
El excanciller Luis Gilberto Murillo, 22 embajadores y representantes de Colombia ante organismos mutilaterales y un exministro de Comercio durante el gobierno de Gustavo Petro publicaron una radiografía de la gestión internacional del gobierno de Abelardo De la Espriella. En el documento, se comprometen con la defensa del multilateralismo y del Acuerdo de Paz.
De las acciones del Gobierno dicen que «es la ruptura con posiciones sostenidas por el Estado colombiano durante los últimos 56 años».
Anuncian la creación del Observatorio Progresista de Política Exterior, «para hacer seguimiento a las relaciones internacionales de Colombia desde un enfoque progresista: un orden internacional basado en reglas, respeto al derecho internacional y a las instituciones del multilateralismo, compromiso con la paz, los derechos humanos y la justicia social y ambiental».

Solicitan “la convocatoria urgente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar los temas de soberanía, diplomacia y límites territoriales» y anuncian «la realización de gestiones ante organismos internacionales para preservar el Acuerdo Final de Paz y observar los compromisos que se derivan de este ante la comunidad internacional”.
El siguiente es el texto:
Bogotá, D. C., 16 de noviembre de 2026
Colombia: Cien días de retrocesos en política exterior
El rasgo distintivo de la política exterior en los primeros cien días de gobierno es la ruptura con posiciones sostenidas por el Estado colombiano durante los últimos 56 años.
El presidente Abelardo de la Espriella ha ejercido su mandato subordinando al país a los intereses políticos y económicos de la administración Trump, y el canciller Omar Bula Escobar, en medio de la peor andanada de ofensas contra los demócratas en los EE. UU., sometió nuestra política exterior y de seguridad a la del gobierno de Netanyahu. La actual administración rompió con la tradición de apoyo bipartidista en la relación con Estados Unidos. Desde los primeros días anunció el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, autorizó ejercicios militares con tropas estadounidenses en territorio nacional, firmó acuerdos que comprometen la soberanía de nuestro subsuelo y sus minerales estratégicos, y se alineó con el Departamento de Estado en temas como el bloqueo a Cuba, el retiro de iniciativas como el Grupo de La Haya y la Coalición por la Igualdad de Derechos, la disociación de conceptos como derechos sexuales y reproductivos, violencia sexual y de género, racismo estructural y formas múltiples e interseccionales de discriminación, la adhesión al Consenso de Ginebra y el posible abandono del Estatuto de Roma.
En paralelo, el Ejecutivo reanudó relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y trasladó la embajada de Colombia a Jerusalén, desconociendo la Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad que insta a todos los Estados miembros a retirar sus misiones diplomáticas de esa ciudad —criterio reafirmado con posterioridad por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mediante su opinión consultiva de julio de 2024—. Estas determinaciones contravienen la postura oficial de la ONU, que considera que el estatus definitivo de Jerusalén debe resolverse mediante negociaciones directas entre las partes y califica específicamente a Jerusalén Oriental como territorio ocupado.
Así mismo, se reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, contraviniendo el principio fundamental de derecho internacional derivado de la Carta de la ONU que prohíbe la adquisición de territorios por medio de la fuerza, y desconociendo la Resolución 497 del Consejo de Seguridad (1981), que determinó unánimemente que la decisión de Israel de imponer sus leyes y jurisdicción en los Altos del Golán sirios ocupados era «nula, sin valor y sin efecto jurídico internacional».
También se formalizó el retiro de la declaración de intervención de Colombia, presentada bajo el artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en la demanda promovida por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ en La Haya, en la que se acusa formalmente a ese Estado de violar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 con motivo de sus operaciones en la Franja de Gaza.
Este viraje se extiende igualmente a la política de drogas. El regreso a la aspersión con sustancias químicas, sean glifosato o glufosinato, junto con la persecución de los eslabones más débiles de la cadena (pequeños cultivadores, raspachines, consumidores), nos devuelve a una guerra contra las drogas que ya demostró su fracaso y que sigue siendo asimétrica, pues sus costos recaen sobre los territorios y las comunidades más vulnerables de los países productores. A esto se suma la notoria merma en materia de incautaciones de cocaína procesada, contrastando gravemente con las altas cifras logradas en los primeros siete meses de este año. En consecuencia, queda en suspenso una idea que el país había sostenido desde hace décadas en los espacios multilaterales: que la responsabilidad es compartida y que la cooperación debe construirse entre pares y no desde la condicionalidad. Retrocedemos así en los esfuerzos de varios gobiernos anteriores orientados a la disminución del daño y el tratamiento de salud pública, la regulación legal y la prevención.
La llamada “patria milagro” cierra las posibilidades de diálogo para superar los conflictos armados y debilita la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. A esto se suman los inexplicables ataques del Representante Permanente de Colombia ante la ONU al proceso de paz pactado con las FARC, el cual se venía cumpliendo. A petición del Gobierno, el Consejo de Seguridad excluyó la Reforma Rural Integral del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, dejando este compromiso neurálgico sin seguimiento internacional. Simultáneamente, el Ejecutivo anuncia que no comprará tierras en 2027 y reducirá en un 60 % el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, debilitando el Fondo de Tierras, la formalización de la pequeña propiedad y los programas de desarrollo territorial en 170 municipios. Se comprometen así los derechos de campesinos, pueblos étnicos, víctimas y firmantes de paz.
Colombia también retrocede en su liderazgo internacional. Tras posicionarse en la agenda global de reforma agraria, seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, el Gobierno anuncia el cierre de su Misión ante las agencias de Naciones Unidas en Roma, debilitando los avances diplomáticos alcanzados. En materia climática, abandona el liderazgo construido en biodiversidad y transición energética —incluida la presidencia de la COP16— para reactivar la exploración petrolera, asignar nuevos bloques y autorizar el fracking.
Este giro erosiona la credibilidad del país en el exterior, amenaza el acceso a financiación climática y agrava los riesgos para los territorios rurales, el agua, la biodiversidad y la producción de alimentos.
De manera simultánea y sin estudio previo, la Cancillería anunció la eliminación de un número importante de embajadas, la degradación del relacionamiento a la acreditación solo de encargados de negocios en otras, el rompimiento de relaciones con Cuba y Nicaragua, el traslado de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y del fondo patrimonial, histórico y bibliográfico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la conversión de las representaciones diplomáticas en «unidades de negocios», reestructuración doctrinal orientada por una visión restrictiva y corporativa de la diplomacia.
Resulta inexplicable el cierre de las embajadas recientemente abiertas por Colombia en África y el Caribe, no solo por los profundos lazos históricos, culturales y de hermandad que nos unen con estas regiones, sino también por su creciente importancia en la dinámica económica y geopolítica global. Por ejemplo, las embajadas de Colombia en Senegal y Barbados dieron resultados políticos, comerciales y culturales en corto tiempo. Senegal es la puerta de ingreso a un comercio subregional que incluye a países como Benín, Costa de Marfil, Malí, Níger, Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Guinea, Mauritania y Cabo Verde. Por su parte, Barbados representa un punto estratégico para fortalecer las relaciones con los Estados insulares del Caribe y promover la integración regional; entre los resultados alcanzados se destaca la firma del Acuerdo de Servicios Aéreos entre Colombia y Barbados, después de más de diez años de negociaciones, gracias al impulso dado por esta nueva misión diplomática durante su primer año de funcionamiento. El capital institucional ganado con un trabajo serio y profesional no puede ser ignorado de manera caprichosa bajo la excusa de tratarse de iniciativas del gobierno anterior.
La decisión del gobierno entrante de no realizar un empalme como lo ordena la Ley desconoció compromisos adquiridos por el Estado colombiano y perjudicó el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante estos cambios abruptos que afectan la proyección internacional de la Nación, los exdiplomáticos y exministros que suscribimos este pronunciamiento:
1. Solicitamos la convocatoria urgente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar los temas de soberanía, diplomacia y límites territoriales que señala el artículo 225 de la Constitución de 1991.
2. Anunciamos la realización de gestiones ante organismos internacionales para preservar el Acuerdo Final de Paz y observar los compromisos que se derivan de este ante la comunidad internacional.
3. Convocamos a las Comisiones Segunda del Senado y de la Cámara de Representantes, en ejercicio del control político, a revisar las decisiones adoptadas hasta ahora en política exterior y sus consecuencias para los intereses nacionales del país.
Anunciamos la creación de un Observatorio de Política Exterior para hacer seguimiento a las relaciones internacionales de Colombia desde un enfoque progresista: un orden internacional basado en reglas, respeto al derecho internacional y a las instituciones del multilateralismo, compromiso con la paz, los derechos humanos y la justicia social y ambiental.
Ofreceremos a la ciudadanía un análisis de la política exterior en todas sus dimensiones y nos pronunciaremos con acciones concretas en defensa de la soberanía nacional.
Firman:
– Alfonso Prada Gil, exembajador en Francia.
– Arlene B. Tickner, exrepresentante Permanente Alterna ante la ONU en Nueva York y exembajadora para Asuntos de Género.
– Carlos Rodríguez Mejía, en Costa Rica.
– Claudia Mosquera Rosero, exembajadora en Senegal.
– Daniel Ernesto Prado Albarracín, exembajador en Bélgica.
– Daniel García-Peña Jaramillo, exembajador en Estados Unidos.
– Darío Villamizar Herrera, exembajador en República Dominicana.
– Eduardo Ávila Navarrete, exembajador en España
– Elizabeth Taylor Jay, exviceministra de Asuntos Multilaterales y exembajadora en Barbados.
– Fabio Mariño Vargas, exembajador en Panamá.
– Germán Umaña Mendoza, exministro de Comercio, Industria y Turismo.
– Guillermo Rivera Flórez, exembajador en Brasil.
– Iván Velásquez Gómez, exembajador ante la Santa Sede.
– Jhenifer Mojica Flórez, exembajadora ante la FAO.
– Jorge Rojas Rodríguez, exvicecanciller de la República y exembajador en Bélgica.
– José Noé Ríos Muñoz, exembajador en Cuba.
– Luis Ernesto Vargas Silva, exrepresentante Permanente ante la OEA.
– Luis Fernando Medina Sierra, exrepresentante Permanente ante la OCDE.
– Luis Gilberto Murillo Urrutia, excanciller de la República y exembajador en Estados Unidos.
– Marcela Tovar Thomas, exembajadora en Austria y representante Permanente ante la ONU en Viena-
– María Antonia Velasco Guerrero, exembajadora en Ecuador.
– Mauricio Bustamante García, exembajador ante la OMC.
– Milton Rengifo Hernández, exembajador en Venezuela.
– Yenniffer Parra Moscoso, exembajadora en Turquía.










