El reintegro ordenado por un juzgado al exdirector John Jairo Martínez podría agravar la crisis jurídica, económica y reputacional de la entidad. Hoy dará declaraciones públicas.
Lo que muchos creyeron sería el cierre de una crisis terminó abriendo un nuevo frente de tensión en la Cámara de Comercio de Tunja. La salida de John Jairo Martínez Álvarez de la Presidencia Ejecutiva, a comienzos de febrero, no solo no resolvió los problemas, sino que ahora amenaza con profundizarlos.
Martínez fue removido del cargo luego de denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de un predio de propiedad de la UPTC, ubicado en inmediaciones del Pozo de Donato, donde funciona el restaurante Pizza Nostra, negocio en el que —según sus denuncias— tendría influencia el comerciante Rafael Cortés, cercano a miembros de la junta directiva.
En su momento, la junta intentó desescalar la controversia designando como presidente ejecutivo a Sergio Armando Tolosa, figura de alto perfil profesional, y anunciando como salida que el predio regresaría a la universidad y que el establecimiento comercial dejaría de operar allí.
Sin embargo, el proceso de desvinculación de Martínez resultó irregular. El exdirectivo se encontraba en condición de prepensionado, lo que activa la figura del ‘retén social’, una protección legal que impide su despido sin una evaluación rigurosa de sus derechos.
Así lo concluyó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, que en segunda instancia revocó una decisión del pasado 6 de marzo de 2026 y ordenó el reintegro inmediato de Martínez a su cargo o a uno de igual jerarquía.
El fallo establece que la Cámara de Comercio vulneró sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social, al no considerar que ya cumplía los requisitos para pensionarse, aunque aún no recibía su primera mesada. El juzgado también advirtió que Martínez se encuentra en condición de especial protección, lo que exige medidas para evitar un perjuicio irremediable en su transición hacia la jubilación.
En consecuencia, la entidad deberá reintegrarlo en un plazo de 48 horas desde la notificación del fallo, mantener su vínculo laboral hasta que sea incluido en nómina de pensionados y pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 12 de febrero de 2026.
Frente a esta decisión, la Cámara de Comercio de Tunja indicó que el fallo “se encuentra bajo estudio” y anunció que solicitará aclaraciones para precisar el alcance de las órdenes judiciales.
La entidad sostuvo que, conforme al artículo 302 del Código General del Proceso, dichas solicitudes suspenden la ejecutoria de la decisión hasta que el juzgado se pronuncie, por lo que cualquier determinación se adoptará una vez exista claridad jurídica.
En medio de este escenario, el presidente de la junta directiva, Euclides Rivera Murillo, convocó a una reunión extraordinaria para este viernes 17 de abril, en la que se definirá la ruta a seguir frente al fallo.
Por su parte, Martínez anunció que no guardará silencio. Señaló que la opinión pública, los comerciantes de Boyacá y la ciudadanía tienen derecho a conocer lo que está ocurriendo al interior de la entidad y las implicaciones institucionales, jurídicas y patrimoniales de las decisiones adoptadas.
El exdirectivo citó a una rueda de prensa hoy a las 11:00 de la mañana, en la que se pronunciará sobre el caso y la respuesta de la Cámara frente al fallo judicial.
