César Pachón no alcanzó ni a acomodarse en el nuevo escenario político nacional. El Gobierno de Gustavo Petro terminó el 7 de agosto y, apenas tres días después, el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ya anunció que quiere sacarlo de la dirección de la Agencia de Desarrollo Rural.
El detonante fue el famoso sábado 8 de agosto, cuando la ADR declaró ese día como hábil administrativo para adelantar actuaciones misionales, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales. La decisión resulta particularmente llamativa porque ocurrió justamente en medio del cambio de Gobierno y porque, según la información conocida, estaban en trámite actuaciones por más de 250.000 millones de pesos.
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Pachón dice que no hay misterio: la medida buscaba garantizar la continuidad de los procesos de la Agencia. Dangond, en cambio, llegó preguntando por qué había que trabajar un sábado, precisamente cuando estaba cambiando el Gobierno y cuando había semejante cantidad de contratos y convenios en movimiento. Y ahí fue cuando al nuevo ministro le empezó a oler raro el asunto.
Pero Dangond aseguró que Pachón habría desconocido disposiciones relacionadas con los días hábiles administrativos y anunció que prepararía el acto para declararlo insubsistente. Más aún: dijo que quería ir personalmente a notificarlo y le mandó un recado que ya parece destinado a convertirse en la frase de esta transición: “Ojalá me espere”.
Así que Pachón podría pasar de ser uno de los hombres fuertes del sector agropecuario durante el Gobierno Petro a convertirse en uno de los primeros funcionarios de alto nivel en caer con la llegada de De la Espriella. Todo en cuestión de horas. La burocracia colombiana, que normalmente tiene fama de moverse a paso de tortuga, esta vez parece haber descubierto el turbo.
Y hay algo más. Dangond no está hablando solamente de Pachón. El ministro anunció una revisión de contratos y convenios de los últimos cuatro años en varias entidades del sector y dijo tener un “listado bien grande” de contratos sospechosos. Entre ellos mencionó un convenio entre la UNGRD y la ADR por 192.550 millones de pesos. Si las investigaciones encuentran irregularidades, la promesa es llevarlas a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
