La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia rechazó las denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza, lanzamiento de gases lacrimógenos y presuntas detenciones arbitrarias durante las manifestaciones realizadas en el marco de la visita presidencial. Pidió verificar la situación de los estudiantes detenidos e investigar los procedimientos policiales.
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) rechazó las actuaciones policiales denunciadas durante las manifestaciones estudiantiles realizadas en Tunja, en el marco de la visita del presidente de la República, y pidió a las autoridades investigar los hechos y garantizar los derechos de las personas que participaron en las protestas.
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En un comunicado divulgado este lunes 9 de noviembre, el programa académico expresó su preocupación por las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, particularmente por el presunto lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos, agresiones contra manifestantes y detenciones que calificó como posiblemente arbitrarias.
La movilización estudiantil, según el pronunciamiento, buscaba expresar inconformidad frente a diferentes asuntos de interés nacional y regional: los anuncios de recortes presupuestales para Boyacá, las preocupaciones por la autonomía universitaria, el aumento de los costos de los insumos agrícolas, el IVA sobre productos de la canasta familiar y la violencia que afecta a distintos territorios del país.
Para la Maestría, estas manifestaciones corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la protesta y a la participación ciudadana, por lo que deben ser atendidas y respetadas por las autoridades.
Piden investigar los procedimientos policiales
En su pronunciamiento, la Maestría recordó que el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen el derecho de reunión y manifestación pacífica.
También hizo referencia al informe Protesta y Derechos Humanos, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2019, que establece obligaciones para los Estados en materia de protección de las manifestaciones y fija principios que deben orientar cualquier intervención de la fuerza pública, entre ellos legalidad, necesidad y proporcionalidad.
A partir de estos argumentos, el programa académico formuló varias exigencias a las autoridades competentes:
Verificar de manera inmediata la situación jurídica y las condiciones de las personas detenidas.
Garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Investigar de manera independiente las actuaciones policiales denunciadas.
Establecer las posibles responsabilidades derivadas de los procedimientos.
«La protesta social es una expresión legítima de la democracia»
La Maestría también defendió el papel de la universidad pública como espacio de pensamiento crítico, pluralismo y ejercicio de las libertades democráticas.
«La protección de la protesta pacífica no constituye una concesión de las autoridades, sino una obligación constitucional e internacional del Estado colombiano», señala el documento.
El comunicado concluye con un llamado a reconocer la protesta social como parte de la democracia y a garantizar que quienes se manifiestan pacíficamente puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo su integridad o libertad.
El pronunciamiento fue suscrito por la Maestría en Derechos Humanos de la UPTC y fechado en Tunja este 9 de noviembre de 2026.
