Tunja afronta un escenario político insólito, que colocará a prueba la capacidad de sus ciudadanos y la sensatez institucional, máxime cuando la ciudad vive y respira políticamente un ambiente caldeado por estos días. Tras darse la nulidad electoral de Mikhail Krasvov por parte del Consejo de Estado, fueron convocadas elecciones atípicas por primera vez en la ciudad, después de haberse instaurado la elección popular en 1988; la Gobernación de Boyacá decretó oficialmente la fecha que será el próximo domingo 26 de Julio, día en que los Tunjanos elegirán al nuevo Burgomaestre.
El gran reto de esta disputa electoral es el tiempo que resta después de la elección: 17 meses.
Quien sea electo para ocupar el principal cargo de la Capital Boyacense no llegará a ocupar un periodo de cuatro años; asumirá el mandato por tan solo 17 meses de manera exprés que terminará el 31 de diciembre de 2027. En Gobernanza, un año y medio pasa muy rápido. Es un tiempo muy corto donde no existe tiempo para diseñar un plan de desarrollo y mucho menos discursos donde se haga una refundación local. El próximo alcalde o alcaldesa debe ser, ante todo, un ejecutor técnico inmediato que conozca el territorio y sus necesidades.
Hace ya algunas semanas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerró el proceso de inscripción con un total de 11 candidatos oficiales. Esto nos deja ver la gran división con tantos nombres en disputa, lo que puede generar una trampa peligrosa para el electorado, ya que, el voto de opinión se puede ver disperso, y de esta manera tendrían los tunjanos, un escenario que puede terminar pavimentando el camino para las maquinarias tradicionales o que por el contrario, llegue a la Administración Municipal un tercero que entre por la puerta del centro, y retome el control de ingobernabilidad del exalcalde Krasnov con presupuestos mínimos, que le servirían a la ciudad después de haber ensayado el camino del inconformismo político disruptivo en el pasado reciente; hoy, la realidad jurídica nos obliga a transitar el camino del pragmatismo absoluto.
Tunja acumula deudas históricas de administraciones anteriores que no dan espera a que el nuevo gobierno se acomode ni un solo mes, quien gane el próximo 26 de julio, tendrá el trabajo de llegar con soluciones estructuradas bajo el brazo para reactivar la economía local golpeada gravemente por el desempleo, actualizar de una vez por todas el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), intervenir con urgencia la deteriorada malla vial y diseñar planes de choque en cuanto a la seguridad ciudadana y que le devuelva la tranquilidad a diferentes sectores de la ciudad golpeados por el microtráfico, el raponeo, el vandalismo y el atraco a viviendas.
En estas dos semanas restantes de la contienda electoral, la ciudadanía tiene el deber ético de elevar el nivel de debate y no tragar entero frente a las diferentes propuestas de los candidatos, se debe rechazar categóricamente las promesas de campaña que prometan megaproyectos irrealizables a corto plazo. A los 11 aspirantes se les debe exigir cronogramas, viabilidad fiscal y metas mensuales. No estamos para elegir visiones de futuro, estamos para elegir un administrador de crisis a corto plazo.
Finalmente, la administración saliente deja un costo económico y social alto, que inestabilizó administrativamente a la ciudad y quienes lo pagan es los tunjanos con el estancamiento frente a las otras capitales intermedias del país. El domingo 26 de julio sabremos si la capital de los boyacenses aprendió la lección, o si prefiere condenar los meses restantes del periodo constitucional al limbo de la improvisación. Votar con sensatez ya no es solo un derecho democrático; es la única herramienta disponible para salvar el rumbo de Tunja.
