La conexión con Boyacá del escándalo de regalías por $3 billones

La Fiscalía investiga una presunta red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en 19 departamentos. Entre los capturados figuran funcionarios, exfuncionarios y directivos del Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad que también ejecutó contratos en varios municipios de Boyacá.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a 13 personas señaladas de integrar una presunta red que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de tres billones de pesos.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Pereira, Villavicencio y Sogamoso, como parte de una investigación que involucra contratos ejecutados en 19 departamentos del país.

Entre los capturados figuran el alcalde de María La Baja (Bolívar), el exalcalde de La Paz (Cesar), un contratista y varios exdirectivos y funcionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.

Aunque la Fiscalía mantiene reserva sobre buena parte del expediente, se conoció que ese fondo mixto también ejecutó contratos en varios municipios de Boyacá, por lo que la investigación genera expectativa en el departamento. Hasta el momento, sin embargo, las autoridades no han informado si existen funcionarios o contratistas boyacenses vinculados formalmente al proceso.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de las capturas, la imputación de cargos y la definición de las medidas de aseguramiento que solicitará la Fiscalía.

De acuerdo con información publicada por El Espectador, aunque las autoridades no han confirmado que se trate del mismo proceso, este caso presenta similitudes con el escándalo de corrupción de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), en el que fueron investigadas nueve personas por un presunto entramado que habría comprometido cerca de 496.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías.

Según esa investigación, entre 2020 y 2026 la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los recursos habrían sido manejados mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas vinculadas a la organización, desconociendo las normas de contratación pública.

En el nuevo proceso, la Fiscalía busca establecer la responsabilidad de los capturados en el presunto direccionamiento de contratos y el manejo irregular de recursos públicos. Por estos hechos les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.

La investigación apenas comienza y las autoridades no descartan nuevas capturas o vinculaciones a medida que avance el proceso judicial.

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