La noche del lunes 11 de mayo, se realizó una manifestación de respaldo al mandatario y de rechazo a la firma constructora a la que le fue negada una licencia. Alcaldía explicó sus actuaciones frente al polémico caso.
Con gritos y expresiones de respaldo al alcalde, Víctor Gamboa, cientos de villaleyvanos se concentraron ayer en la plaza principal de ese municipio para exigir claridad frente al proceso que involucra a ese mandatario.
«Libertad, libertad, libertad», fue una de las exigencias de los manifestantes, muchos de los cuales esperan que se conozcan más detalles de la manera como la justicia ha procedido contra su alcalde, quien fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación.
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También hubo señalamientos contra la empresa San Jacinto de Nelvic S.A.S. , que ha insistido ante la administración para que le expida una licencia de construcción de un proyecto urbanístico.
«Fuera los Solarte», decía una pancarta que apareció anoche durante la manifestación.
Mientras tanto, la Alcaldía municipal hizo un pronunciamiento sobre la manera como ha procedido durante los últimos meses y años frente a la solicitud de esa licencia:
«Con ocasión de la captura del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamba Chaparro, y de las decisiones anunciadas para los próximos días, resulta necesario poner en conocimiento de la opinión pública un contexto mínimo sobre los hechos jurisdiccionales, administrativos, urbanísticos y policivos que anteceden esta situación», indicaron fuentes de la Alcaldía.
Aclararon que El este asunto no surge en abstracto ni puede leerse de manera aislada. «Desde la anterior Administración, en el año 2023, el Municipio de Villa de Leyva ha venido conociendo distintas solicitudes, actuaciones no controversiales relacionadas con el predio rural San Cayetano, ubicado en la Vereda Sábana, respecto del cual se otorgó inicialmente una licencia de construcción en 2022 y, posteriormente en la Administración actual (periodo 2024-2027), se tramitaron solicitudes de modificación, ampliación, revalidación y cerramiento».
Según la administración, en el curso de esas actuaciones, el gobierno local actual identificó inconsistencias técnicas, urbanísticas y ambientales relevantes: afectaciones hídricas y de microcuencas asociadas a la quebrada El Roble; ausencia de soportes ambientales suficientes; omisiones en conceptos de demarcación; diferencias sustanciales entre lo licenciado y lo ejecutado; y presuntas obras adelantadas sin autorización en áreas residenciales agropecuarias y complementarias.
De acuerdo con los documentos administrativos del Municipio, mientras la licencia autorizaba un área aproximada de 551,12 m², las visitas técnicas habrían encontrado construcciones en ejecución muy superiores, con reportes que superaban los 3.300 m² e incluso referencias del constructor por más de 5.000 m². Esa diferencia fue precisamente uno de los elementos que activó la respuesta institucional de control urbano.
Por tales razones, la Secretaría de Planeación negó solicitudes posteriores de modificación y revalidación y, en 2026 declaró el desistimiento tácito de una nueva solicitud de licencia, al considerar que no se atendieron integralmente los requerimientos técnicos formulados. Paralelamente, se promovieron actuaciones judiciales y policivas orientadas a preservar la legalidad urbanística, ambiental y patrimonial del Municipio.
Dentro de ese contexto, en abril de 2026 se profirió decisión provisiva de primera instancia en la que se declaró la existencia de un comportamiento contrario a la integridad urbanística, se impuso una multa superior a doscientos millones de pesos y se ordenó la demolición de aproximadamente 5.400 m² de obra construida sin la correspondiente licencia. Esa decisión no apelada y, por competencia legal, debía ser conocida en segunda instancia por el alcalde municipal Señor Víctor Gamba Alfonso Chaparro.
Enfatizó la Alcaldía que la ciudadanía tiene derecho a conocer que las actuaciones que hoy rodean al alcalde se producen después de un expediente administrativo complejo, documentado y sensible, en el que el Municipio adoptó decisiones desfavorables frente a un proyecto urbanístico de alto impacto.
Por ello, sin desconocer la competencia del Estado Colombiano, ni prejuzgar sobre la investigación penal, indicó que resulta legítimo preguntarse si la lectura pública del caso está incorporando todos los elementos institucionales o si se está generando una versión incompleta y fragmentaria de los hechos.
Finalmente, el llamado que hizo el gobierno local es respetuoso pero firme: que se garantice el debido proceso, la presunción de inocencia y una valoración integral de los antecedentes administrativos, técnicos, ambientales y judiciales.
«El respeto de la Constitución y de la legalidad no puede convertirse en motivo de sospecha, reproche o persecución contra el alcalde municipal, Víctor Alfonso Gamba Chaparro. La discusión pública debe partir de los documentos, de las competencias legales respecto de las cuales sí hubo una autoridad actuando para hacer cumplir la ley urbanística, las actuaciones judiciales y policivas adelantadas, sin contextos como sí fuera un inventario.
De acuerdo con lo anterior, y consultados los expedientes jurisdiccionales dentro de los cuales actúa como parte Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS, representada por María Victoria Solarte Daza, quien funge como denunciante dentro del proceso penal en el que el señor alcalde los ha denunciado por abuso de autoridad y violación de la ley, la defensa considera necesario Víctor Alfonso Gamba Chaparro no ha hecho cosa diferente que defender la prevalencia del DECRETO 1077 DE 2015 con el fin proteger el urbanismo y en ese escenario a la comunidad de villaleyvana en su patrimonio ambiental, histórico y cultural que son los elementos que están en compromiso en el proyecto de urbanismo de Inversiones San Jacinto de Nelvic SAS».
