En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la Ordenanza 026 de 2024, mediante la cual la Asamblea Departamental autorizó a la Gobernación de Boyacá contratar un empréstito por $230.000 millones.
La decisión se produjo tras la demanda presentada por el diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, quien cuestionó el procedimiento utilizado para aprobar la autorización del endeudamiento.
Según el Tribunal, la Asamblea no respetó los tiempos establecidos para que los diputados conocieran la ponencia antes del primer debate. La ponencia fue publicada el 3 de septiembre de 2024 y el debate se realizó al día siguiente, sin cumplir el término mínimo establecido en el reglamento.
El Tribunal también señaló que la rapidez del trámite hizo inviable una participación ciudadana efectiva.
Como consecuencia del fallo, se ordenó suspender inmediatamente la ejecución de la ordenanza y la Gobernación deberá abstenerse de celebrar nuevos contratos y de ejecutar los contratos financiados con recursos obtenidos mediante los empréstitos autorizados por esta ordenanza.
La decisión corresponde a primera instancia, por lo que está sujeta a los recursos que contempla la ley.
