La consulta entre los egresados dejó a los dos candidatos con cerca del 81 % de los votos depositados por los graduados. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una abstención que podría superar el 95 %, cuestionamientos al sistema de votación presencial y un error de la propia Universidad en la divulgación de los resultados, que inicialmente le atribuyó a Lara 2.119 votos más de los que realmente obtuvo. Hoy será el turno de estudiantes, profesores y trabajadores de la institución, quienes votarán de manera virtual. El Consejo Superior tendrá la última palabra el 19 de noviembre.
La primera jornada de consultas para escoger al próximo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) dejó dos nombres en el centro de la disputa: Luis Ángel Lara González y Luis Gabriel Márquez Díaz. Entre ambos obtuvieron cuatro de cada cinco votos depositados por los egresados, en una elección que, más allá de los resultados, abrió interrogantes sobre la participación de los graduados, la organización de los puestos de votación y la confiabilidad de la información entregada por la propia institución.
La consulta, realizada este martes 3 de noviembre, transcurrió sin que se reportaran alteraciones importantes del orden público. Sin embargo, al finalizar la tarde surgió una controversia que terminó por opacar el balance de la jornada: la Universidad había divulgado resultados preliminares que le atribuían a Luis Ángel Lara una votación muy superior a la que finalmente registraron las actas.
En uno de los boletines oficiales, Lara aparecía con 4.836 votos, una cifra que lo distanciaba ampliamente de su inmediato competidor. Cerca de una hora después, la UPTC tuvo que rectificar: el candidato no había obtenido 4.836 sufragios, sino 2.717.
Se trataba de una modificación que cambiaba sustancialmente la lectura de los resultados y reducía a 798 votos la distancia entre los dos aspirantes con mayor respaldo.
La Universidad reconoció el error, publicó una rectificación y ofreció disculpas. Pero el episodio dejó preguntas que no se resuelven únicamente con la corrección de una cifra: ¿cómo pudo divulgarse una votación tan alejada del resultado final?, ¿en qué momento se produjo la equivocación?, ¿qué controles se aplicaron antes de publicar los boletines?
Son interrogantes especialmente relevantes en una elección universitaria que, por sus antecedentes y por la importancia política, académica y administrativa de la Rectoría, exige garantías de transparencia.
De acuerdo con los resultados corregidos, Luis Ángel Lara obtuvo 2.717 votos, equivalentes al 47,1 % de los 5.774 sufragios reportados. Luis Gabriel Márquez Díaz alcanzó 1.919, correspondientes al 33,2 %. Entre ambos sumaron 4.636 votos, es decir, el 80,3 % de la participación total.
La diferencia con los demás aspirantes fue considerable. Édgar Fernando Cervantes Díaz registró 222 votos e Iván Mauricio Rojas Ruiz, 215. Después aparecieron Luis Bernardo Díaz Gamboa, con 163; Sonia Consuelo Benítez Camargo, con 125; Segundo Agustín Martínez Ovalle, con 107; John William Rosso Murillo, con 90; Jorge Iván Londoño Vélez, con 87, y Segundo Abrahán Sanabria Gómez, con 70.
La consulta mostró, por lo tanto, una concentración del respaldo entre los egresados en torno a dos candidaturas, mientras los otros ocho aspirantes quedaron con votaciones individuales inferiores a los 250 sufragios.
Pero sería apresurado interpretar estos resultados como una definición anticipada de la Rectoría. La consulta de egresados es apenas una parte del proceso y todavía falta conocer el pronunciamiento de otros tres estamentos universitarios.
Además, la designación no se produce por elección popular directa. La decisión definitiva corresponde al Consejo Superior Universitario, que deberá escoger al rector para el periodo 2027-2030 el próximo 19 de noviembre.
La otra noticia: una abstención gigantesca
Si la concentración de votos entre Lara y Márquez llamó la atención, la escasa participación de los egresados constituye otro de los grandes hechos de la jornada.
La UPTC reportó 5.774 votos en una institución que, según cifras mencionadas durante el proceso rectoral, cuenta con alrededor de 122.300 graduados.
Tomando esa población como referencia, la participación habría sido cercana al 4,7 % y la abstención superaría el 95 %.
Hay, sin embargo, una precisión indispensable: el número histórico de egresados no equivale necesariamente al censo electoral habilitado para votar. Para establecer la abstención oficial es necesario que la Universidad informe cuántos graduados estaban efectivamente inscritos y habilitados para participar. Aun con esa salvedad, la baja concurrencia plantea un problema de representatividad.
La UPTC tiene egresados en prácticamente todas las regiones de Colombia y también en el exterior. Muchos de ellos llevan años o décadas alejados físicamente de las sedes universitarias, pero conservan su condición de graduados y su interés en las decisiones de la institución donde se formaron.
Para participar en esta consulta, sin embargo, debían desplazarse hasta alguno de los nueve puntos de votación habilitados.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué posibilidades reales tenía de votar un egresado residente en Bogotá, Medellín, Cali, la Costa Caribe o fuera del país, si no podía hacerlo por medios electrónicos?
La discusión adquiere importancia porque, mientras a los graduados se les exigió votar presencialmente, para los otros estamentos se dispuso una jornada virtual.
Esta diferencia en los mecanismos de participación ha sido uno de los principales motivos de inconformidad.
Otro aspecto que ha despertado cuestionamientos es la distribución territorial de los sufragios.
De acuerdo con las cifras divulgadas por sectores críticos del proceso, Tunja registró 3.510 votos para candidatos, equivalentes al 61,4 % de los 5.714 votos válidos atribuidos a aspirantes. Los restantes 2.204 se distribuyeron entre los otros ocho puntos habilitados.
En otras palabras, seis de cada diez votos por candidatos se depositaron en la capital boyacense.
La concentración resulta llamativa por tratarse de una universidad con presencia regional y una comunidad de graduados que se extiende mucho más allá de Tunja.
No obstante, la cifra por sí sola no demuestra ninguna irregularidad. Tunja es la sede principal de la UPTC y uno de los centros donde se concentra buena parte de su actividad académica y administrativa.
Lo que sí corresponde establecer es si la distribución de los puestos de votación ofreció oportunidades razonables de participación a los egresados de otras regiones.
También sería importante conocer el censo de graduados habilitados por municipio, pues solamente con esa información puede determinarse si la concentración de sufragios guarda relación con la distribución real de los electores o si refleja barreras para ejercer el voto.
La ubicación de las mesas en Tunja se convirtió en otro punto de controversia. Las 16 mesas de votación dispuestas en la capital boyacense funcionaron en el Coliseo Municipal y no dentro del campus de la UPTC.
La decisión ha sido cuestionada por sectores de egresados, que consideran necesario conocer las razones administrativas, logísticas o de seguridad que llevaron a trasladar las urnas fuera de las instalaciones universitarias.
Quienes cuestionan la medida sostienen que, al combinar una votación exclusivamente presencial con un número limitado de municipios habilitados, se terminó favoreciendo la participación de quienes se encontraban cerca de los puestos electorales.
En ese contexto, también han surgido señalamientos sobre una posible influencia de sectores políticos departamentales en la movilización de votantes.
Algunos críticos han mencionado al Partido Verde y al entorno político del gobernador Carlos Amaya, así como la eventual participación de personas vinculadas laboralmente a entidades públicas.
Se trata, sin embargo, de hipótesis y cuestionamientos que requieren pruebas. La concentración de votos en Tunja, por sí misma, no permite establecer que existiera una movilización irregular de contratistas o funcionarios, ni que la ubicación del puesto electoral hubiera tenido esa finalidad.
Para esclarecer la controversia sería necesario conocer quién decidió el traslado de las mesas, cuáles fueron sus argumentos, qué alternativas se estudiaron y qué mecanismos de vigilancia se dispusieron.
La autonomía universitaria también implica que las decisiones electorales puedan explicarse públicamente y someterse al escrutinio de la comunidad.
El episodio de los boletines electorales merece un capítulo aparte. Según la información suministrada, algunos representantes de las candidaturas comenzaron a advertir que las cifras divulgadas por la Universidad no coincidían con las registradas en las actas de las mesas. La diferencia era particularmente llamativa en el caso de Luis Ángel Lara.
Personas que habían acompañado el escrutinio y conservaban fotografías de las actas encontraron que los resultados publicados no correspondían con sus propios registros.
Se solicitó entonces revisar las cifras. La publicación definitiva se demoró y posteriormente apareció un nuevo boletín con la corrección.
La UPTC explicó que, después de validar la información correspondiente a los nueve puntos de votación y las 32 mesas, identificó diferencias en los boletines preliminares números 4 y 5.
En el documento titulado Rectificación de los resultados, reconoció que la votación de Lara era de 2.717 sufragios.
El error fue corregido, pero todavía resulta importante conocer su origen. No es lo mismo una equivocación en la transcripción de una cifra que una falla en la consolidación de las actas.
Tampoco sería responsable concluir, sin pruebas, que existió manipulación electoral. Los datos disponibles permiten establecer una equivocación en la publicación de resultados, pero no demuestran una alteración de los votos depositados.
Precisamente por eso, la publicación de las actas y una explicación técnica detallada contribuirían a despejar las dudas.
La elección del rector de la UPTC tampoco puede analizarse al margen de la importancia que tiene la institución en la vida política y administrativa de Boyacá.
Con más de 32.000 estudiantes, presencia en distintas regiones del departamento y un presupuesto de cientos de miles de millones de pesos, la Universidad constituye uno de los principales centros de educación superior del oriente colombiano.
Su dirección implica decisiones sobre contratación, inversiones, infraestructura, investigación, nombramientos y expansión académica.
De ahí que, históricamente, la designación de rector despierte interés no solamente entre profesores, estudiantes y egresados, sino también en distintos sectores políticos.
En el actual proceso han aparecido cuestionamientos sobre la influencia que podrían ejercer dirigentes departamentales y nacionales en la integración de las mayorías del Consejo Superior.
Algunos sectores críticos identifican a Lara y Márquez con posiciones cercanas al entorno político del gobernador Carlos Amaya. Esa interpretación forma parte de la controversia universitaria, pero requiere contrastarse con las posiciones de los propios candidatos y con hechos verificables.
En cualquier caso, los resultados de la consulta no permiten establecer por sí solos la existencia de acuerdos políticos ni la intervención indebida de autoridades externas.
El asunto de fondo es cómo garantizar que la designación responda a las necesidades académicas, administrativas y financieras de la Universidad, y no a intereses ajenos a su misión.
La segunda jornada de consultas se cumplirá este jueves 5 de noviembre y tendrá una característica que la diferencia de la elección de egresados: será completamente virtual.
Están convocados los estudiantes de pregrado y posgrado, los profesores escalafonados y el personal administrativo habilitado, de acuerdo con las condiciones establecidas en la reglamentación electoral.
Los resultados permitirán conocer si el respaldo obtenido por Lara y Márquez entre los graduados también se refleja en los demás sectores universitarios o si aparecen otras candidaturas con apoyos significativos.
La reglamentación establece que pasarán a consideración del Consejo Superior los dos aspirantes más votados entre los estudiantes, los dos del sector de graduados, los dos del personal administrativo y los cuatro de los docentes escalafonados.
Por eso, la consulta de egresados no decide la Rectoría, aunque sí constituye una primera medición del respaldo de las candidaturas.
Los resultados consolidados deberán publicarse el 13 de noviembre y la designación está programada para el jueves 19.
La persona escogida reemplazará a Enrique Vera López y asumirá la dirección de la institución para el periodo 2027-2030.
La primera consulta ha dejado algo más que un resultado electoral. Ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de participación de una comunidad universitaria que ya no está concentrada exclusivamente en los municipios donde funcionan las sedes de la UPTC.
También ha evidenciado la importancia de ofrecer información electoral precisa, oportuna y verificable.
La Universidad corrigió el error de sus boletines, pero aún queda por explicar cómo se produjo una diferencia superior a los 2.000 votos en la cifra atribuida a uno de los candidatos.
Y frente a la participación de los egresados, la discusión difícilmente terminará con esta elección.
La pregunta es si una universidad que promueve la transformación digital y que dispone de mecanismos electrónicos para consultar a estudiantes, profesores y administrativos puede seguir exigiendo a sus graduados que se desplacen físicamente para ejercer su derecho al voto.
Al final, el Consejo Superior tendrá la responsabilidad de designar al próximo rector. Pero el desafío de la UPTC va más allá del nombre que resulte escogido: garantizar que sus procesos de participación sean suficientemente amplios, transparentes y confiables para fortalecer la legitimidad de sus decisiones.
