Aunque el Congreso acaba de crear el festivo nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una demanda ante la Corte Constitucional busca tumbar la norma por considerar que viola el principio de Estado laico. Por ahora, el descanso del lunes 13 de julio sigue en firme.
Apenas unas semanas después de haber sido aprobado por el Congreso de la República, el nuevo festivo nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ya enfrenta su primera batalla jurídica.
Una demanda presentada ante la Corte Constitucional busca declarar inexequible la ley que creó el día festivo del 9 de julio, fecha que conmemora a la patrona de Colombia y que este año será disfrutada por los colombianos el lunes 13 de julio gracias a la Ley Emiliani.
La noticia tiene especial relevancia para Boyacá, pues la celebración está directamente ligada a Chiquinquirá, considerada la capital religiosa del país y sede de una de las devociones marianas más importantes de América Latina.
La acción judicial fue presentada por Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que el Congreso vulneró el principio constitucional de neutralidad religiosa al establecer un festivo nacional dedicado expresamente a una figura de la religión católica.
Según el demandante, el Estado colombiano no debería otorgar beneficios legales ni laborales asociados a una creencia específica, pues ello podría interpretarse como una preferencia institucional hacia una religión determinada.
La demanda también plantea reparos económicos, argumentando que un nuevo día de descanso remunerado genera costos para las entidades públicas y para las empresas privadas.
Sin embargo, expertos recuerdan que la discusión jurídica no es nueva y que la Corte Constitucional ya ha estudiado casos similares en varias oportunidades.
De hecho, en la sentencia C-568 de 1993, la Corte analizó la constitucionalidad de varios festivos de origen católico como Reyes Magos, San José, Jueves Santo, Viernes Santo, Corpus Christi, la Asunción de la Virgen y Navidad, entre otros.
En aquella ocasión, el alto tribunal concluyó que esos días festivos no violaban el carácter laico del Estado porque, aunque tienen origen religioso, cumplen una finalidad secular relacionada con el descanso laboral, la organización social y las tradiciones culturales del país.
La Corte consideró además que la existencia de un festivo no obliga a ningún ciudadano a practicar una religión determinada ni implica la imposición de una creencia.
Esa misma línea jurisprudencial fue reiterada posteriormente en otras decisiones, lo que hace pensar a varios analistas que la nueva demanda enfrenta antecedentes poco favorables.
La norma cuestionada fue promovida por el representante boyacense Wilmer Castellanos y buscó vincular a la Nación a la conmemoración de los 440 años de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrida en 1586. La ley también reconoce los 216 años de la ciudad como Villa Republicana y los 40 años de la visita de san Juan Pablo II a Chiquinquirá.
Por ahora, los boyacenses pueden mantener sus planes para el puente festivo.
La demanda apenas inicia su trámite y la Corte Constitucional aún debe decidir si la admite para estudio. Incluso si el proceso avanza, una decisión definitiva podría tardar varios meses.
En consecuencia, el nuevo festivo continúa plenamente vigente y el próximo lunes 13 de julio seguirá siendo día de descanso obligatorio para trabajadores de los sectores público y privado.
Mientras la Corte estudia el caso, el primer gran puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá sigue en pie y Boyacá se prepara para recibir miles de visitantes atraídos por una celebración que mezcla fe, tradición e identidad regional.
