El Superintendente de Salud se reunió con autoridades departamentales, municipales, gerentes de hospitales e IPS para plantear las soluciones que podrían amenguar la crisis de salud en el departamento. Terminada la reunión el panorama sigue siendo bastante oscuro.
Durante más de cuatro horas la Gobernación de Boyacá fue el punto de encuentro entre el Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, varios alcaldes municipales, gerentes de hospitales, representantes de IPS y sindicatos. Allí se abordó la preocupante problemática de la salud en el departamento.
Según las cuentas entregadas por la Administración Departamental. Las EPS adeudan a las instituciones de salud en el departamento, entre públicas y privadas, más de 256 mil millones de pesos. “Cualquiera que vea esa deuda diría, si el giro de recursos por UPC (Unidad de Pago por Capitación) es de 450 mil y se deben 256 mil, pues realmente el departamento estaría quebrado, pero lo que hoy pretendemos es organizar la información y, con el Superintendente (salud), establecer unas estrategias. Sabemos que esto no se va a resolver de un día para otro, pero si queremos poner una agenda de trabajo que pretenda resolver los temas urgentes como el de Sogamoso y las clínicas privadas”, indicó Carlos Andrés Amaya.
Las estrategias fueron planteadas al término de la reunión. Según dijo el Superintendente de Salud lo primero que se hará será “la revisión de las tres EPS del régimen subsidiado y del régimen contributivo, de mayor presencia en el departamento; algunas que tienen un elevado número de quejas, vamos a determinar su permanencia en el departamento, vamos a hacer una evaluación conjunta; y aquellas de las que confirmemos las denuncias que están aquí hechas, en el día de hoy, van a tener que salir del departamento”, señaló Muñoz.
Garantizar el flujo de los recursos fue la segunda medida acordad tras la reunión. “Necesitamos garantizar, especialmente en los ocho o diez hospitales de segundo y tercer nivel, que el flujo de los recursos llegue de manera oportuna. Para eso, la Superintendencia, en ejercicio de las funciones que le corresponden, va a hacer cumplir el giro oportuno del 50% de los recursos contra la radicación de las facturas y el pago inmediato, una vez hecha la revisión de estas facturas del 50% restante. Eso debe normalizar el flujo de los recursos de este grupo de hospitales”, sostuvo el Superintendente.
También se tomó una tercera medida entorno a los acuerdos de pago. “Vamos a hacer, de la mano de la Superintendencia, unas acciones específicas frente a los acuerdos de pago, sobre la deuda vieja, que permitan garantizar que los hospitales puedan contar con un escenario razonable y creíble del pago de esas acreencias”.
El Superintendente hizo una advertencia a las EPS por el incumplimiento que han tenido en los pagos. “Van a ser sujeto de sanciones, y de sanciones duras porque están incumpliendo una circular que se expidió por la Superintendencia (salud) hace algunos meses. Y segundo, que aquellas que no cumplan su tarea, y que no tengan la posibilidad de operar como se debe en una región, se deben ir”
Por su parte el Gobernador hizo un llamado a la calma ya que esta reunión es un primer paso para solucionar la grave crisis de la salud en el departamento. “Es un buen comienzo que el Superintendente haya destinado cinco o seis horas para escuchar a los gerentes de los hospitales públicos, de las IPS privadas, a los sindicatos, especialistas de más, al Gobierno Departamental, a la Secretaría de Salud; creo que el Superintendente se va con un panorama más claro del que ya tenía sobre la situación grave que tiene el departamento. Le hemos planteado todos los problemas que tenemos, lo graves que son; y se ha llegado a unos acuerdos”.
