortalecer la transparencia, las investigaciones judiciales y las exigencias de verdad.
De las once proposiciones presentadas por el congresista, cuatro fueron acogidas y tres incorporadas parcialmente. Uno de los principales resultados fue la eliminación del artículo que permitía la contratación directa y reservada en el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), una disposición que, según los cuestionamientos planteados, podía abrir espacios de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
Otro de los cambios permitirá investigar a terceros mencionados por integrantes de grupos armados ilegales sin tener que esperar una condena contra quien suministra la información. Esto significa que las autoridades podrán avanzar en las indagaciones sobre presuntos financiadores, políticos y servidores públicos que eventualmente hayan tenido vínculos con esas estructuras criminales, sin que el proceso dependa del resultado judicial contra el declarante.
También se establecieron límites a la facultad reglamentaria del Gobierno nacional. El Ejecutivo podrá desarrollar aspectos operativos y logísticos de la ley, pero no tendrá atribuciones para crear requisitos, beneficios o causales diferentes de los aprobados por el Congreso.
Salamanca destacó que el articulado aprobado incorpora condiciones más exigentes frente a la versión que llegó a segundo debate. Entre ellas figura un mínimo de diez años de privación efectiva de la libertad para los cabecillas de las organizaciones criminales y una pena de seis años para los colaboradores, cuyo acceso a beneficios estará condicionado a la colaboración eficaz y la entrega de bienes.
El texto también fortalece las exigencias de verdad y contempla la pérdida de beneficios cuando se oculte información relacionada con personas desaparecidas.
Sin embargo, el representante advirtió que la iniciativa todavía tiene asuntos pendientes, especialmente en lo relacionado con los derechos de las víctimas. Uno de los principales cuestionamientos es que el programa de reparación para las personas afectadas por el crimen organizado continúa sin un plazo definido de ejecución ni recursos asegurados.
Además, se mantiene el concepto favorable de la víctima como factor para conceder la libertad condicional, una condición que, según Salamanca, podría exponerla a presiones y hostigamientos.
El congresista también expresó preocupaciones por los riesgos que persisten en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, así como frente a las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.
Aunque reconoció los avances conseguidos durante la discusión, Salamanca sostuvo que el proyecto todavía mantiene deudas con las víctimas y anunció que ejercerá control político sobre su implementación para vigilar que las disposiciones aprobadas se cumplan.
