Tras décadas en la informalidad, productores rurales de 33 municipios podrán acceder a financiamiento, programas estatales y heredar legalmente sus predios.
Después de hasta cuatro décadas cultivando sin papeles, más de 2.000 familias campesinas de Boyacá ya tienen en sus manos algo que cambia su vida cotidiana: el título legal de sus tierras.
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Los títulos de propiedad son también la puerta de entrada a créditos, subsidios, inversión y estabilidad.
La entrega, realizada en Tunja por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en articulación con la Gobernación de Boyacá, marca un punto de quiebre para pequeños productores que, hasta ahora, trabajaban en condiciones de informalidad.
Con el título, las familias dejan de ser “poseedoras” para convertirse en propietarias. Eso significa que, por primera vez, podrán acceder a créditos agropecuarios, programas productivos del Estado, asistencia técnica y proyectos de inversión. También podrán vender, arrendar o heredar sus predios con respaldo legal.
“Para nosotros es una satisfacción muy grande. Nos cumplieron con la legalización de los predios”, expresó Godeardo Pineda, uno de los beneficiarios.
En estas tierras se cultivan papa, maíz, cebada, habas y otras legumbres que abastecen buena parte del centro del país. Con acceso a financiamiento y apoyo técnico, la expectativa es aumentar la productividad y mejorar los ingresos de las familias.
Boyacá arrastraba altos niveles de informalidad en la propiedad rural —entre el 75 % y el 82 % en algunas zonas—, lo que históricamente ha frenado el desarrollo del campo. Sin títulos, los campesinos quedaban por fuera del sistema financiero y de buena parte de la oferta institucional.
“Hoy no se trata de hectáreas, sino de familias beneficiarias. Más de 2.000 ya son propietarias de su tierra”, señaló el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
La formalización se realizó en 33 municipios, entre ellos Tuta, Jenesano, Tibaná, Socotá, Cómbita, Samacá, Maripí y Otanche, donde miles de parcelas habían sido heredadas sin trámites legales durante generaciones.
Además de las familias, la jornada incluyó la entrega de títulos a instituciones públicas rurales y sistemas de acueducto, lo que permitirá fortalecer servicios básicos en zonas apartadas.
Para el gobernador Carlos Amaya, el alcance va más allá de la legalidad: “La tierra es de quien la trabaja. Esto significa derechos, oportunidades y dignidad para el campesinado”.
La entrega hace parte del Plan 10.000 Zona Andina, que ha invertido cerca de 40.000 millones de pesos en la formalización rural en Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
En total, el Gobierno ha entregado ya 6.882 títulos en Boyacá a familias que ahora pueden invertir, producir con respaldo y proyectar su futuro sin el riesgo de perder lo que siempre han considerado suyo.
