Exalcalde no aceptó los cargos por presunto direccionamiento de contratos en Ecovivienda. La Fiscalía decidió no pedir medida de aseguramiento al considerar que ya no ejerce el cargo. Fiscalía también imputó cargos a la particular María Luisa Pedraza Canaria (suegra del alcalde), señalada de haber ejercido funciones públicas sin tener vínculo formal con la Alcaldía, especialmente en Ecovivienda.
En una jornada clave dentro del proceso penal que se adelanta contra el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de la Empresa de Construcción de Vivienda, Ecovivienda, y, al mismo tiempo, retiró la solicitud de medida de aseguramiento que había planteado inicialmente.
La audiencia, realizada ayer ante un juez de control de garantías, dejó dos decisiones centrales: por un lado, la formal imputación de delitos contra la administración pública y, por otro, la determinación de que el exmandatario enfrente el proceso en libertad, sin nuevas restricciones.
De acuerdo con la Fiscalía, Krasnov habría permitido que una persona externa a la administración municipal, María Luisa Pedraza Canaria, asumiera funciones propias de servidores públicos, especialmente en la coordinación de procesos contractuales.
Según el ente acusador, la mujer actuó como una especie de “gerente de facto” de Ecovivienda, participando en la selección de contratistas, la organización de desembolsos y la toma de decisiones sobre proyectos de vivienda.
El fiscal del caso aseguró que estas actuaciones se habrían desarrollado entre 2024 y 2025, incluyendo la suscripción de contratos sin el lleno de requisitos legales y la intervención directa en decisiones administrativas, pese a no tener vínculo formal con el Estado.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Krasnov los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de función pública. A Pedraza Canaria, además, se le atribuyó el delito de usurpación de funciones públicas.
Durante la diligencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos. Sin embargo, uno de los giros más relevantes de la audiencia fue la decisión de la Fiscalía de retirar la solicitud de medida de aseguramiento. El ente acusador argumentó que, tras la nulidad de la elección de Krasnov confirmada por el Consejo de Estado, el exalcalde ya no se encuentra en ejercicio del cargo, lo que elimina el riesgo de reiteración de las conductas investigadas o de interferencia en el proceso.
La defensa respaldó esta posición y recordó que el exmandatario mantiene vigente una restricción de salida del país, lo que, a juicio de los abogados, garantiza su comparecencia ante la justicia.
El juez acogió la solicitud de la Fiscalía, por lo que la audiencia concluyó sin la imposición de medida privativa de la libertad.
El proceso, no obstante, sigue su curso y se encamina hacia la etapa de juicio, en medio de un caso que continúa generando repercusiones políticas y administrativas en la capital boyacense.
A María Luisa Pedraza, suegra del Alcalde, la Fiscalía le atribuyó el delito de usurpación de funciones públicas, dado su rol como particular.
La Fiscalía dijo que el alcalde Krasnov permitió—e incluso facilitó— este esquema, al delegar funciones propias de servidores públicos en una persona externa a la administración, lo que configuraría un entramado irregular en el manejo de recursos destinados a vivienda de interés social.
